Ocho de cada diez euros recaudados por la 'ley mordaza' en Almería son por drogas
Las sanciones relacionadas con consumo o tenencia de estupefacientes en lugares públicos en 2023 superaron los 7,5 millones, mientras que el total de las multas rondó 9,5 millones
El año pasado se impusieron casi 11.800 sanciones por consumo o tenencia ilícitos de drogas en lugares públicos en la provincia. Cada una de ... ellas, de media, superó los 640 euros, según los datos publicados recientemente por el Ministerio del Interior sobre Infracciones a la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana, rebautizada desde antes de su aprobación en 2015 –con mayoría absoluta del PP– como 'ley mordaza'.
Cada año, desde entonces, la aplicación de esta norma recauda cifras millonarias en Almería. En 2022 se superaron los 10,5 millones de euros, dato récord que, sin embargo, no se alcanzó en 2023, cuando las más de 15.500 sanciones impuestas se quedaron en la nada desdeñable cifra de 9,5 millones en sanciones de diferente índole recogidas en la norma.
Si bien la estadística muestra datos de 40 supuestos de infracciones leves o graves, en la mayoría de los casos, su incumplimiento apenas es anecdótico. Las máxima recaudación tiene que ver, de hecho, con los estupefacientes, con más de 7,5 millones de euros en multas durante el año pasado, esto es, casi el 80% del total de las impuestas.
De hecho, mientras que, en conjunto, las sanciones motivadas por la aplicación de la ley de Seguridad Ciudadanas han descendido, en el caso concreto del consumo o tenencia de drogas, se aprecia un incremento entre 2022 y 2023. En datos absolutos, el año pasado cerró con 154 sanciones más que el anterior y casi 140.000 euros de diferencia en multas económicas. Cabe reseñar que, en general, las multas por la aplicación de la 'ley mordaza' descendieron alrededor de un millón de euros en recaudación.
Dentro de las infracciones más habituales entre las tipificadas en esta norma que está a punto de alcanzar su primera década de existencia, descendieron el año pasado las incluidas en los puntos 36.3 (causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana) y 37.04 (faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal).
Aún así, se contabilizaron 285 multas por desórdenes públicos a lo largo de 2023 y 829 casos de faltas a miembros de las FCSE en la provincia. Estas últimas, menos cuantiosas, dado que, en base a los casi 140.000 euros reflejados en la estadística del Ministerio del Interior, del valor de las sanciones, la media por multa, asciende a unos 168 euros. Crear desórdenes públicos, sin embargo, resulta más caro, alrededor de 660 euros, rozando las sanciones totales en Almería los 190.000 euros por este motivo.
Al otro lado, en aumento dentro de aquellas infracciones más comunes en Almería, además de las relacionadas con droga, se encuentran las citadas en los puntos 36.6 (desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación) y 36.10 (portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal).
Casi un millón de euros en sanciones se impusieron en el primero de estos puntos, el relativo a armas, lo que representa la segunda mayor cuantía después de los más de 7 millones relacionados con consumo o tenencia de estupefacientes. Cada multa por portar o usar armas prohibidas ronda los 630 euros, siempre en base a los datos del Ministerio.
Por su parte, los casos de desobediencia superaron el medio millón de euros en casi 800 sanciones, lo que revela una media de en torno a 670 euros por persona sancionada.
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