El juicio por la trama societaria de Obrascampo se celebrará entre enero y marzo de 2019

Vehículo policial en el que era trasladado Antonio José Pérez, fundador de Obrascampo, en la operación policial de finales de 2014./IDEAL
Vehículo policial en el que era trasladado Antonio José Pérez, fundador de Obrascampo, en la operación policial de finales de 2014. / IDEAL

El empresario José Antonio Pérez se enfrenta a 17 años y medio de prisión por la presunta comisión de delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible y blanqueo de capitales

EUROPA PRESSALMERÍA

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería acogerá entre enero y marzo de 2019 el juicio por la trama en torno a la ya extinta sociedad de construcción Obrascampo, en el que su fundador, el empresario José Antonio Pérez, se enfrenta a 17 años y medio de prisión por la presunta comisión de delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Fuentes judiciales han indicado que el juicio, que arrancará el 29 de enero, celebrará dos sesiones antes de retomarse nuevamente para otros cuatro días a partir del 4 de marzo. Junto al empresario, también está acusado el administrador Israel M.M., para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel, y otros once colaboradores o intermediarios que habrían participado de la trama.

La Fiscalía apunta que ambos acusados, como administradores de derecho de la sociedad, y junto a otros nombrados con posterioridad apoyados además en otras empresas de grupo, habrían tratado de enriquecerse ilícitamente a través de un plan que conllevaba la despatrimonialización de las sociedades del grupo a fin de sustraer los bienes a sus legítimos acreedores, fundamentalmente a la Hacienda Pública.

Para ello, según se desprende de la investigación judicial, los acusados habrían propiciado la ocultación de forma continuada de dichos bienes a través de un entramado societario con numerosas sociedades interpuestas, para así dificultar la identificación del verdadero titular y gestor de Obrascampo con sucesivos nombramientos de administradores.

La sociedad, que junto a otra entidad investigada del mismo grupo debía a Hacienda en diciembre de 2015 unos 15 millones de euros, ejecutó, según la acusación pública, su vaciamiento patrimonial entre 2009 y 2013 mediante una serie de operaciones de daciones de pago y ejecuciones hipotecarias, de modo que renunciando a la exención del IVA, se obtuvieron importantes cantidades de dinero que no se ingresaron en el Tesoro Público.

En esta línea, la Fiscalía incide en que, de manera «mendaz», la cantidades percibidas por las exenciones de IVA se fueron ocultando mediante «transferencias circulares» entre diversas sociedades del grupo bajo un sistema conocido como 'rueda de talones', o mediante la simulación de préstamos con otras sociedades de la compañía. De este modo, se iban devengando las deudas con la Hacienda y se dejaban en el seno de la empresa inmuebles de imposible realización con lo que se hacía «inviable» para Hacienda el cobro de las deudas.

Junto a este modo de proceder, según sostiene la Fiscalía, se detectaron importes sin liquidar por ingresos que ascienden a 818.000 euros entre 2011 y 2012 relativos a ingresos de IVA de ejecuciones hipotecarias cuyos inmuebles fueron adquiridos por otras entidades.

El Ministerio Público destaca así la participación de diversos colaboradores, alguno de los cuales habrían llegado a percibir entre 800 y 1.000 euros mensuales por actuar como supuestos testaferros, que figurarían como administradores de la sociedad durante un periodo determinado.

Los colaboradores habrían participado también en otras operaciones destinada a arrendar con carácter «simulado» promociones de viviendas de Obrascampo para «frustrar de este modo la eficacia de un embargo sobre las fincas y sobre los créditos obtenidos por el alquiler».

Con ello, la Fiscalía concluye que el principal acusado habría «desviado» parte de la cantidad de dinero percibida en concepto de IVA desde 2010 en adelante «fuera del territorio nacional» mediante inversiones inmobiliarias en China o Marruecos con la colaboración de otros acusados y sociedades instrumentales.

Además de las penas privativas de libertad, el fiscal reclama para el principal acusado y su colaborador una multa de más de 5,1 millones de euros por dos delitos contra la Hacienda Pública, uno de insolvencia punible y otro de blanqueo, mientras que para el resto de acusados las peticiones de prisión van de los diez años a los 18 meses.

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