El Obispado de Almería, sobre la reincorporación de Resurrección Galera: «Ahora toca cumplir la sentencia, no hay más»

El Obispado de Almería, sobre la reincorporación de Resurrección Galera: «Ahora toca cumplir la sentencia, no hay más»

El vicario general, Miguel Romera, afirma que la Diócesis no se ha movido de postura sobre la idoneidad de la profesora almeriense de Religión Católica

Miguel Cárceles
MIGUEL CÁRCELESALMERÍA

El Obispado de Almería ha afirmado este miércoles, en palabras del vicario general de la Diócesis, Miguel Romera, que mantiene su postura sobre la idoneidad de Resurrección Galera para impartir clases de Religión Católica en el sistema público de enseñanza. Sin embargo, y tras lamentar que el caso «se haya extendido tanto en el tiempo» ha afirmado, Romera, que «ahora toca cumplir la sentencia, no hay más, ha concluido antes de recordar que no hay posibilidad legal de recurso.

El vicario ha rehusado pronunciarse sobre la posibilidad de que la Diócesis retire nuevamente la «missio canónica» para el próximo curso. Tras varias preguntas al respecto, Romera aseveró que no conoce personalmente a Galera y que en cualquier caso, la situación de la maestra es ya responsabilidad de las autoridades educativas: la Consejería de Educación y el Ministerio homólogo.

Resurrección Galera, la profesora de Religión despedida en hasta dos ocasiones por el Obispado, la primera de ellas por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado, se incorporaba este lunes a su puesto de trabajo en el CEIP Ferrer Guardia de La Cañada, en la capital, tras 17 años de pleitos en los que el Obispado ha agotado toda capacidad de recurso legal.

La ejecución de sentencia ordenada por el Juzgado de lo Social 1 llegó tras el enésimo recurso, en este caso del propio Ministerio de Educación y tras incontables del Obispado de Almería, en contra de la readmisión y después de que el juez rechazase por activa y por pasiva las causas de «imposibilidad material y legal» alegadas por los demandados para no cumplir el fallo firme del Alto Tribunal.

El Tribunal Supremo declaró nulo en 2016 el no llamamiento para el curso escolar 2012-2013 de Resurrección Galera, quien ya contaba entonces con una sentencia del mismo Alto Tribunal que obligaba a su readmisión tras once años de litigio.

Entendió la sala que se había producido una nueva «violación» de sus derechos fundamentales y que se trató de una acción en represalia por el pleito judicial emprendido por la docente hace 15 años por su primer despido, por lo que, al margen de la readmisión, ordenó que se le pagasen los salarios de tramitación desde entonces.

En su fallo, la Sala de lo Social estimó el recurso presentado por la profesora y condenó a los demandados ya que, según remarca, volvió a producirse una vulneración de sus derechos fundamentales con «la exclusión de la lista del personal a contratar».

«Tras once años pleiteando por el despido (...), despido declarado, finalmente, nulo por violación de derechos fundamentales, cuando llega el momento de reanudar el contrato indefinido a tiempo parcial existente se niega esa reanudación sin motivar», remarcó en referencia al litigio que emprendió Resurrección Galera por su exclusión para el curso 2001-2002, que también se declaró nula tras obtener la docente el amparo del Tribunal Constitucional (TC).

Con esto en concreto hacía referencia al pleito que emprendió Resurrección Galera por su exclusión para el curso 2001-2002 tras casarse en el año 2000 con un hombre divorciado. Como recuerda el alto tribunal en su sentencia, de la que es ponente el magistrado José Manuel López García de la Serrana, se le concedió su amparo en 2011 y se declaró nulo.

«La existencia del procedimiento anterior durante once años constituía un indicio suficiente de la continuidad en la violación de los derechos fundamentales que se había sancionado en el anterior proceso, máxime cuando el nuevo despido se produjo, prácticamente, sin solución de continuidad, lo que constituía, igualmente, un síntoma de una represalia contraria al principio de tutela judicial», indicó el Supremo.

Añadía, en esta línea, que la existencia de esos indicios y sospechas obligaba a la demandada a probar que su proceder estaba fundado en razones «justas y objetivas, que era ajeno a todo propósito de revancha y que con él no se pretendía burlar la ley». «Esta prueba no se ha logrado: ni se ha intentado probar causa que justificara ese proceder, ni la decisión del obispado fue motivada», concluía la resolución.

En diciembre de 2012 la letrada de la profesora ya anunció la interposición de un recurso para unificación de doctrina después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazara su readmisión con carácter indefinido pese a que su despido fue declarado nulo por vulnerar sus derechos fundamentales.

Previamente, un auto del Juzgado de lo Social de Almería ordenó que Galera se reincorporase a su puesto de trabajo hasta el pasado 31 de agosto de 2012 y condenó al Ministerio de Educación a pagarle 42.372,98 euros por los salarios dejados de percibir desde su cese en 2001.

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