El caso de Gabriel Cruz y la llegada de pateras disparan las denuncias de menores fugados

Un grupo de menores de edad sentados en el banco de un parque./IDEAL
Un grupo de menores de edad sentados en el banco de un parque. / IDEAL

Hasta junio se registraron en Almería más de cien casos de desapariciones de los que la mayoría tiene relación con migrantes

A. ÁMATEALMERÍA

La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional tiene entre sus competencias los casos de fuga y desaparición de menores de edad. Dos conceptos que hacen referencia a la ausencia de una persona pero difieren en cuanto a las circunstancias de la misma. «Fundamentalmente la diferencia estriba en el carácter voluntario de la fuga, mientras que en la desaparición, ese carácter voluntario no está tan claro. Cuando hablamos de desaparición es porque tenemos una serie de indicadores que nos llevan a pensar que puede serlo», explica el subinspector de la UFAM de Almería, Luis Iglesias.

En el caso de la capital -ámbito en el que el Cuerpo Nacional de Policía tiene competencias sobre esta materia- la mayoría de las denuncias por desaparición están relacionadas con fugas. Además, dadas las particularidades de la ciudad en relación a la recepción de migrantes, las protagonizadas por menores en situación de acogida en centros superan -en lo que va de año, casi duplican- a las que ocurren en el entorno familiar. En los primeros seis meses de este año, de acuerdo a las cifras que maneja la Policía Nacional, se denunciaron un total de 70 fugas de menores de edad internos en centros de acogida, 24 de ellas se produjeron durante el pasado mes de junio, coincidiendo con la llegada masiva de pateras a la costa de Almería. «Muchos de ellos se fugan horas o días después de ser acogidos», indica Iglesias, «son menores que no tienen como destino España».

En cuanto a las denuncias de menores fugados del ámbito familiar, por otro lado, se cuentan en este año un total de 36 en Almería, despuntando el mes de marzo con diez, cifra superior a la tendencia habitual y que podría estar relacionada con la desaparición del niño Gabriel Cruz en Níjar y la «psicosis» que pudo generar ante la ausencia injustificada de menores de edad de sus domicilios. Sin embargo, en estos casos «la mayoría de los menores vuelven a casa», algo que no ocurre con quienes abandonan los centros de menores cuyos expedientes, una vez que alcanzan la mayoría de edad, quedan cerrados.

Sin embargo, independientemente de si se trata de un menor desaparecido de un centro o de un domicilio, y antes de determinar si se trata de una fuga voluntaria, el procedimiento que se inicia es idéntico y comienza con una denuncia ante la Policía Nacional. Para ello, recuerda el subinspector de la UFAM, no existe un tiempo mínimo establecido sino que se puede interponer en cualquier momento tras notar una ausencia. Tras recoger la denuncia, los datos del menor se vuelcan en una base de datos de personas desaparecidas y restos humanos que funciona a nivel nacional y a la que tienen acceso los grupos especializados de todo el país. Asimismo, se realiza un señalamiento a todos los cuerpos policiales que, incluso, trascienden a nivel europeo. «Esto permite que, en cualquier momento, si un efectivo policial se encuentra un menor solo puede comprobar si está en la lista de desaparecidos, identificarlo y comunicar su localización».

Comenzadas estas gestiones iniciales, los expertos de la UFAM deben determinar si se trata de una fuga o una desaparición en base a las circunstancias que rodean el suceso. «En las desapariciones tenemos una serie de indicadores como la edad del menor, si hay reincidencia porque hay quienes se fugan habitualmente, o el motivo de la fuga porque hay casos en los que ha habido una discusión con los padres. También es muy importante saber si se ha llevado ropa, dinero o el teléfono», expone Iglesias. En cuanto al tiempo, en fugas del hogar, «suelen regresar en menos de una semana».

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