El Consejo de Ministros mutila el Trasvase y aplicará un duro recorte para el Levante

A pesar del dictamen del Consejo de Estado, que recomendaba hacer compatibles los caudales ecológicos con el Trasvase, la ministra Teresa Ribera no varió su hoja de ruta y especficó en rueda de prensa que, «en el peor escenario», habrá una reducción del envío de agua al Levante que oscilará entre 70 y 110 hectómetros cúbicos en el horizonte del año 2027. Indicó que esta merma se prevé compensar con 140 hectómetros correspondientes a la desalación. Como temían los regantes y las Mesas del Agua del Levante, la ministra ha hecho oídos sordos a su reivindicaciones y aplicará su plan a rajatabla para reducir el Trasvase y aumentar la desalación.La subida de los caudales y el recorte del Trasvase será una realidada a partir de la publicación en elBOE, frente al paquete de promesas y medida por ejecutar del Ministerio,

El recorte representa una reducción del 40% de las transferencias del agua del Tajo para el regadío de la cuenca del Segura. Los regantes discrepan de la oferta de desalación, ya que consideran que los recursos adicionales reales, sobre la producción que ya existe, no llegarán a los 40 hectómetros para los cultivos, según el Plan de Cuenca del Segura.

La ministra ha dejado en papel mojando un acuerdo previo con Ximo Puig (presidente valenciano) y José Vélez (delegado del Gobierno en Murcia) para amortiguar el impacto en el Trasvase. Mientras que los regantes se manifestaban a las puertas de La Moncloa, Teresa Ribera explicó que el caudal mínimo se incrementará en el Alto Tajo de 6 a 7 metros cúbicos por segundo durante los tres próximos años. A partir de 2026 subirá a 8, y en 2027 a 8,6, como recoge el plan del Tajo. El texto del real decreto por el que se aprueba la mayoría de planes de cuenca pasará al BOE para su aplicación inmediata. La redacción recoge algunos cambios que no altera el objetivo el Gobierno de Pedro Sánchez. La novedad es que se elaborará en un plazo de 18 meses un nuevo sistema de cálculos de los caudales ecológicos, como proponía el Consejo de Estado.

La vicepresidenta consideró que hay tiempo para disponer de «recursos adicionales» en el Levante a través de la desalación principalmente. Expuso que con las medidas alternativas se pueden obtener 140 hectómetros los próximos años. «Es un volumen superior al agua que como muchísimo se dejaría de trasvasar», apostilló. «No se puede controlar lo que llueve, pero sí lo que se desala», dijo. «Alicante, Murcia y Almería tendrán agua», apostilló.

Teresa Ribera expuso el paquete completo de su plan para sustituir el agua del Tajo por agua desalada y manifestó en rueda de prensa que existe «un compromiso total del Gobierno con el Levante», que considera la zona con las «cuencas más secas» y requieren inversiones adicionales. Apostó por una gestión integral de los recursos, ya que a su juicio no puede ser que por «una mala gestión», resulte más barata el agua de los acuíferos que la desalada. La nueva planificación nacional incluye una inversión de más de 22.000 millones de euros.

Recordó que a consecuencia del cambio climático se han reducido las aportaciones de agua en un 12%, y que las proyecciones hasta 2050 muestran una disminución adicional del 14 al 40%. Consideró que hay que anticiparse y «asegurar la disponibilidad de agua en las zonas con mayor riesgo». Apuntó que por vez primera se fijan caudales ecológicos en el Tajo, el río más caudaloso, los cuales pretenden aplicar de forma que «no suponga ningún riesgo para la disponibilidad de recursos suficientes en la cuencas receptoras» del Trasvase. Teresa Ribera señaló que el Gobierno no quiere que haya una «carga inasumible» a los agricultores por lo que habrá un precio tope de 34 céntimos para el agua desalada. Dicha tarifa es un precio base ofrecido por el Ministerio, pendiente de que los regantes acepten y firmen los convenios con Acuamed. El aumento de la desalación con energía fotovoltaica y la interconexión de las plantas supondrán 547 millones de euros.

Araíz de las objeciones el Consejo de Estado, elMinisterio ha introducido una nueva disposición para que en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor del decreto, el Ministerio apruebe una orden que actualice la instrucción de planificación hidrológica. «En particular, la orden fijará los criterios técnicos y metodologías para la determinación de los caudales ecológicos para el conjunto de las demarcaciones hidrográficas, con las especificidades que se requieran», señala el texto.

Se trata de una concesión a Ximo Puig, aunque existen dudas sobre qué conscuencias prácticas tendría en la subida programada de caudales, ya que cualquier revisión se deja para el siguiente ciclo de planificación. El decreto especifica asimismo que habrá un seguimiento detallado del es ado de las masas de agua, y que se analizará «el impacto de los caudales ecológicos sobre las cuencas receptoras de Trasvase», teniendo en cuenta las medidas de la CHS para mitigar los efectos.