Las sanciones por la 'ley mordaza' durante 2022 superaron los 10 millones de euros

Las drogas, las armas y las faltas de respeto a los agentes del Orden Público son las faltas más comunes por las que se sanciona, tanto en el conjunto del país como en la provincia deAlmería, en base a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC) –rebautizada desde antes de su aprobación en 2015 como 'ley mordaza'–. Modificada este año 2023 en algunos de sus puntos pero no derogada como anunciaba el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez cuando todavía era candidato a Moncloa, esta normativa se aplica diariamente y conlleva recaudaciones millonarias.

Solo durante el año pasado, de acuerdo a los datos publicados recientemente por el Ministerio del Interior, se impusieron 227.080 sanciones en todo el país, asociándose una cuantía de 148.397.927 en multas. En lo relativo a la provincia de Almería, esta misma estadística oficial indica que a lo largo de 2022 se registraron 15.483 infracciones a la LOPSC, resultando de estas sanciones por valor de 10.219.268 euros.

Cifras, estas, que reflejan un incremento de cerca del 6% respecto al año anterior (2021) pero que todavía están algo alejadas del récord de sanciones y recaudación que se vivió durante el año más duro de la pandemia de la covid-19. En 2020, cuando estuvieron vigentes las medidas más restrictivas por la crisis sanitaria, la aplicación de esta misma norma en la provincia llevó a imponer 17.220 multas por un valor de 10.332.607 euros. Hasta el momento los datos más elevados.

Si bien los supuestos que incluye la LOPSC como sancionables se acercan al medio centenar entre infracciones muy graves, graves y leves (artículos 35 a 37 de la norma), claramente hay acciones que concentran el grueso. Prácticamente tres de cada cuatro de las infracciones registradas en la provincia (de nuevo) hacen referencia al punto 36.16, que refiere como infracción grave al consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como al abandono de los instrumentos empleados para ello.

Solo en Almería, durante el año pasado se levantaron 11.625 sanciones por este motivo, lo que conlleva una cuantía de más de 7,4 millones de euros. Se trata, en este caso, de los mayores datos registrados en este ámbito en la provincia desde que esta norma entró en vigor durante el mandato del presidente Mariano Rajoy.

Por encima del millar de sanciones, por su parte, se encuentran dos tipologías de hechos que, cada nueva anualidad, destacan en esta misma estadística y que tienen que ver con la seguridad ciudadana y la autoridad.

Concreta el balance anual que en la provincia de Almería se interpusieron el año pasado 1.462 sanciones por portar, exhibir o usar armas prohibidas; hacerlo de manera negligente, temeraria o intimidatoria o fuera de lugares habilitados para ello, en caso de contar con licencia. Asimismo, indica que se registraron 1.132 infracciones por faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos deSeguridad del Estado en ejercicio de sus funciones. Las cuantías de estas sanciones, siempre en base a la estadística oficial, se eleva por encima de 1,6 millones de euros en el caso de las armas y supera los 351.000 euros, en matera de faltas contra agentes de la Autoridad.

Desobediencia a la autoridad

Cabe reseñar que pese a no alcanzar los 644 casos registrados, la tercera mayor cuantía en el conjunto de infracciones en la provincia de Almería tiene que ver con la desobediencia o resistencia a los agentes de laautoridad, la negativa a identificarse tras ser requerido o la alegación de datos falsos o inexactos en procesos de identificación. Estas menos de 650 infracciones de 2022 superaron los 430.000 euros en multas.

Este tipo de infracciones, que respecto al año 2021 presentan un decrecimiento significativo (207 menos), se dispararon en el año 2020, en plena crisis de la covid-19. Entonces se registraron 5.307 casos en la provincia de personas que desobedecieron a los agentes, se negaron a dar sus datos o, al darlos, lo hicieron de manera fraudulenta. Un año, aquel, en el que solo a través de esta tipología se registraron sanciones por valor de casi 3,3 millones de euros, prácticamente un tercio del total.

No obstante, también en el año de la pandemia, fueron las infracciones relacionadas con las drogas las que centraron el grueso de los registros, con 9.300.

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