El PSOE critica que Almería XXI se utilice como «una promotora más»

Frente al residencial La Molineta, promovido por la empresa municipal Almería XXI, y del que aún quedan 22 viviendas sin vender de las 35 construidas, Valverde ha subrayado que los almerienses «se merecen y tienen derecho a una vivienda digna» y que el Ayuntamiento tiene «el deber de proporcionarla». Por ese motivo, ha cuestionado que la empresa municipal de vivienda no cumpla con las expectativas de los 10.000 demandantes de vivienda protegida inscritos en la capital, que en un 77 por ciento de los casos solicitan alquiler o alquiler con opción a compra, frente a una oferta municipal, «por decisión del alcalde y del PP, centrada en la venta de inmuebles».

Los precios de venta de esa vivienda protegida, ha detallado, son, además, «similares a los de la vivienda libre» y «el número de viviendas en alquiler por parte del Ayuntamiento es insuficiente», lamentó Valverde tras recordar que solamente se tiene prevista una pequeña promoción en el futuro en el Casco Histórico dedicada exclusivamente a alquiler. Asimismo, según ha vuelto a remarcar, «el procedimiento de adjudicación de las viviendas es poco transparente».

Por otro lado, las ayudas dedicadas a la rehabilitación son «insuficiente desde el ámbito municipal». Todas estas cuestiones favorecen, según la socialista, a que «haya muchos almerienses que no pueden acceder a una vivienda digna porque carecen de ingresos suficientes», y entre los que se encuentra un número importante de «jóvenes, familias, mujeres, mayores y personas con discapacidad».

Para transformar esa situación, Adriana Valverde se propone como alcaldesa, si consigue el apoyo mayoritario de los almerienses en mayo, crear un parque de vivienda social que cierre esa brecha de desigualdad. De esa manera, además de reconducir la política del Ayuntamiento en la empresa municipal de Vivienda, la recuperación del PSOE del concepto de vivienda social con un plan vinculado que contempla cinco medidas concretas.

Estas se basan en alquileres sociales; ayudas para la rehabilitación para familias que no vivan en inmuebles con condiciones dignas o que hayan tenido que abandonar sus viviendas por carecer de ingresos mínimos; o la creación de una oficina específica para atender, también desde el punto de vista social, a las personas que tienen necesidad de esas ayudas.

Otra novedad es el planteamiento de un programa de vivienda compartida para, de ese modo, «aliviar la soledad de personas mayores».