El centro de detención del puerto suspende en infraestructuras y atención al migrante

Durante su visita realizada en noviembre del pasado año, los técnicos del MNP calificaron con distintos códigos de color (rojo, amarillo y verde) las distintas prestaciones que recibieron los migrantes llegados a Almería. En total, de los quince items analizados, solo dos, lograron aprobar el análisis. En concreto, se trata de la entrega de ropa y calzado y la declaración por videoconferencia que fueron considerados «cumplidos o atendidos de manera suficiente».

Con «cumplimiento parcial o incompleto» se calificó la atención médica inicial, mientras que el resto de aspectos se consideró que no cumplían «de manera adecuada» las exigencias. Estos ámbitos en los que el centro almeriense fue considerado suspenso abarcan áreas como la asistencia psicológica, el acceso a telefonía móvil, la información adecuada del contenido de los derechos de la persona detenida, la información efectiva sobre protección internacional o sobre trata de seres humanos, la intervención en las llegadas de otras administraciones públicas o la intervención de personal especializado en interculturalidad e idiomas. También suspendió el MNP las propias instalaciones ubicadas en el puerto.

Unas dependencias que el análisis de este organismo concluye que no están dotadas de los «servicios mínimos imprescindibles para un periodo de detención de 72 horas» ya que los internos deben dormir en colchonetas en el suelo «por supuestas razones de seguridad». En este ámbito, además, señalan cómo «estas dependencias carecen de calefacción, lo que resulta preocupante especialmente en los meses invernales, dada la proximidad del mar».

No se pudo evaluar desde esta entidad dependiente del Gobierno central, por otro lado, si la asistencia jurídica individualizada es la correcta o el trato de los menores, solos o acompañados por sus madres. Eso sí, tras la visita realizada a Almería confirmaron que «no se está prestando» la atención inmediata en caso de que se rescate a personas que pueden ser menores de edad, algo que debería «garantizarse» independientemente de que esta circunstancia «resulte o no indubitada».

Describe esta memoria, asismimo, que la asitencia jurídica se prestaba por videoconferencia, «sin la presencia física del titular del órgano judicial competente y del representante del Ministerio Fiscal», algo que «no puede considerarse adecuado» por la «vulneración de las normas» relativas a la prestación de asistencia letrada gratuita así como por la «deshumanización que conlleva para la persona privada de libertada».

Por otro lado, recoge el hecho de que en casos como Motril o Almería, «las brigadas locales de seguridad ciudadana se encargan de la custodia de estas personas», cometidos que «distan mucho 'a priori' de las necesidades de estas personas». Ante estas circunstancias, recomiendan «que personal especializado se hiciera cargo de estas personas, dadas las precarias condiciones de todo tipo en las que llegan». A ello se une, según publica este informe, que en poblaciones de reducido tamaño «la activación de este personal disminuye ostensiblemente su seguridad».

Asimismo, los técnicos del MNP supervisaron uno de los operativos de repatriación a Argelia de personas que se encontraban en Archidona -recluidos en la prisión acondicionada como Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE)- y que se materializó en la devolución de 40 ciudadanos de aquel país en un barco que partió de Almería y que, en este caso, no presentó incidencias «significativas».