Condenan a una abogada y a un gestor de Almería por hacer falsos contratos a inmigrantes para pedir la residencia

Ambos se lucraban de esta actividad sin que los inmigrantes pudiesen llegar a conseguir la residencia y desconociendo que estos contratos eran falsos

EFE ALMERÍA

El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha condenado a penas de 18 meses de prisión a una abogada y a un gestor que se concertaron para elaborar falsos contratos de trabajo con los que solicitar permisos de residencia.

La sentencia recoge que la acusada, abogada especializada en la tramitación de expedientes de extranjería, contactó con el segundo procesado, un gestor administrativo, para realizar contratos y precontratos con extranjeros con el fin de obtener permisos de residencia.

La juez afirma que se pusieron de acuerdo para que el gestor formalizase contratos de trabajo falsos a inmigrantes utilizando los datos que tenía de las empresas de sus clientes, que luego eran facilitados a la letrada a cambio de unos 2.300 o 2.500 euros.

Posteriormente, la procesada se encargaba de tramitar las solicitudes de residencia cobrando a los extranjeros por ellos.

Subraya la juez que ambos se lucraban de esta actividad sin que los inmigrantes pudiesen llegar a conseguir la residencia y desconociendo que estos contratos eran falsos debido a que los acusados eran unos «profesionales» y confiaban en que «todo era correcto».

La magistrada refleja en el fallo dos casos concretos, el primero de ellos ocurrido el 10 de abril de 2015, cuando la abogada presentó en la Oficina de Extranjeros de Almería una solicitud de residencia de trabajo y residencia por circunstancias excepcionales para un magrebí, incorporando en la misma uno de los falsos contratos elaborados por el gestor con los datos de uno de sus clientes.

Asegura la juez que en esta ocasión la letrada cobró 2.000 euros al magrebí, que acordó abonar otros 1.000 euros cuando comenzase a trabajar, «lo cual no sucedió al tratarse de un contrato simulado».

El segundo caso, prácticamente idéntico al anterior, tuvo lugar el 7 de abril de 2015. En este caso, el extranjero en cuestión pagó a la procesada 1.700 por una operación que concluyó de la misma forma que en el caso previo.

Por estos hechos, la abogada y el gestor han sido condenados a por sendos delitos continuados en documento oficial en concurso medial con delitos continuados de estafa a penas individuales de 18 meses de prisión.

También les han sido impuestas multas de 7 meses a razón de 3 euros al día y se les inhabilita para ejercer su profesión durante 21 meses.

No obstante, la pena de cárcel ha sido suspendida durante dos años a condición de que no delincan en este periodo.

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