El PSOE califica la bajada de impuestos como la «gran mentira fiscal del PP»

Herrera ha recordado que, «nada más comenzar el mandato, el PP aprobó el sablazo del IBI, incumpliendo la promesa electoral de no subir los impuestos». A ello se sumaron los incrementos en el agua, los cementerios y en las instalaciones y actividades deportivas. «Nuestros mayores hacen colas de la vergüenza para poder acceder a actividades del Patronato de Deportes, y además pagan hasta cuatro veces más que antes», ha añadido.

El PSOE también ha hecho constar durante el pleno celebrado este miércoles que el Ayuntamiento pretende imponer ahora un «tasazo de basura» que, según Herrera, «no es más que el resultado de años de mala gestión de los residuos ya que más de 70.000 toneladas de basura se entierran bajo nuestros pies cada año, algo que reconoce el propio concejal de Sostenibilidad».

Según la portavoz socialista, la nueva tasa de la basura «castiga a los barrios más desfavorecidos, subiéndoles el recibo el doble, sin tener en cuenta la capacidad económica de las familias, si reciclan o no o los servicios que reciben». «Por mucho que intenten culpar a otras administraciones, esta forma de aplicar las cuotas es decisión del PP», ha añadido.

Rebajas «de mercadillo»

El PSOE critica que, tras estas subidas, el PP anuncie ahora rebajas «de mercadillo» del IBI y del impuesto de vehículos «por su pequeñez y porque llegan justo antes de periodos electorales».

En el caso del impuesto de vehículos, el ahorro para los contribuyentes «será mínimo»: en los turismos, «entre 1 y 10 euros al año» y, en los ciclomotores, «entre 0,40 y 5,5 euros al año».

«Mientras algunos vecinos apenas notarán esta rebaja —en muchos casos céntimos—, el Ayuntamiento deja de recaudar 500.000 euros que podrían destinarse a mejorar la ciudad», ha denunciado Herrera. «No alivian el bolsillo de los almerienses; intentan aliviar su conciencia por los sablazos previos», ha remachado.

Pagar más para recibir menos

Herrera ha reprochado que, «mientras fríen a impuestos a la ciudadanía», el gobierno local «se gasta millones en postureo —más de tres millones en lo que va de mandato—, pierde subvenciones importantes como las del Mercado de Los Ángeles y Katiuska y no mantiene servicios públicos esenciales (limpieza, recogida, jardines)».

«La realidad es clara: los ciudadanos pagan más y reciben menos, y la ciudad está peor», ha resumido la portavoz socialista. «¿A quién pretende engañar el PP con esta farsa?», se ha preguntado, insistiendo en que «la confianza de la gente no se recupera con anuncios de última hora, sino cumpliendo lo prometido y gestionando bien».

Colegio San Valentín

El PSOE también ha defendido en Pleno una moción para reclamar la demolición y reconstrucción del CEIP San Valentín, con el objetivo de devolver a los barrios de 500 Viviendas y El Tagarete un centro educativo moderno, seguro y adaptado a las necesidades actuales de las familias.

La moción socialista ha sido defendida por el concejal del PSOE, Antonio Ruano, quien ha recordado que desde el cierre del colegio en 2021, los alumnos del San Valentín están repartidos por otros centros de la ciudad». Cuatro años después, el edificio permanece cerrado y deteriorado, convirtiéndose en un riesgo para vecinos y viandantes, además de suponer un vacío educativo en la zona.

El PP ha votado en contra de esta propuesta, por lo que Ruano ha lamentado que «los barrios de El Tagarete y 500 Viviendas se quedan sin la oferta educativa a la que tienen derecho, como ocurre en otros barrios de la ciudad».

Cáncer de mama

La segunda iniciativa del PSOE pretendía reclamar el apoyo de todos los partidos para exigir una serie de medidas a la Junta de Andalucía que permitan garantizar la eficacia del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, tras los fallos reconocidos por la Junta y las denuncias de mujeres que han sufrido retrasos de meses —incluso de un año— en pruebas complementarias después de una primera mamografía.

El Partido Popular ha votado en contra de las medidas propuestas por el Grupo Socialista como instar a la Junta y a la Consejería de Salud a realizar una auditoría integral que identifique causas de los retrasos; garantizar plazos máximos de 30 días desde la primera alerta, como fija el Decreto de Garantías; cumplir la ampliación del cribado a menores de 50 años; implantar seguimiento activo con alertas automáticas; reforzar radiología y oncología con personal y medios y publicar informes periódicos desagregados por provincias y municipios.