El Gobierno quiere exportar el modelo Cajamar al resto de cooperativas del país

El Gobierno de España está decidido a introducir reformas de calado también en el mercado financiero de las cooperativas de crédito. Tras la crisis bancaria -que ha llevado a decenas de grandes entidades de la banca española a fusionarse en torno a macrocorporaciones como Santander, Caixabank, Bankia, BBVA y Sabadell- el Gobierno va a implementar un desarrollo normativo para rurales y otras cooperativas que no va a afectar a la financiera almeriense pero que supone en la práctica exportar este modelo, el de Cajamar, a las sociedades cooperativas de crédito, tanto rurales como no rurales, en todo el país.

Este sistema prevé la creación de mecanismos institucionales de protección que permitan a las financieras contar con fondos de garantía privados o mutualizados que otorguen una mayor tranquilidad sobre la estabilidad del sistema. Esto ya lo hizo Cajamar para sí y para las entidades de su entorno hace casi una década, en 2009, con la creación de su Sistema Institucional de Protección, SIP, el organigrama mediante el cual se generó el Grupo Cooperativo Cajamar.

Cabe recordar que a día de hoy el Grupo Cajamar lidera el mercado financiero cooperativo y suma 20 entidades (no sólo la propia Cajamar, sino también entidades como el Banco Cooperativo de Crédito, Caixa Rural Torrent, Caixa Rural de Vila-real, Caixaltea, Caixa Rural Burriana, Caixa Rural Nules, Caixacallosa, Caixapetrer, Caixaalqueries o Caixa Rural Xilxes, entre otras).

Asimismo, a día de hoy este grupo consolidable representa el 50% del mercado financiero cooperativo de España, cuenta con más de tres millones y medio de clientes en el país y mantiene abiertas más de un millar oficinas con 5.586 empleados repartidos por 43 provincias de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y Región de Murcia, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Su tamaño y el volumen de su cartera de negocio es tan abultado que es el único negocio financiero cooperativo que ha pasado a estar directamente supervisado por el Banco Central Europeo, con sede en Francfort (Alemania) junto con los grandes bancos de todo el continente. En España son apenas una docena las entidades supervisadas directamente por el máximo organismo económico de la Zona Euro.

Dos tipos de mecanismos

El modelo propuesto por el Gobierno, que ahora tendrá que desarrollar reglamentariamente, pasa por dos tipos diferentes de mecanismos institucionales de protección. Uno de carácter normativo -que obliga a las entidades a la creación de fondos privados de garantía que se hicieran cargo de posibles necesidades de recursos por parte de las entidades y que supone una menor mutualización de los resultados- y uno reforzado, similar si no idéntico al que instauró Cajamar para sí y para las entidades de su entorno en 2009, de carácter consolidado, y que consiste en la creación de una cabecera matriz que asume las directrices de todo el grupo y mutualiza resultados.

A día de hoy, la reforma afectaría de forma directa a la treintena de cajas rurales y cooperativas independientes que han quedado fuera de la supervisión del Banco Central Europeo. Son las hermanas pequeñas del sistema financiero -y también del cooperativo-. Con ello, el Gobierno persigue otorgarles un plus de confiabilidad, que permita evitar sobresaltos.

Hasta el momento, la marcha de las cooperativas de crédito ha sido de las más estables de todo el país. Especialmente a tenor de lo ocurrido en los últimos meses con el Banco Popular, entre otras entidades. Y las fusiones -salvo en el caso de Ruralcaja, cuya problemática llevó a Cajamar a salir a su rescate y el de la quincena de rurales asociadas a esta financiera valenciana- se han llevado a cabo sin que hubieran tras de ellas serios problemas de viabilidad económica.