La Junta asegura que el suelo de El Algarrobico es «no urbanizable»

«El auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) nos da la razón. El suelo no era ni es urbanizable y así ha quedado reflejado el PGOU», ha señalado en el pleno del Parlamento andaluz la consejera, quien ha remarcado que ese pronunciamiento «se ha dictado precisamente a instancias» de su departamento, «que está velando en todo momento por que se cumpla la ley y la demolición del hotel se haga cuanto antes».

Por contra, colectivos ecologistas como Greenpeace han solicitado al TSJA que suspenda la ejecución forzosa de la sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia al considerar que el mismo auto judicial supone que los terrenos del Algarrobico «vuelven a ser urbanizables» en el planeamiento urbanístico, lo que «pone en peligro» que esa revisión concluya con la anulación de la licencia, necesaria para acometer el derribo según dictaminó el Tribunal Supremo (TS).

Gobierno andaluz y Greenpeace coinciden en que el acuerdo que impulsó el entonces equipo de gobierno de Carboneras bajo mandato del PSOE fue un «subterfugio» para intentar «eludir el cumplimiento» de la sentencia que califica el suelo como de «especial protección», pero difieren sobre los efectos que ha tenido su anulación por parte del TSJA.

A pregunta del parlamentario andaluz del PP, Manuel Guzmán, la consejera ha afirmado que el alto tribunal andaluz «rectifica» en su auto el acuerdo municipal que fue redactado «con una clara intención de sortear los requerimientos» de la sala y «obstaculizar el proceso de demolición» del hotel de Azata del Sol.

Díaz ha remarcado que la resolución califica de «desmán» y de «transgresión» el acuerdo aprobado por «el grupo socialista» de Carboneras, «incurriendo en un desacato» que «podría tener un coste para las arcas municipales».

«El PSOE se extralimitó en el acuerdo plenario adoptado en abril de 2023, dando a entender que hasta ese momento los terrenos eran aptos para ser urbanizados, cuando la realidad es que el suelo es no urbanizable de especial protección nada menos que desde el año 1994», ha destacado.

La consejera ha vinculado la moción de censura para «desbancar» al alcalde del PP Felipe Cayuela con «su intento de cumplir la sentencia y revocar la licencia de un hotel que nunca debió construirse», y ha demandado «explicaciones» al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

«No le hemos oído desautorizar las actuaciones de sus concejales en Carboneras, que deben dar explicaciones de porqué han intentado bloquear los cambios en la ley que permitía agilizar definitivamente el derribo del Algarrobico», ha dicho.

Al hilo de esto, ha aludido a que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, «ha reiterado hace solo unos días, el 11 de marzo, el compromiso personal para demoler el hotel» y se ha preguntado «qué oscuros intereses llevan al PSOE a bloquearlo, dejando en entredicho el compromiso de la ministra».

«Tampoco los andaluces aciertan a comprender cómo un hotel construido con el plácet de varias administraciones socialistas sigue en pie más de 20 años después, pese a estar levantado en suelo protegido del parque natural Cabo de Gata-Níjar», ha trasladado.

Por último, la consejera ha subrayado que la Junta «va a seguir manteniendo una actitud absolutamente proactiva con la finalidad de que se cumpla la ley» y ha avanzado que seguirá «desplegando las acciones administrativas y judiciales que sean necesarias para garantizar el cumplimiento todas las sentencias».

El incidente de ejecución sobre el que a resuelto el TSJA fue presentado por después de que el Ayuntamiento remitiese el acuerdo ahora anulado, pero publicado en BOP; remitido para su inscripción en el Registro de Planeamiento a la Consejería de Fomento.

Sostenía el Gobierno andaluz, como ha avalado el tribunal, que el acuerdo de pleno «no ejecutaba con la fidelidad debida» la sentencia a la que debe dar cumplimiento y advertía de que, dado que en los terrenos del Algarrobico no se puede construir «desde 1994», el consistorio debía «cesar» todas las actuaciones que, desde esa fecha, «cuestionen su calificación como suelo no urbanizable especialmente protegido».

La Consejería ya advirtió al Ayuntamiento en enero de 2023, cuatro meses antes del pleno municipal extraordinario, de que «debía limitarse a reflejar en su contenido documental la clasificación del suelo que corresponde» y de que se trataba de hacer «un mero traslado de los acordado por el tribunal al instrumento de planeamiento general vigente».

Con el cambio tras las últimas elecciones municipales en el gobierno en la corporación local carbonera, el nuevo alcalde, Felipe Cayuela (PP), se alineó con la posición del Gobierno andaluz y llevó a un pleno ordinario convocado en noviembre de 2023 una enmienda al acuerdo.

No obstante, no salió adelante debido a los votos desfavorables de los cinco ediles del PSOE, y la abstención de los concejales de Ciudadanos y del edil no adscrito, ya que los 'populares' gobiernan en minoría.