La Junta saca adelante las nuevas plantillas para la primera fase de la reforma judicial

La Junta de Andalucía ha aprobado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para los órganos judiciales de los 70 partidos que deben adaptarse a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia antes del 1 de julio. En Almería, esta primera fase de la reforma afecta a los partidos judiciales que cuentan con juzgados mixtos y órganos especializados en Violencia sobre la Mujer. En estas circuntancias se sitúan los de El Ejido, Roquetas de Mar, Berja, Huércal-Overa, Purchena, Vera y Vélez-Rubio. En la capital, la metamorfosis de los juzgados se producirá en diciembre.

La administración ha sacado adelante la medida sin apoyo de los sindicatos, que se han plantado en la mesa de negociación. Es la mayor reforma que afrontan los órganos en 40 años. La ley introduce importantes cambios en la planta y demarcación de los tribunales. Lo más relevante es que los juzgados, tal y como los conocíamos, desaparecen.

Se sustituyen por tribunales colegiados en cada partido judicial, denominados Tribunales de Instancia. Es decir se suprimen los juzgados cerrados con funcionarios 'estanco' y se cuenta con cuerpos comunes. Se disuelven las fronteras entre juzgados e integran secciones de la misma especialidad, que agruparán a todos los jueces y magistrados de esa materia y que tendrá un grupo de funcionarios asignado por una unidad de tramitación.

La nueva estructura incluye la creación de 80 nuevas plazas y de nuevos puestos de jefatura con un complemento salarial, lo que supone que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública asume una inversión de más de 3,5 millones anuales para toda la comunidad.

La medida sale adelante «tras meses de negociaciones» con los sindicatos de Justicia, a quienes el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha agradecido su trabajo y diálogo pese a «no haber sido posible alcanzar un acuerdo». La medida supone tener que adecuar las plantillas del 82,3% de los partidos judiciales.

La norma exige que antes del 1 de julio estén adaptados todos los partidos judiciales con Juzgados Mixtos y órganos especializados en Violencia sobre la Mujer, que en el caso de Andalucía son 70 de los 85 existentes en la comunidad en los que trabajan en total unos 9.000 funcionarios. El 1 de octubre deberán adaptarse otros tres partidos judiciales (los de Marbella, Torremolinos y Fuengirola, todos ellos en la provincia de Málaga) y antes de final de año, los 12 restantes correspondientes a las ocho capitales además de Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María (todos ellos en Cádiz) y Motril.

A juicio de la Junta, la adaptación a la ley no solo no supondrá una merma en el número de plazas y de derechos económicos del personal, sino que en los 70 partidos judiciales que se adaptarán en la primera fase se crearán 80 nuevas plazas, 60 de ellas de nueva creación y 20 que pasarán a ser estructurales, pues hasta ahora las ocupaba personal de refuerzo. Asimismo, se crean nuevos puestos de jefatura con un complemento salarial.

Desacuerdo unánime

Toda la representación sindical de la Administración de Justicia de Andalucía, CSIF, STAJ, SPJ-USO, UGT y CC.OO, se ha levantado de la mesa de negociación de la implantación de la nueva ley de eficiencia judicial, que se aplicaba en tres fases en este 2025. Los sindicatos consideran «que no se dan las condiciones para seguir negociando con la Consejería de Justicia de la Junta, la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia en nuestra comunidad».

​En un comunicado, señalan que el consejero, José Antonio Nieto, «ningunea y trata de forma injusta y desleal al colectivo de funcionarios y funcionarias de la Junta de Andalucía, que pasa por ser el más productivo y el que soporta una mayor carga de trabajo en todo el territorio nacional junto con el de la comunidad de Canarias».

«Tras la confirmación de que Andalucía es ya la única comunidad autónoma donde no se ha producido una negociación retributiva para implicar a su colectivo en el nuevo modelo de implantación de los tribunales de instancia, entendemos que no podemos seguir negociando una RPT en la que la Administración pretende convalidar las retribuciones actualmente existentes, sin incremento alguno, como sí se ha hecho en el resto de ámbitos», añaden en el mencionado escrito.

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