Urbanismo gana un pleito a Rifá, que exigía 30 millones por el hotel de Obispo Orberá

Edificio en el que Rifá pretendía construir un hotel de cinco estrellas junto a Obispo Orberá. /R. I.
Edificio en el que Rifá pretendía construir un hotel de cinco estrellas junto a Obispo Orberá. / R. I.

El promotor quería resolver el contrato y que le devolvieran 10 millones en compensaciones además de fondos por daños y perjuicios

R. I. y MIGUEL CÁRCELESALMERÍA

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Almería ha desestimado en primera instancia el recurso interpuesto por las mercantiles Predios del Sureste (del conocido promotor Miguel Rifá) e Iberopousadas, contra el Ayuntamiento de Almería, un pleito en el que se exigía la resolución del convenio urbanístico suscrito entre la mercantil y el Consistorio en 2005 para la construcción de un hotel en Obispo Orberá y el desarrollo comercial y hostelero de la plaza del Mar de El Toyo. En el recurso también se reclamaba el abono de más de 31 millones de euros en concepto de compensaciones, daños y perjuicios.

El convenio urbanístico obligaba a la mercantil Predios del Sureste a la construcción del cuartel de la Policía Local en la Avenida del Mediterráneo (en los suelos de la antigua Prisión Provincial) con una inversión de 10,5 millones de euros; a presentar una nueva ordenación de la parcela de su titularidad situada en los terrenos de la Compañía de María para recalificarlos para otros usos; a redactar y ejecutar los proyectos de rehabilitación y edificación preceptivos una vez aprobado el planeamiento y a disponer, en concesión administrativa, de los locales ubicados en la Plaza del Mar, en El Toyo, para su desarrollo comercial.

De otra parte, el Ayuntamiento asumió las obligaciones de tramitar una modificación puntual (que está vigente), o incluir en su revisión una ordenación que permitiera mantener el Colegio de la Compañía de María, rehabilitar el convento, destinando una parte del mismo a uso hotelero, y edificar en la parte de la parcela que linda con el edificio Goyanía, en la Rambla Obispo Orberá, con un total de 8.000 metros cuadrados eliminando la medianería, y estando destinado el terreno resultante a apartamentos turísticos con servicio de hotel.

La portavoz municipal del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, mostraba en un comunicado su satisfacción por la sentencia dictada por los tribunales, entendiendo que su resolución, sobre la que se puede interponer recurso de apelación -algo que tendría que resolver el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- viene a dar la razón mantenida por el Ayuntamiento durante el proceso en la que se ha defendido, en contra de lo manifestado por la parte demandante, «que en ningún caso se ha producido incumplimiento alguno de las condiciones del convenio suscrito entre ambas partes, pues la revisión del PGOU, procedimiento éste cuya elección no fue discutida por Predios del Sureste, aún está siendo tramitada, no existiendo aún aprobación definitiva, y sin que el convenio contenga estipulación alguna en cuanto al plazo para el cumplimiento de esta obligación».

Una victoria por el momento

También esta sentencia del contencioso-administrativo resuelve que ningún incumplimiento expuesto por la parte recurrente es imputable al Ayuntamiento, pues ha desplegado todos los esfuerzos que le correspondían para llevar a debido efecto la revisión del PGOU, no siendo la falta de voluntad municipal, sino razones completamente extrañas al Ayuntamiento, las que han obstaculizado el proceso de revisión.

Reseña también la sentencia que el convenio preveía una cláusula de garantía, relativa al canon a abonar por la mercantil Predios del Sureste, por la concesión administrativa de los locales de la Plaza del Mar, excluyendo cualquier «enriquecimiento injusto», teoría que no podría la recurrente invocar.

Si bien la sentencia viene a significar que el empleo de la fórmula de la revisión del PGOU ha resultado una cuestión «controvertida» entre las partes, recuerda también la «inexistencia» de ningún tipo de oposición por parte de la mercantil, Predios del Sureste, a este procedimiento, relatando que «ninguna de las personas que declaró en la vista lo consideró como un sistema inadecuado».

La resolución judicial concluye la imposición de costas a los recurrentes, las mercantiles Predios del Sureste e Iberopousadas, por un importe de 3.000 euros, algo que quedaría congelado en el caso de que las empresas decidiesen recurrir la sentencia ante las instancias superiores.

La sentencia, esta en primera instancia, se ha dado a conocer pocos días después de que la oposición -concretamente el PSOE- afeara al Consistorio que una supuesta «mala gestión» del Gobierno haya provocado que el Ayuntamiento tenga que abonar más de 20 millones de euros por los suelos a expropiar en la desembocadura del río Andarax para la conexión de los dos paseos marítimos (Carmen de Burgos y de Ribera) después de que los propietarios primero exigieran el cambio de titularidad de los suelos de privada a pública y después reclamaran una cuantía mayor a la preestablecida según la comisión provincial de valoraciones, un organismo público dependiente orgánicamente de la Junta de Andalucía. Ha sido precisamente esta dependencia orgánica la que ha valido al equipo de Gobierno para aseverar que poco tuvo que ver en la decisión y que fue precisamente la búsqueda de un costo inferior para las arcas públicas la que acabó con recurso por parte de los propietarios del suelo.