«Estoy sola y tengo 84 años ¿a dónde voy a ir yo con 14.000 euros?»

A día de hoy la situación de esta vecina, natural de Olula de Castro, es de total incertidumbre. Ha tomado una determinación que puede conducirle de cabeza a los juzgados denunciada por la todopoderosa administración. No le importa, dice tener el cuerpo «baldado» y cree que es la única respuesta que puede dar teniendo en cuenta que lo contrario sería acatar sin rechistar una «injusticia» o olvidarse de sus complicadas circunstancias: «Con 14.000 euros, sola y con 84 años, ¿a dónde voy a ir yo?», dice.

Pilar es una de las pocas vecinas del Barrio Alto que se ha negado a ceder su propiedad para que el Ayuntamiento desarrolle los planes urbanísticos que proyecta desde hace años en este barrio. Y le ha dicho que 'no' a la institución al considerar insuficiente, una «ridiculez», lo que le dan por su antigua casa, hoy destruida por la acción de los vándalos. El desarrollo de la segunda fase del Plan de Reforma Interior del Barrio Alto afecta a más de un centenar de fincas, en su mayoría muy antiguas y con un elevado grado de degradación. Había que expropiar y así se hizo en la inmensa mayoría de los casos. No en el de Pilar, vecina de la calle Olmo.

Tanto ella como su hija, que vive enfrente, se han visto obligadas a ubicar un cartel en la puerta de sus domicilios para avisar de que en ellos sigue viviendo gente. El barrio se ha vuelto una locura. Con todo expropiado, las demoliciones han comenzado y un buen ramillete de calles parecen hoy una zona de conflicto bélico. Y en mitad de enseres abandonados y de cascotes, siguen en su integridad las dos propiedades de esta familia.

'Casa habitada', se lee en la puerta de ambas. Como único método de disuasión a esas personas que están aprovechándose del abandono general para entrar en las casas 'a ver que hay'. En un cartel tan precario como la seguridad que tienen de quedarse, es también la forma que tiene Pilar de negarse a abandonar su propiedad porque le ofrecen 14.000 euros, cuando el valor catastral de su vivienda es mayor a 35.000, según denuncia. En función a esta cantidad ha estado pagando el IBI siempre, en unas facturas que reconocían, de facto, la integridad de una vivienda que modificaron su marido (albañil) y ella hace más de 40 años.Obras fuera de ordenación en otros tiempos que no se le reconocen a día de hoy.

Pero hay más problemas. Otro de los factores que la administración aduce para no pagar más es que la vivienda está abandonada. Algo que rechaza Pilar con la misma contundencia con la que se ha negado a entregar sus llaves. «Dicen que no vivo ahí y es mentira. Mi casa nunca ha estado abandonada hasta que empezaron las demoliciones de las casas de al lado y la tuve que atrancar después de que me entraran a robar», explica entre lágrimas.

La equivocación municipal, según cuenta, parte de otro giro maldito de su destino: unos tres años antes de morir, su marido se quedó ciego y por tanto completamente impedido para vivir en una casa llena de escaleras. Se fueron entonces con su hija, que le habilitó la planta de abajo, espacio donde la pareja pasó juntos los últimos años de su vida. Fallecido él, ella se quedó en casa de su hija para no estar sola. Desde entonces vive con su nieta y a su casa iba a limpiar cada semana hasta que empezaron las demoliciones y le robaron. Apenas unos pasos separan a ambas casas, por lo que no entiende que se le diga que su vivienda estaba abandonada.

Desde hace ya varios años litiga por vía administrativa con la institución. No está teniendo éxito porque la ley no parece estar de su lado. «Será legal pero no es moral dejarme a mí sin mi casa por ese dinero», reflexiona esta jubilada, cuyos únicos ingresos son los que recibe gracias a una pensión de viudedad. Con más de 80 años, vértigos y una depresión, sus perspectivas son muy malas. Se ve en la calle con «dos perras». Su casa está prácticamente desahuciada tras el incendio, y el techo de su hija también se encuentra en la misma situación, en un impasse burocrático de difícil solución.

Pide sensibilidad y avisa de que no entregará su casa a no ser que la Administración le dé una alternativa habitacional donde poder vivir lo que le queda en paz, porque todo a su alrededor se está derrumbando tan deprisa (de forma tan literal como simbólica) que está muerta de miedo.