Jueces y fiscales de Almería rechazan las reformas de la carrera judicial y la Fiscalía y no descartan la huelga

Los jueces y fiscales de Almería han celebrado la mañana de este miércoles un paro, reclamando al Gobierno central que retire el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; bajo la premisa de que dichas reformas van a «convertir al poder judicial en un poder con minúsculas, más débil en su función de contrapeso del poder político»; y avisando de que no descartan la huelga.

Este paro se ha realizado en los aledaños de la Audiencia Provincial de Almería así como en la Ciudad de la Justicia, en Carretera de Ronda. No obstante, en El Ejido, Berja y Roquetas de Mar, también se han celebrado estos paros. Claudio García, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Roquetas de Mar y presidente de la Comisión de Jueces de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, valora a IDEAL que «si se continúa con la tramitación de los proyectos, se convocará una huelga general». Además, agradece que «ciudadanos de a pie» han mostrado su apoyo a los profesionales durante esta reunión de diez minutos.

El impacto, de momento, se desconoce. No obstante, las asociaciones se reunirán esta tarde para hacer una valoración de la situación y decidir si se continúa con una huelga general.

En la lectura del manifiesto se ha indicado que las reformas «tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos».

Los jueces y fiscales han señalado que «la existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país». En esta línea, consideran que «esta reforma, junto con otras que se están tramitando, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúsculas, en un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, en un poder más maleable», señalan los jueces y fiscales, reclamando «la retirada de ambos proyectos de ley y», porque en caso contrario no descartan «medidas de conflicto colectivo más graves, incluyendo la huelga».

De acuerdo con el Ejecutivo, la reforma busca endurecer el nivel de exigencia en los exámenes de oposición, para lo que se añade una prueba escrita de fundamentación jurídica, en sustitución de uno de los dos exámenes orales que desarrollan los candidatos en el Tribunal Supremo. Entre los cambios, el Gobierno concederá «por ley» becas de un importe igual al salario mínimo interprofesional (SMI) a los opositores, mientras que el Centro de Estudios Jurídicos se convertirá en un espacio de preparación.

Además, se ampliará la cantidad de plazas ofertadas, se crea un sistema por el que por cada tres plazas que salgan en turno libre (como se conoce al proceso de oposición normal), habrá una plaza para el cuarto turno, la fórmula por el que acceden a la carrera los juristas con experiencia en el sector y se añade esta posibilidad para la carrera fiscal. Se contempla, además, un ascenso automático al cumplir cinco años de antigüedad en el desarrollo de la carrera judicial. Por otra parte, la norma establece también un proceso de oposición como el del cuarto turno para conseguir una plaza fija y regularizar la situación de los jueces y fiscales sustitutos.

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