Los municipios podrán aplazar deudas para acogerse a los fondos Next Generation

Bravo puntualizó que «este decreto no viene a perdonar ninguna deuda, sino a facilitar el cumplimiento dando un aplazamiento de hasta 15 años, con dos años de carencia y sin mirar el partido que gobierna».

El consejero defendió la decisión, al entender que «da más municipalismo, más empleo, más actividad económica, más fondos Next Generation para continuar esta senda de recuperación de la Andalucía que capta inversiones y seguir construyendo la comunidad, que es una de las locomotoras de este país».

Para Bravo, «estamos en un momento muy importante de la recuperación económica, una recuperación que tenemos que construir entre todos», de ahí la decisión aprobada esta semana en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con ese decreto, el plazo para el pago fraccionado se determinará dividiendo la deuda entre el 25 por ciento del importe anual de la Patrica, el fondo de Participación de los municipios en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para asegurar el cobro de la deuda en caso de impago, se podrá proceder a la compensación con los abonos correspondientes a la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad hasta un límite del 50 por ciento para no condicionar su viabilidad financiera.

En cuanto al importe máximo a aplazar y fraccionar, no podrá exceder la cuantía resultante de multiplicar por 15 el importe de la Patrica consignada para cada entidad local en el Presupuesto de Andalucía vigente.

La medida adoptada también ha cambiado la Ley General de la Hacienda Pública, para que las corporaciones locales, empresas o personas físicas con deudas aplazadas o fraccionadas vigentes, puedan recibir subvenciones, ya que según la Junta, «lo que se pretende es precisamente que no se vean perjudicadas cuando han regularizado su situación o se ha suspendido la deuda, aún en periodo ejecutivo».

Eso sí, no podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento los reintegros obligados, de acuerdo con la legislación concursal, que tengan la consideración de créditos contra la masa, los de recuperación de ayudas de la UE, las resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias de recursos y los reintegros de remanentes y sus intereses.