Consumo lanza un plan para 'cazar' la comida para llevar sin garantías

La Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Consumo, pone en marcha la 'Campaña de inspección sobre productos sin envasar' que supervisará el debido cumplimiento de la normativa vigente en los establecimientos que venden este tipo de productos para asegurar la protección de los consumidores en relación con la información alimentaria.

En concreto, esta campaña vigilará que la información alimentaria de estos establecimientos sea precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor; de igual modo, no debe inducir al error sobre las características del alimento, particularmente, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, país de origen o lugar de procedencia, y modo de fabricación u obtención.

En la campaña, de ámbito nacional, se verificará la correcta cumplimentación, tanto del etiquetado y del producto como de la cartelería utilizada y de la publicidad. De igual modo, se adoptarán las medidas correctoras o sancionadoras en el caso de que sea necesario por parte de los servicios provincias de Consumo.

En Andalucía, las actuaciones se realizarán por todos los Servicios Provinciales de Consumo con la realización de un muestreo de 54 establecimientos que venden comida «lista para llevar». Por provincias, Almería tiene previsto controlar 6 establecimientos; Cádiz, 6; Córdoba, 6; Granada, 8; Huelva, 6; Jaén, 6; Málaga, 8 y Sevilla, 8.

Consumo responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página www.consumoresponde.es, del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es; y de los perfiles de Twitter (@consumoresponde) y Facebook (www.facebook.com/consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los servicios provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.

Plan anual

Consumo tiene previsto inspeccionar 2.450 establecimientos comerciales durante 2022, entre los que se encuentran los de venta de productos alimentarios, y, dentro de ellos, los mercados de abastos; los de venta de productos no alimentarios; y los que ofrecen servicios a los consumidores y usuarios. Se encargan de su ejecución todos los servicios de Consumo de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias en cada provincia, y el fin es comprobar el cumplimiento de la normativa vigente, aplicable a cada categoría de establecimiento.

De este modo, las diferentes campañas tienen como referencia normativa básica una veintena de leyes y decretos que afectan a los establecimientos de forma directa, en ámbitos como las condiciones de contratación, competencia desleal, garantía de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, hojas de quejas y reclamaciones, o el control meteorológico administrativo sobre determinados instrumentos de medida.

En esta campaña de Inspección y Control Básico de Establecimientos 2022 se controlará, entre otras cuestiones, la existencia de hojas de reclamaciones; la trazabilidad de los productos que se ofertan a los consumidores; la comprobación general de precios, incluyendo la publicidad de los mismos y la información sobre el Precio por Unidad de Medida; la expedición de factura o justificante de pago, con sus datos obligatorios; y la inspección de establecimientos que utilicen balanzas.

En la campaña correspondiente al ejercicio 2021, se llevaron a cabo 2.963 actuaciones inspectoras en 1.829 establecimientos visitados en Andalucía, frente a las 647 actuaciones y 466 establecimientos en 2020. 288 casos resultaron con actas positivas tras haberse detectado algún tipo de incumplimiento, lo que supone un 9,7% del total.