«Hacen como si no existiéramos, solo queremos una vivienda digna»

Desconcierto, dudas y preocupaciones. No había marcha atrás en la evacuación y las emociones iban agolpándose con el paso de los minutos en cada uno de los inquilinos porque se les avecinaba un futuro, cuanto menos, incierto y sin soluciones. Esas que llevaban pidiendo desde el momento en el que se autorizó el desalojo para proceder a las obras del soterramiento del AVE.

Algunos no perdieron el tiempo en sacar sus pertenencias. Entre ellas, mascotas y enseres de alto valor sentimental. Otros sí se tomaron su tiempo porque en cuestión de minutos era imposible sacar los sillones, las lavadoras o muebles y objetos que han dado forma a su lugar más preciado durante décadas: su hogar.

Al menos siete familias de la calle Ferrobús se vieron obligadas a desalojar su vivienda después de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) consiguiera la aprobación judicial para proceder a sacar a los residentes de la zona. Toda vez que la defensa de los afectados trataba de paralizar el desalojo por considerarlo ilegal dado que «ha pasado un mes y no dos, que fue el tiempo establecido para poder desalojar», trasladaba a IDEAL Antonio Molina, abogado de las familias.

Lucián Brisán, vecino de la calle Ferrobús y portavoz de las familias afectadas, explicaba entre lágrimas a IDEAL que este desalojo «no tiene vuelta atrás», sin embargo, afeaba que «no se hayan respetado los trámites legales, nos mandaron un aviso que no nos dio tiempo a recogerlo». Esta evacuación ha generado estrés y ansiedad a los residentes de Ferrobús, «hay madres con niños llorando, vamos a ver qué va a pasar ahora, seguiremos luchando con la justicia», sentenciaba.

«Hay personas muy nerviosas, que es lo normal, pero todo se está haciendo con tranquilidad...», señalaba el portavoz, una situación que más tarde se corroboró al concluir de forma pacífica. Lo que más preocupaba a los afectados era que no había un plan B porque «no pueden permitirse» el acceso a una vivienda de alquiler que igualara los precios que actualmente estaban pagando en la calle Ferrobús. «Es un problema, ¿sabes? Adif sabe desde el primer día que hay inquilinos vulnerables, el valor de lo que nos daban no se ajusta a la realidad», consideraba Lucián, visiblemente afectado por la situación mientras veía como una decena de furgonetas del Cuerpo Nacional de Policía cubrían la zona que en cuestión de horas comenzó a ser derrumbada.

Además, esta estampa llamó la atención de los viandantes que por allí circulaban, dado que el puente de la avenida del Mediterráneo –otro elemento que pasará a la historia en los próximos meses– ofrecía una panorámica de las casas que están dentro del proyecto del soterramiento del AVE que llegará a la ciudad de Almería, si los plazos se mantienen, para el 2026.

Aunque los ánimos estaban por el suelo y el desalojo era inevitable, consideraban que «desde Subdelegación del Gobierno me habían dicho que se iba a valorar bien pero se han hecho los trabajos fatal. Llevo 20 años en el barrio, si me obligan a irme qué menos que con una cantidad que se ajuste a la realidad. Es imposible acceder a un alquiler actualmente», detallaba, «estamos viviendo un momento determinante porque algunos no tienen donde ir y solo nos queda pedir que se cumplan nuestros derechos, porque luchamos y nos encontramos con gente que pasan de nosotros y actúan como si no existiéramos», sentenciaba.

A la zona se acercó Alejandro Lorenzo, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Almería, a dar apoyo y lamentaba que, a pesar de aprobarse la moción en el Pleno, «no se haya hecho absolutamente nada por ayudar a estas familias». En su intervención, el portavoz del partido aseguraba que seguirá luchando para que «las familias tengan una alternativa habitacional digna y adecuada. Ellos no quieren dinero, quieren un alquiler que puedan pagar, creo que es una petición coherente y la apoyamos».

«Pedíamos en la moción que el Ayuntamiento de Almería mediara, que le pidiera al Gobierno que propusiera fondos o recursos para que el Ayuntamiento o Junta de Andalucía -autoridad que ellos consideraran competente- dotara a las familias con una alternativa habitacional y lo que nos hemos encontrado, lamentablemente, es una negativa», zanjaba Lorenzo. Finalmente, valoró que este desalojo es una situación que «era totalmente evitable y el Gobierno central no ha tenido voluntad en ningún momento, intentaremos buscar alguna alternativa para estas familias».

El operativo del desalojo ha afectado a un edificio que constaba de 40 viviendas y cuya titularidad ha sido adquirida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de un expediente de expropiación forzosa «tramitado con todas las garantías legales».

Desde Subdelegación del Gobierno apuntan a que las personas que tenían algún derecho sobre las viviendas afectadas han sido abonadas «en concepto de indemnización» con la cantidad «correspondiente según la normativa vigente». Además, el plazo del desalojo voluntario, previsto para marzo y abril de 2024, terminó «sin el abandono de los inquilinos».

No obstante, subrayan que el juez autorizó el desalojo forzoso instado por Adif, el pasado 19 de diciembre de 2024 bajo la autorización del magistrado de lo Contencioso Administrativo del Juzgado número 1 de Almería.

El Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería ha prestado asistencia a familias y animales en el desalojo de esta zona de la capital. Al finalizar este desalojo, los operarios de Adif, que también han ayudado a los inquilinos a sacar sus enseres, han procedido a la demolición del edificio, ya completamente vacío.