El Gobierno estudia «todas las vías diplomáticas» al caso del almeriense retenido en Taiwan tras un accidente

«Estamos explorando ver hasta que punto se puede llegar por vía diplomática para provocar una resolución», ha trasladado si bien ha admitido que está «estancado y que está durando más tiempo del que se suele dar en estos casos»

EP

El Gobierno estudia «todas las vías diplomáticas» para resolver la situación de Álvaro Carrión, el joven natural de Olula del Río (Almería) que permanece retenido en Taiwan tras sufrir un accidente con el ciclomotor con el que circulaba en el que falleció una mujer si bien el asunto está actualmente «estancado».

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, quien ha apuntado que se trata de un «caso muy complicado» en un país «con otras normas de funcionamiento».

«Estamos explorando ver hasta que punto se puede llegar por vía diplomática para provocar una resolución», ha trasladado si bien ha admitido que está «estancado y que está durando más tiempo del que se suele dar en estos casos».

De la Fuente ha indicado que «sigue personalmente» la evolución de la situación del joven olulense y que está en contacto con la familia «desde antes de Navidad». «Estamos trabajando coordinadamente con los padres y con la multinacional Cosentino», ha dicho en alusión al ofrecimiento de la empresa con sede en Cantoria para dar apoyo legal.

Ha relevado que, en la jornada del martes, se remitió un informe al subsecretario de Asuntos de Exteriores para «explorar las vías que pueda haber y qué acciones puede adoptar el Gobierno de España a través del vicecanciller y la embajada de Filipinas, vía Manila».

Según ha relatado Álvaro Carrión en un perfil de Facebook bajo el título 'SOS desde Taiwan', llegó a Taiwan en abril de 2018 con una estancia de investigación ya que estudia en la Universidad de Granada y el 7 de agosto se vio involucrado en un accidente de moto que «a día de hoy me tiene retenido, sin saber cuándo podré volver a España y tampoco si esto repercutirá en mi contrato con la universidad».

En el siniestro colisionó con una bicicleta conducida por una mujer de más de 75 y, según remarca, una primera resolución el atribuyó «la responsabilidad» de la muerte por «golpe en la cabeza ya que no llevaba casco» a la otra parte y alude a unos «unos videos que lo demuestran».

«Mme hicieron la prueba de alcoholemia, que dio 0,0, y me tomaron declaración en comisaría. El hijo de la accidentada me denunció por daño corporal compulso y la oficina del fiscal determinó retenerme el pasaporte a espera de una resolución», explica para añadir que esta decisión «fue debido a que la otra parte involucrada cayó en coma ese mismo día con pronóstico bastante grave y se decidió extender el proceso».

Carrión señala que «lamentablemente la mujer falleció a los pocos días» y empezó el proceso normal, por lo que se anuló «la posibilidad de una resolución rápida, lo que me obligó a quedarme aquí hasta que se determine la responsabilidad de dicho accidente y poder negociar». «Por como funciona la ley aquí, al fallecer, la parte que resulta dañada, aún teniendo ella la culpa, tiene que recibir una compensación económica», subraya.

Su relato precisa que, para tal proceso, se requiere la resolución por parte de la fiscalía ya que al fallecer la mujer se abre un proceso de investigación por muerte por negligencia. «Esta resolución, en caso de no aclararse pronto puede llegar a durar dos o tres años. No obstante, sabiendo eso, también dan la posibilidad de cerrar el caso mediante un acuerdo económico. Dicho acuerdo consta de una negociación entre las partes implicadas, en este caso yo y la familia de la mujer, con la que se acuerda una cantidad normalmente en función del porcentaje de responsabilidad», afirma.

Carrión, que circulaba sin licencia internacional de conducción, señala que, aunque la aseguradora de la empresa de alquiler de motocicletas pago hasta 63.000 euros a la familia de la víctima, esta quiere «más dinero sin atender a razones».

«En octubre entramos en contacto con el abogado de la otra parte para intentar negociar y que acabase todo. Después de una primera respuesta en la que nos dijo que la familia esperaba obtener en torno a 40.000 euros, le ofrecimos 20.000 euros pero no hemos obtenido respuesta», lamenta.

Carrión concluye que, a día de hoy, no hay «vía de escape» y que, además, se encuentra «retenido, sin trabajo, sin la posibilidad de volver a casa y también con la preocupación de poder perder mi trabajo del que llevo de baja desde septiembre».