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David Roth
Almería
Martes, 20 de mayo 2025, 11:13
El Equipo del Seprona de la Guardia Civil de León ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de residuos plásticos. En el marco de la operación 'Finoplast', han sido detenidas cinco personas e investigadas otras 15 por la importación, almacenamiento y exportación ilegal de más de 41.000 toneladas de residuos contaminados.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la trama transportaba residuos agrícolas desde Francia y Portugal, utilizando para ello empresas vinculadas al sector del reciclaje ubicadas en la provincia de Almería. Allí, los residuos eran cargados en contenedores ocultos bajo balas de plástico limpio —un método conocido como 'tapadera'— para burlar controles aduaneros. Posteriormente eran trasladados a instalaciones ilegales en León y Valencia, desde donde se exportaban ilegalmente a terceros países.
La investigación comenzó a finales de 2022, cuando los agentes localizaron un vertedero ilegal en una antigua ladrillera del Bierzo, en León, con miles de toneladas de residuos plásticos. A partir de ahí, se descubrieron más instalaciones clandestinas, como la localizada en la localidad valenciana de Alberic, todas ellas sin las autorizaciones medioambientales requeridas.
El análisis de la documentación intervenida ha permitido confirmar el traslado de al menos 18.800 toneladas de residuos plásticos desde Francia y Portugal hasta España, almacenados en condiciones irregulares antes de su envío al extranjero. Parte de esta basura fue abandonada, mientras que el resto se exportó ilegalmente a países como India, Turquía, Marruecos, Malasia, Vietnam, Angola, Brasil o Emiratos Árabes Unidos, entre otros. En total, se calcula que 22.785 toneladas salieron del país de manera fraudulenta.
Fruto de las gestiones desarrolladas por el Seprona, se ha detectado la participación directa de, al menos, una empresa de reciclaje con sede en Almería que, de acuerdo a la investigación, actuaba de forma organizada junto al resto de la red. La compañía colaboraba, al parecer, en el encubrimiento del material ilegal, dificultando su detección por parte de los controles fronterizos.
Durante la operación, la Guardia Civil ha registrado cuatro empresas, sede social de 16 sociedades pantalla, inspeccionado otras cuatro y registrado dos viviendas donde se intervino numerosa documentación. También se han localizado e intervenido varios miles de toneladas de residuos en instalaciones clandestinas en coordinación con las autoridades medioambientales de Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ponferrada y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de esta misma localidad. La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para el cabecilla de la trama y ha emitido 21 órdenes europeas de investigación, que han facilitado las actuaciones de la Guardia Civil en territorio nacional.
Además, se ha trabajado simultáneamente en Francia y Portugal en colaboración con Eurojust y Europol, así como con la Gendarmería Nacional Francesa, la Policía Judiciaria Portuguesa y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona.
La operación ha contado con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta de Castilla y León, y diversas unidades especializadas de la Guardia Civil en León, Valencia, Almería y Tenerife.
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