UGT se moviliza contra la privatización del servicio de técnico en integración social

Representantes sindicales y trabajadores se manifestaron ayer a las puertas de la Delegación del Gobierno andaluz./J.L. PASCUAL
Representantes sindicales y trabajadores se manifestaron ayer a las puertas de la Delegación del Gobierno andaluz. / J.L. PASCUAL

El sindicato se concentró ayer en la Delegación del Gobierno andaluz por la externalización de estos puestos de trabajo y los contratos precarios

J. L. P.ALMERÍA

FeSP-UGT Almería se concentró ayer a las puertas de la delegación del Gobierno Andaluz en defensa de la categoría de técnico en integración social de la Junta de Andalucía. Desde el sindicato señalaron en un manifiesto que se hizo público ante los ciudadanos que la administración autonómica está posibilitando las contrataciones a través de empresas privadas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, ya que se ve obligada a dar cobertura a este alumnado ante la negativa de la Función Pública de contratar mediante la bolsa vigente.

UGT puso cifras sobre la mesa y es que tras la finalización del periodo de matriculación en centro públicos el pasado año se detectó la necesidad de dotar a esos centros con 487 puestos de trabajo que se cubrieron con empresas privadas. Este año la necesidad de plazas asciende a las 900 en Andalucía y en Almería hay 97 puestos privatizados.

Lourdes Hernández, monitora de integración social y miembro del comité de empresa indicó que «los contratos que se están realizando son precarios y temporales, no se respeta el convenio. Se crean puestos porque hay una necesidad real, pero se cubre con personal que no es propio de la Junta. Hay que conseguir que revierta en empleo público». La representante sindical lamentó que «se están haciendo contratos parciales o por horas, cubriendo dos centros el mismo integrador social o un monitor y no se está dando una educación de calidad».

En la Unión General de Trabajadores también quisieron dejar claro que el trabajo a desempeñar en estos puestos no coincide exactamente con las funciones de la categoría profesional del Técnico en Integración Social perteneciente al personal laboral de la Junta de Andalucía, con la diferencia de que a las personas que son contratadas por vía de una empresa no se les exigen una titulación específica para cumplir con estas funciones.

La mayoría de estos contratos, según el sindicato, cuentan con un sueldo que supone casi la mitad del habitual, con lo que hay una gran pérdida de calidad y un abaratamiento del servicio del que salen perjudicados tanto los alumnos como los docentes. Los representantes sindicales dejaron claro que es «inadmisible» que la Junta no utilice la bolsa sabiendo con anterioridad al comienzo del curso escolar las necesidades que existen que, además, vienen creciendo cada año.

En el sindicato lamentaron que «estamos permitiendo la privatización de esta categoría, dejando así en el olvido a las personas que pagaron sus tasas en la OEP para poder tener opción a acceder a las bolsas de trabajo tras los concursos de acceso a personal laboral fijo y viéndose menguadas las plazas de esta oferta, lo que supone saltarse totalmente la normativa que nuestro convenio tiene para la provisión de puestos». Según los cálculos de UGT del total de la oferta sólo han llegado 10 plazas de esta categoría a quienes se han ganado el puesto.

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