La bomba llega en AVE

Esta revelación no es una simple anécdota. Es una bomba de relojería que ha detonado en el seno del PSOE abriendo una brecha palpable entre aquellos que, ante el rosario judicial que se cierne sobre el partido y el entorno presidencial, claman por un adelanto electoral y los que, aferrándose a la esperanza, confían en que las acusaciones se diluyan como un azucarillo en café caliente. La estupefacción es aún mayor en el PSOE de Almería, donde las obras del AVE se erigían como el pilar fundamental de su discurso electoral, el plato fuerte con el que esperaban seducir a la ciudadanía en la próxima cita con las urnas. Ahora, ese pilar amenaza con convertirse en un lodazal, empañando un proyecto que siempre se ha presentado como un símbolo de progreso y modernidad para la provincia.

Es cierto que la investigación se encuentra en una fase incipiente. Los procesos judiciales son lentos y garantistas, y la presunción de inocencia debe ser el faro que guíe cualquier análisis. Sin embargo, hay elementos que, a pesar de la incipiente naturaleza de las pesquisas, ya resultan elocuentes y generan una perplejidad y bochorno generalizados entre la ciudadanía. Nos referimos a las grabaciones del sumario interceptadas a Koldo García en las que, con un estilo que recuerda a las más esperpénticas escenas de las películas de Torrente, se trasluce una política oscura y siniestras y comportamientos poco constructivos. Dejémoslo ahí. Son un reflejo crudo y descorazonador de una forma de actuar que choca frontalmente con la ética y la transparencia que se le exige a cualquier servidor público. Difícil de digerir.

La ciudadanía, que ha contemplado con resignación y hastío numerosos episodios de corrupción en el pasado, observa ahora cómo una obra tan ansiada y vital como el Corredor Mediterráneo se ve salpicada por estas sombras. No es solo un asunto de dinero o contratos; es la erosión de la confianza en las instituciones y en quienes tienen la responsabilidad de gestionarlas. Pero también en las grandes constructoras y empresas de servicios, de las que se habla poco. Si a las empresas corruptoras se les prohibiera volver a concursar a contratos públicos cuando se demostrara su juego sucio, quizá habría menos escándalos.

En el seno del PSOE, la división es palpable y creciente. Por un lado, una facción, ante la acumulación de causas judiciales que afectan al partido y a figuras cercanas a la cúpula, considera que la única salida digna y que podría restaurar algo de confianza es la convocatoria de elecciones anticipadas. Sólo así se podrían salvar también los muebles en unas municipales y autonómicas, previstas para 2027, y no pagar los platos rotos de Madrid. En este alero del partido argumentan que prolongar la agonía solo servirá para profundizar la crisis y debilitar aún más la imagen del PSOE. Mientras tanto, la facción que ostenta el poder orgánico parece inclinarse por la estrategia de la resistencia –al más puro estilo del «Manual de resistencia» que publicó el presidente (Península, 2019)– esperando que el tiempo y los vericuetos judiciales acaben diluyendo las acusaciones en un «agua de borrajas». Esta estrategia, sin embargo, conlleva un alto riesgo: el desgaste continuo y la posibilidad de que cada nueva revelación judicial profundice la herida. Especialmente en el caso Koldo.

Afrontar la realidad

El momento es crítico. La política española, y por ende la almeriense, se encuentra en una encrucijada. La sociedad exige explicaciones, responsabilidades y, sobre todo, una depuración de aquellas prácticas que erosionan la confianza en las instituciones. Las llamadas telefónicas de contenido casposo no pueden ser el epitafio de la política, ni el AVE de Almería puede convertirse en el símbolo de la corrupción. La justicia hablará a sus largos, larguísimos tiempos, pero más allá de la acción judicial es imperativo que los partidos políticos, especialmente el PSOE, afronten la realidad sin paños calientes, para recuperar la credibilidad perdida. Esto implica no solo condenar las prácticas corruptas, sino también tomar medidas drásticas y ejemplarizantes para garantizar que no vuelvan a repetirse. Pedir perdón –lo decía el propio presidente del Gobierno, Sánchez, cuando Gurtel asfixiaba al PP de Rajoy– no es suficiente.

La tarea no será sencilla. La ciudadanía, ya exhausta de escándalos encadenados, espera acciones contundentes que demuestren un compromiso real con la regeneración democrática. Solo así se podrá evitar que esta implosión, ahora en el seno del PSOE, desemboque en una fractura irreparable entre la ciudadanía y sus representantes. El presidente Sánchez pidió perdón esta semana en una rueda de prensa en la que se mostró como una víctima más del 'clan' investigado en el que están dos sus dos últimos secretarios de organización. Otra cosa es lo que pueda identificar la población tras escuchar sus palabras.