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JOSÉ ESTEBAN RUIZ
ALMERÍA
Domingo, 16 de diciembre 2018, 00:05
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En este último periodo anual las actuaciones llevadas a cabo por Inspección de Trabajo en la agricultura almeriense a tenor de las denuncias presentadas van en aumento. Según los últimos datos facilitados a este periódico por parte de la Subdelegación del Gobierno central en Almería, correspondientes al primer semestre del año, se realizaron 2.457 inspecciones en las explotaciones agrarias, aproximadamente 1.000 menos que en todo el año anterior cuando se alcanzaron las 2.484, una cifra similar a la de 2016.
Esas 2.457 inspecciones representan el 18,44% del total, una cifra superior a la media de las últimas cinco anualidades. No en vano, contabilizando todas las actuaciones desarrolladas por Inspección de Trabajo en el campo almeriense entre 2014 y 2017, ronda el 13% del total para el conjunto de sector. Sin embargo, en medio año de este 2018, se eleva a casi ese 20% del total.
Según los datos de la Subdelegación del Gobierno en Almería, entre enero y junio, los inspectores procedieron a determinar un total de 217 infracciones, algo menos de la mitad que en todo el año anterior, cuando se cifraron en 456. No obstante, en 2016 esa cifra fue de 272 de enero a diciembre. Concretamente este año se registró un descenso en el número de infracciones determinadas, aunque bien es cierto que en dicha anualidad se llevaron a cabo menos actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo en comparación con el año anterior. Y es que, 2015 fue el año en el que más inspecciones en fincas se llevaron a cabo. Concretamente fueron 4.137, con 385 infracciones. En la correlación número de inspecciones e infracciones, el mayor porcentaje de estas últimos se registró durante 2017, a falta de conocer todos los datos del presente año, que, hasta junio responden a una evolución ascendente.
A excepción de 2014, cuando la cifra de requerimientos a empresas agrícolas tras las inspecciones (Correcciones requeridas en los distintos aspectos laborales en pro de los empleados) apenas superó los 340, en el resto de ejercicios hasta el presente incluido, esta cifra supera los 800 requerimientos. Así, Inspección de trabajo respondió en 921 actuaciones con requerimientos a las empresas durante 2015; con 911 durante el año siguiente, en 2016; 889 requerimientos se registraron en 2017; y los primeros seis meses de 2018 ya se hicieron 846 requerimientos a las empresas inspeccionadas, según la información facilitada a IDEAL por la Subdelegación del Gobierno central en Almería.
En el apartado de inspecciones referentes exclusivamente a la prevención de riesgos laborales, entre enero y junio se llevaron a cabo 851 más del doble que en todo el año 2014 y casi duplicando las cifras al respecto de 2015, cuando se realizaron 396 y 456 actuaciones, respectivamente. Además, en comparación con los dos años anteriores, en los que se realizaron en esta materia 1.190 (2016) y 1.268 (2017), se eleva el porcentaje de casos en los que se determinan infracciones, así como en los que se procede a los oportunos requerimientos a la empresa por parte de Inspección de Trabajo. No en vano, en los primeros seis meses de 2018, se concluyeron 73 infracciones y 480 requerimientos en esas 851 actuaciones. En años anteriores, por ejemplo en 2016, las infracciones totales fueron de 49 y los requerimientos en todo el año sumaron 493. En 2017 se establecieron 84 infracciones y 490 requerimientos en materia de prevención de riesgos laborales.
Del total de inspecciones totales que realiza Trabajo un 12% de media, en los últimos cinco años corresponden a actuaciones derivadas de denuncias, según los datos de la Subdelegación del Gobierno central, en la provincia de Almería.
Comisiones Obreras y UGT en representación de los trabajadores del campo almeriense mantienen abiertas diversas líneas de actuación para tratar de que la situación laboral que tienen en las explotaciones agrarias se ajusten al convenio en todas y cada una de las condiciones que establece (salarios, horarios, prevención de riesgos, etcétera). Con Inspección de Trabajo mantienen reuniones periódicas para marcar objetivos comunes. En estos encuentros analizan las demandas, los casos que se están dando sobre el incumplimiento de convenios y condiciones en las que desarrollan su cometido los empleados en las explotaciones agrarias, tanto en invernaderos como en cultivos al aire libre. Así, determinan los cauces de las investigaciones.
«Existe un problema grande con las contrataciones en campo», aseguró Javier Castaño, secretario general del sindicato provincial de Industria de Comisiones Obreras de Almería. En esta dirección se encaminan las inspecciones que se están llevando a cabo, ya que «tienen conciencia de esta problemática».
Pero también, por su parte, cada uno de los sindicatos atiende las demandas de sus afiliados y también ayudan a aquellos que no lo son. En este sentido siguen los cauces en los que el primer paso es el diálogo con la empresa, principalmente en aquellas en las que cuenta con representación sindical. En ocasiones se llega a acuerdos, apuntó Castaño. Pero, cuando esto no ocurre, se acude a Inspección de Trabajo.
Hay casos colectivos, en los que los afectados son el grueso de trabajadores de la empresa. Pero los hay también individuales. En todos ellos, a petición de los interesados, actúan los colectivos sindicales con el fin de que los trabajadores logren regularizar la situación que les corresponde en el desempeño de sus funciones y ámbito laboral. Estas últimas, la mayoría de ellas se enmarcan en pequeñas empresas en las que el titular es el propio agricultor. «Hay numerosos casos en los que la contratación de los trabajadores figura, aunque están empleados en una misma finca campaña tras campaña, a nombre de varias personas, alternando ejercicios». De esta forma, explica Castaño, los empresarios tratan de que no conste antigüedad y otros derechos derivados de la continuidad laboral del empleado que tendrían si los contratase una misma persona todas las campañas.
Todas las denuncias que se elevan a Inspección de Trabajo, «deben estar firmadas», pero se asegura «el anonimato de la misma», explicó Castaño. A diferencia del sector del manipulado en el que gran parte de los afectados son de origen español, en el campo «todas las denuncias que hemos canalizado hasta el momento corresponde a situaciones que padecen los inmigrantes». Al menos en Comisiones Obreras, «no hemos tramitado y elevado a Inspección de Trabajo ningún caso que afecte a un trabajador nacional».
Según Castaño, «los empresarios suelen responder ajustándose al convenio con sus empleados de origen español, que la mayoría de los caso desempeñan funciones de encargados, etcétera».
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