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JOAQUÍN TAPIA
ALMERÍA
Miércoles, 3 de enero 2018, 00:48
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Recordando que las actuaciones del Ministerio siguen estando condicionadas por la situación económica, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal ha dado a conocer, el inicio de un estudio pormenorizado de las diferencias retributivas existentes entre el personal de las Fuerzas Armadas y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de informar futuras propuestas en materia retributiva.
Así lo indicó durante la última reunión ordinaria del pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, de 2017, bajo su presidencia, el pasado 21 de diciembre en la sede del ministerio.
Fueron tratados un total de 26 asuntos, 3 disposiciones del ministerio, 16 propuestas de las asociaciones profesionales de miembros de las FAS, y 7 propuestas de las asociaciones de militares retirados y discapacitados.
Las disposiciones tratadas se refieren a la ordenación del Boletín Oficial de Defensa, la adaptación de los títulos de doctor por la Escuela Politécnica Superior del Ejército y por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales y a los procesos de evaluación de la Armada, según recoge la referencia informativa del MDE sobre los asuntos tratados.
Por otra parte, continúan informando las referidas fuentes, se han debatido propuestas de las asociaciones profesionales, relacionadas con ascensos honoríficos, incompatibilidades, equiparación de complementos con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, certificaciones profesionales para el personal de tropa, jornada y horario, pluses y dietas, creación de un subsidio de jubilación o retiro, creación de nuevas plataformas de aprendizaje para facilitar la reincorporación laboral, aumento de los presupuestos de apoyo al personal o modificaciones de planes de estudio.
Las propuestas debatidas de las asociaciones militares de retirados y discapacitados (Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad y la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil), se han referido principalmente a la utilización de las residencias de mayores, la actualización del mapa de la discapacidad, elaboración de un plan integral de accesibilidad universal en las Fuerzas Armadas, el desarrollo de un programa de envejecimiento activo o la creación de una escuela de empleabilidad para el paso a la vida civil.
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