Cortan una carretera para que la Junta regularice la situación de sus casas de VPO

Casi un centenar de ciudadanos bloqueó ayer un carril de la carretera de Granada en protesta por su «desahucio» en las casas que ocupan en Torrecárdenas. /S. G. H.
Casi un centenar de ciudadanos bloqueó ayer un carril de la carretera de Granada en protesta por su «desahucio» en las casas que ocupan en Torrecárdenas. / S. G. H.

La Hermandad Gitana reúne a casi un centenar de personas contra la decisión de VARA de «desahuciarles» de unas casas que ocupan fuera de la ley

Sergio González Hueso
SERGIO GONZÁLEZ HUESOALMERÍA

La carretera Granada en dirección al cementerio permaneció ayer cortada al tráfico por dos horas debido a la celebración de un acto de protesta convocado por la Hermandad Gitana en el que participó casi un centenar de personas. El motivo fue su malestar contra lo que vinieron a llamar un «incumplimiento» de la Administración autonómica, cuyos representantes se habrían levantado de la mesa de negociación en un tema que desasosiega a estos vecinos. La situación de incertidumbre en la que están hoy sumidas unas 40 familias en el barrio de Torrecárdenas, concretamente en la conocida como zona de los Apóstoles.

Allí existe desde hace ya unos años una promoción de vivienda pública de la Junta de Andalucía. En este tiempo estos domicilios han sido traspasados al margen de la legalidad por familias en su mayoría de etnia gitana y en riesgo de la exclusión social. Estas llevan desde hace unos meses preocupadas debido a la determinación de esta administración de poner en orden todas estas viviendas, que deben ser habitadas en función de una lista de adjudicación que actualmente no se estaría respetando. Y de ahí que a estas personas les haya llegado un comunicación oficial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) informándoles del inicio del expediente para su desahucio.

Aunque este proceso no se producirá de forma inmediata, los vecinos protestaban ayer para que estos procedimientos se resolvieran a su favor, pues los afectados «son nacidos y criados en esta barriada», explicaba ayer a IDEAL Tomás Santiago, portavoz de la Hermandad Gitana, entidad que está apoyando esta reclamación. Según dijo, en los Apóstoles se han transferido casas «de padres a hijos» y lo único que se pretende es que «se regularice la situación de estas personas haciéndoles figurar como propietarios y que después paguen el alquiler social que corresponda», señaló.

El problema es que la Junta «no nos deja otra salida que protestar», explicó Santiago, al referirse a la postura «cerrada» de una administración que tiene claro que la ley está para cumplirla. Tras recordar que los afectados viven en situaciones precarias y que echarlos supondría «romper la convivencia actual», Santiago dejó claro que seguirán peleando si no se retoman las negociaciones. Por el momento ya anuncian que recogerán firmas y harán entrega de varios escritos en las delegaciones de gobierno. Y si ni aún así les hacen caso, ya avisan de que no pondrán nada fácil el acto de desahucio. «Sería una guerra si nos echaran», advirtió.

Desde la Junta de Andalucía tienen claro que en los casos de ocupación sin título, no ocupación, o uso indebido de estas viviendas, la Agencia AVRA tiene que actuar «porque estas viviendas son un bien de todos y lo contrario supondría amparar conductas al margen de la legalidad, abuso de derecho y perjuicio para las familias que, a pesar de su situación desesperada de exclusión social, respetan escrupulosamente el procedimiento establecido para acceder una vivienda pública».

A través de un comunicado aclaran que los desalojos previstos están fundamentados cuando las viviendas se ocupan sin título, es decir, «sin respetar el proceso de adjudicación que establece la legislación vigente y vulnerando por la vía de los hechos el procedimiento legalmente establecido para la adjudicación de viviendas públicas». En todos estos casos «hay que actuar para preservar los derechos de esas otras familias que sí respetan las normas y aspiran a una vivienda pública a través de los cauces establecidos», señalan.

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