Las multas por desobedecer a la policía se multiplican por diez durante la pandemia

En sus seis años de andadura, la 'ley mordaza' ha servido a las fuerzas de seguridad como instrumento central para la protección de la seguridad ciudadana. Pese a las numerosas críticas y a la batalla judicial que despertó, este catálogo de 44 conductas que llevaban aparejadas multas de entre 100 y 600.000 euros ha funcionado, a lo largo de los últimos años, a pleno rendimiento.

Lo ha hecho, incluso, con mayor contundencia en el último ejercicio cuando, a raíz de la situación sanitaria derivada de la pandemia, las sanciones impuestas a su sombra se dispararon estrepitosamente –aunque el Gobierno ordenase después devolver todas las multas impuestas durante los estados de alarma al ser declarados inconstitucionales–.

En los seis años de aplicación de esta norma, la desobediencia policial (recogida en el punto 36.06) no ha dejado de aumentar en las calles de la provincia de Almería. O no lo han hecho, al menos, las sanciones impuestas por esta conducta. Si en el año 2015, cuando la 'ley mordaza' echó a andar, se registró la tímida cifra de 35 sanciones en la provincia por este motivo, en 2019 este mismo dato se multiplicó por 14, estableciéndose en 492, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Interior.

En 2020 –con la llegada del coronavirus SARS-CoV-2 y las restricciones adoptadas tras la aprobación del Estado de Alarma por parte del Gobierno central– se alcanzó la friolera de 5.307 multas en la provincia por desobedecer a los agentes del orden. La cifra supone una media de 14 al día.

Las faltas de respeto a la autoridad policial, es más, supusieron el pasado año una de cada tres sanciones dictadas al albor de la 'ley mordaza'.

De las 17.220 sanciones que los cuerpos de seguridad impusieron durante 2020 en la provincia de Almería destacan especialmente las 5.307 que fueron dictadas a ciudadanos «por desobedecer o prestar resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como por la negativa a identificarse». Esta es una conducta que la citada ley cataloga como grave y que puede llevar aparejada una multa de entre 601 y 30.000 euros.

Catalogadas como infracciones leves, la 'ley mordaza' sanciona también las «faltas de respeto o de consideración» a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Una práctica que, aunque en mucha menor medida, también fue bastante frecuente en el territorio provincial. Hasta 948 sanciones llegaron a expedirse por este motivo. Sumadas a las anteriores, arrojan una media de unas 17 multas cada día por un trato inadecuado a los agentes del orden.

En estos seis años de 'ley mordaza', estas multas por desobedecer a los cuerpos policiales han acarreado el desembolso de cerca de 4,2 millones de euros por parte de los vecinos de Almería, siempre según los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Las sanciones en general también han ido creciendo exponencialmente de un tiempo a esta parte. Si en 2015 la norma arrancó con 1.257 multas en toda la provincia almeriense, en 2018 la cifra andaba ya por las 14.389. El pasado año se sobrepasaron las 17.200.

Aunque con mucha menor incidencia, entre la retahíla de sanciones que se dictan al amparo de esta norma también destacan las 247 multas impuestas el pasado año de acuerdo con el artículo 36.03, que castiga «causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana». Estas multas supusieron casi 175.000 euros de recaudación.

Mucho más minoritarias, pero aun así llamativas, fueron las 12 sanciones dictadas durante el año 2020 en base al artículo 37.7, que combate «la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal.

Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada», recoge el texto de Interior.

También presenta la norma vigente desde 2015 un epígrafe, el 36.04, que penaliza los «actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones». En este ámbito se incluyen, por tanto, los intentos de paralizar desahucios. En Almería, tanto en 2020 como en 2019 se dio un único caso, al menos, que se haya sancionado en base a esta ley con una multa que asciende a 601 euros.