La regulación «podría tener impacto en la economía, el turismo y los derechos de propietarios»

. El sector de viviendas turísticas en Andalucía está en el epicentro de las transformaciones regulatorias que buscan redefinir su situación. La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVA Pro) asegura, sin embargo, que estas medidas, lejos de acabar con las verdaderas causas de la falta de vivienda, podrían tener un impacto significativo en la economía regional, el turismo y los derechos legítimos de los propietarios.

Destaca, no en vano, que «muchas de estas propuestas no abordan las raíces estructurales de la crisis habitacional. En cambio, amenazan con restringir un sector clave que genera más de 30.000 empleos en la región y contribuye significativamente al desarrollo económico y turístico de Andalucía», tal y como declara Juan Cubo, presidente de AVVA Pro.

Y es que, en Andalucía, de un total de 4.673.007 viviendas, solo 82.454 están destinadas al alquiler turístico, lo que representa un porcentaje muy reducido del parque total residencial. Por otro lado, apunta el colectivo, existen 641.437 viviendas vacías, equivalente al 13,7% del parque inmobiliario andaluz, lo que significa que «por cada vivienda de uso turístico (VUT), hay casi ocho viviendas vacías». «Estos datos evidencian que el verdadero desafío de la falta de vivienda en la región radica en la falta de construcción de nuevas viviendas y en la gestión de las viviendas vacías; y no en las VUTs, que desempeñan un papel clave en la dinamización económica y turística de Andalucía», añade Cubo.

Ley de Propiedad Horizontal

En la propuesta de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal se incorpora que las comunidades de propietarios deberán dar autorización expresa al alquiler de viviendas turísticas con una mayoría de 3/5 del total de propietarios y coeficientes de participación.

Este cambio, apuntan, «no solo plantea restricciones al uso de las viviendas de uso turístico -afectando directamente los derechos de los propietarios-, sino que también limita la capacidad de actuación de los ayuntamientos y comunidades autónomas. Al centralizar decisiones que deberían adaptarse a las particularidades locales, esta reforma restringe la autonomía de las administraciones locales para implementar normativas propias y definir políticas de desarrollo y crecimiento en materia turística».

Esta medida, insisten, «además de vulnerar los derechos de propiedad, también desincentiva la inversión en un sector que contribuye de manera significativa a la economía local y al desarrollo turístico». «Abordar los retos del turismo debe hacerse con un enfoque equilibrado que respete tanto los derechos de los propietarios como la autonomía de las instituciones locales», afirma el presidente del colectivo.

Aplicación del IVA

En cuanto a la aplicación del IVA, la AVVA Pro la apoya «siempre y cuando se mantenga el tipo reducido del 10%, igual al que se aplica al sector hotelero, entendiendo que las viviendas de uso turístico deben contribuir al marco impositivo en igualdad de condiciones con el resto del sector alojativo». Este enfoque garantizaría, a su juicio, «un trato equitativo y competitivo para las viviendas turísticas dentro de la oferta alojativa».

Recuerda, no obstante, que un aumento en este impuesto «podría encarecer la actividad, afectando a los pequeños propietarios y reduciendo la accesibilidad del turismo para las familias», por lo que «consideramos imprescindible establecer un marco fiscal equilibrado que no penalice al sector y que reconozca su importancia en la dinamización de las economías locales y regionales», comenta Juan Cubo.

Registro o clandestinidad

Defienden, asimismo, la creación de un registro único para las viviendas de uso turístico como una herramienta para luchar contra la clandestinidad y promover la transparencia en el sector. Desde AVVA Pro, «apoyamos esta medida siempre que se implemente respetando las competencias autonómicas en materia de turismo», declaran, además de considerar fundamental que este registro «no se convierta en una intromisión que limite la capacidad de los gobiernos regionales para adaptar la normativa a sus necesidades y particularidades».

«Su éxito dependerá de garantizar un proceso administrativo ágil y accesible para los propietarios, evitando cargas burocráticas innecesarias que puedan desincentivar el cumplimiento», aseveran.

Desde la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía instan, finalmente, a las administraciones públicas a establecer un diálogo abierto con los representantes del sector para garantizar que las medidas adoptadas sean «equilibradas, sostenibles y alineadas con los intereses de todos los actores implicados».

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