Patricia Ramírez: «Ana Julia ha dicho en la cárcel que me quiere matar»

Con el cartel 'Nuestros peces no se venden' a sus espaldas y el lema 'Todos somos Gabriel', Patricia Ramírez, la progenitora del menor, que fue asesinado en 2018 en Níjar, ha comparecido ante los medios esta mañana, acompañada de su psicólogo Francisco Martín, para denunciar el «desamparo y la desprotección institucional y judicial» además de las «posibles irregularidades» que se están investigando en la cárcel de Brieva, donde Ana Julia Quezada cumple condena de prisión permanente revisable por el crimen del menor.

Al inicio de la comparecencia ha aclarado que hoy se cumple un año de su denuncia pública de las «posibles irregularidades» que se estaban cometiendo en la cárcel de Brieva además de la emisión de un documental 'true crime' sobre el caso de Gabriel, que se habría estado grabando a escondidas. No obstante, Ramírez cuenta que le consta «la entrega de teléfonos y de dinero» que se le han pasado a la reclusa «durante la celebración de los vis-a-vis».

En su alocución, visiblemente afectada, la madre de Gabriel insiste en que «con varios móviles habría intentado seguir grabando el documental de mi pequeño, hay dinero de por medio y están esperando a que se calme la situación para seguir con él porque quedan dos entrevistas por realizar», además, incide en que Ana Julia Quezada habría estado comunicada «por teléfono durante más de tres años para asegurarse las grabaciones».

Esto sucede después de que se destapara la investigación a dos funcionarios del centro penitenciario por supuestamente haber mantenido relaciones sexuales con Ana Julia Quezada a cambio de que le facilitaran un móvil para comunicarse con el exterior. Los encuentros se habrían grabado para utilizarlos como «chantaje» para conseguir un traslado a la cárcel de Barcelona. Hoy, estos trabajadores ya no prestan servicio en prisión.

La madre de Gabriel considera que «ayer me llegó la información de que se había procesado a dos funcionarios, yo no tengo constancia de que sea esa cifra, sino uno, pero nadie me ha dado una explicación. Si este procedimiento inicia gracias a una denuncia mía, no sé por qué nadie me atiende, yo he sido la que ha destapado este proceso y se está cometiendo una vulneración de derechos». Además, hace público el «infierno» que está viviendo porque tras haber interpuesto estas denuncias, no ha parado de recibir «amenazas y llamadas», zanja.

«Había móviles en prisión que, cuando presenté las denuncias, desaparecieron gracias a los chivatazos y, presuntamente, acaba en casa de uno de los funcionarios», manifiesta, haciendo hincapié en que «hay más teléfonos, como el de su pareja, como ayer citaba la prensa».

De todas las irregularidades que ha ido relatando en su comparecencia, la madre del niño Gabriel considera que Ana Julia Quezada tendría «ayuda para los cacheos, se los soplan, entonces, según mis fuentes, hay también movimiento de dinero entre los funcionarios que le estarían ayudando o mediando a través del abogado», reconoce.

Durante estos meses ha tratado de poner en conocimiento de las autoridades toda la información que le ha llegado y ha afeado la dificultad que ha tenido para «contactar» con el instructor y la Fiscalía de Ávila, de forma directa y a través de la oficina de asistencia a las víctimas. «Como acusación popular yo no aparezco como perjudicada», ha explicado la madre del menor, quien ha aclarado que con su representante legal han solicitado esta otra vía para poder estar presentes en el caso.

Toda esta situación, considera que ocurre porque, «desgraciadamente a nuestros asesinos se les ha convertido en famosos», consecuencias que han dado lugar a esta «desprotección a las víctimas» y Ramírez, como madre de Gabriel, insiste en «salir hacia adelante, no tengo miedo en hacer público todo, porque no permitiré que nadie vulnere nuestros derechos y los defenderé hasta el final de mis días».

Así, acusa que, en medio de esta vulneración de derechos, «Ana Julia habría manifestado en la cárcel que me quiere matar, se quiere vengar de mí porque he paralizado y boicoteado el documental de mi hijo». Motivo por el que recuerda que la reclusa está condenada, además de por el asesinato del menor, por un delito de lesiones psíquicas y otro contra la integridad moral. Subraya, entre lágrimas, ese «miedo» sobre las posibles represalias que pueda tener la reclusa de Brieva, así como de su entorno, de quién también habría recibido estas advertencias.

«Las amenazas las profiere quién se llevó por delante a mi hijo, me aterra que me pueda mandar a alguien, que me puedan estar llamando y que puedan llegar hasta a mí, vía ella o vía terceros, pongo la denuncia porque tengo miedo», indica sobre la información que le llega a través de testigos de la cárcel de Brieva, en Ávila. «No vivo, no me dejan vivir, estoy intentando hacer mi duelo y no me dejan», sentencia.

A la Fiscalía le ha pedido, al final de su discurso, que «estaré gustosa de darle la lista de fuentes y los documentos, quiero que las consecuencias lleguen al final, son hechos que nos afectan a las víctimas», matiza. Mientras tanto, a los Ministerios de Igualdad y Justicia les ha pedido que «escuchen a las víctimas» porque «aunque yo no sea víctima de violencia de género, pueden hacerme el mismo daño» y espera que a las víctimas «nos blinden, nos protejan, porque somos personas a las que nos han quitado la vida, vivimos mal y esperamos poder, algún día, reconstruir, es un trato justo, mientras tanto, se nos está ninguneando».

Ramírez se ha preguntado ante los medios «a costa de qué se les está dando tanta fama a los asesinos, por qué y para qué, ¿para vender nuestra amargura y sufrimiento? A las víctimas no se nos escucha».

Consciente de la difusión de esta rueda de prensa y pasados ocho años del caso del 'Pescaíto', espera que «se proteja a las víctimas de forma adecuada, que me protejan y me lo protejan, hablemos del incumplimiento de las normativas en la protección a las víctimas, de las entrevistas sin contar con las víctimas, de presuntos libros (...) creo que tenemos un problema con los móviles, dentro de prisión me consta que son varios e incluso que presumiblemente se alquilan y se pasan las unas a las otras en prisión».

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