La defensa de Quezada se basa en un arrebato criminal

El abogado, durante su alocución/EFE
El abogado, durante su alocución / EFE

Esteban Hernández Thiel recuerda que ninguna pericial contradice de frontal la versión que trasladó Quezada el mismo día en el que declaró ante la instrucción

MIGUEL CÁRCELES y ALICIA AMATEAlmería

Ana Julia Quezada actuó «presa de la ira» y «sin medir las consecuencias de su acción» cuando la tarde del 27 de febrero dio muerte al pequeño Gabriel Cruz, de ocho años de edad. El letrado que defiende a la acusada, Esteban Hernández Thiel, ha subrayado durante casi una hora de alegato final del juicio que Quezada no tenía la pretensión de acabar con la vida del pequeño sino que se trató de una situación sobrevenida al intentar acallarlo. Ha admitido, Hernández, que la acusada debió saber que de mantener la presión sobre la boca y la nariz del pequeño podía matarlo por asfixia. Y por eso argumenta que su defendida cometió un homicidio y no asesinato.

«Las pruebas apuntan a una actaución imprevista, no meditada, no planificada, y ejecutada de la manera más chapucera», ha indicado el letrado antes de mencionar que más allá de la sofocación, la tesis que defendieron ayer como causa mortal los forenses, un plan podría haber sido mejor ejecutado. Además, insistió, la versión de las periciales de la investigación coinciden con el relato reiterado de la acusada.

Hernández subrayó asimismo que Quezada no quiso infligir más daño a los padres sino que, en su lugar, actuó bloqueada por los hechos y «bajo los efectos de medicación ansiolítica». Razón que le habrían llevado a «continuar ocultando» los hechos hasta que se le detuvo en Vícar el día 11 de marzo con el cuerpo del niño en el maletero. Esto sería un atenuante para el presunto delito de lesiones psíquicas hacia los padres, contemplado por la Fiscalía y por la acusación particular.

El letrado ha insistido en que no se pueden extraer conclusiones sobre los hechos materiales a partir «de su vida anterior», de sus relaciones sentimentales o del trato que mantenga con sus familiares. «Ruego que consideren los elementos de prueba practicados aquí (...) es perfectamente factible lo que ella confiesa», ha subrayado.

El letrado de la defensa solicita tres años de prisión por homicidio por imprudencia grave y, subsidiariamente, otro de homicidio por dolo eventual. Esto es: si se considera inverosímil o infactible la primera de las penas, se solicita que se sopese la segunda de las propuestas. Esto auguraría entre 3 y 15 años de prisión.