La Audiencia rechaza un uso fraudulento de tarjetas de gasoil de vehículos municipales de Garrucha

En un auto notificado el pasado 3 de julio, la Sección Segunda atiende el informe efectuado por la Policía Judicial en el que se señala que «si bien sí se aprecia una falta de control y fiscalización de gastos, son meras irregularidades administrativas no deduciéndose ilícitos penales».

La resolución, consultada por Europa Press, da cuenta en base a la investigación policial seguida desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Vera de una cierta «falta de control» en los repostajes por parte de los trabajadores de las estaciones de servicio, ya que «en alguna ocasión se repostaron vehículos que no se correspondían con la tarjeta de repostaje empleada».

Asimismo, observa que en otras ocasiones «se han usado vehículos particulares por miembros del Ayuntamiento de Garrucha para funciones relacionadas con sus labores en el Ayuntamiento», de manera que «si bien no puede descartarse el uso de las tarjetas de repostaje para uso particular, no existen imágenes, declaraciones, grabaciones que lo justificaran».

En este sentido y ante la ausencia de «indicios claros y evidenciadores de delito», el tribunal rechaza mantener abierta la investigación, ya que ello además podría «dar lugar a una pena de banquillo que se quiere evitar» para así no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de la investigada.

De otra parte, el tribunal considera que desde el Ayuntamiento se ha dado información suficiente para esclarecer el caso, ya que dicha la misma documentación ha permitido al Ministerio Fiscal dictar un decreto en el que solicitaba el sobreseimiento.

El auto ratifica la decisión de la juez instructora, que en febrero de este año ya concluyó que no era posible determinar «la existencia de indicios de comisión delictiva ni tampoco, de existir delito, la identidad de los presuntos responsables» en base a los informes realizados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial para determinar si se produjo un uso indebido de los fondos municipales a través de las tarjetas conforme a la denuncia.

La justicia «pone las cosas en su sitio»

Desde el PSOE de Garrucha han valorado este pronunciamiento tras «tres años de denuncias infames» por parte del concejal «tránsfuga» Álvaro Ramos y la «connivencia», según consideran, del alcalde de Garrucha, Pedro Zamora (PP) y su partido, de manera que «la justicia, otra vez más, ha puesto las cosas en su sitio».

«Han sido tres años de mentiras, denuncias, calumnias, de hacer daño a nuestra compañera María López y a los compañeros concejales del PSOE de Garrucha», han trasladado a través de sus redes tras celebrar el archivo del caso 'Gasoil'. «La mentira gana bazas, pero la verdad gana el juego», han recalcado.

Así, han achacado las acusaciones de Ramos a «una triste historia de ambición política, de odio y rencor para llegar al Ayuntamiento a cualquier precio», cuestión en la que han incluido también al alcalde, de quienes creen que «Garrucha poco les importa».

«El daño que han hecho a muchas personas honradas, honestas y a sus familias, ya no se puede reparar. Servidores públicos intachables sobre los que un día sí y otro también se han vertido calumnias y mentiras por un personaje que ha metido el virus del odio y el rencor en la sociedad garruchera», han señalado antes de pedir a los vecinos que «tomen buena nota» y «vuelvan a la senda de la buena armonía, respeto y amistad».

«Repostajes excesivos»

La denuncia interpuesta por el concejal Álvaro Ramos señalaba una serie de «presuntas irregularidades» en el uso de las tarjetas de combustible asociadas a vehículos municipales de Garrucha ante el «repostaje excesivo» para algunos de ellos, como una barredora «con una capacidad de 40 litros» la cual habría tenido asignadas dos tarjetas con las que se habrían facturado «repostajes por importe superior a la capacidad de combustible del depósito».

La misma denuncia advertía de la presunta facturación de repostaje por gasolina sin plomo para vehículos de motor diesel y viceversa o de carga de carburantes en «puntos geográficos lejanos del término municipal de Garrucha sin justificación aparente», sin que desde el Ayuntamiento se llegara a facilitar información al respecto.

La investigación encargada por el juzgado no pudo determinar la existencia de indicios delictivos, dado que, entre otras cuestiones, las tarjetas de combustible «se asignaban a vehículos y no a personas, estando a disposición de un número indeterminado de éstas».

«El transcurso del tiempo impide, a su vez, la posibilidad de acordar diligencias de investigación útiles para esclarecer los hechos, a lo que se une lo manifestado anteriormente en cuanto a la imposibilidad de identificar a las personas que utilizaron las tarjetas de combustible», determina la juez.

Asimismo, de los informes se desprende la «imposibilidad de concretar irregularidades relevantes en el uso de las tarjetas de combustible» pese a que sí se apreciaba «una falta de control y fiscalización de gastos». En este sentido, la resolución judicial, contra la que cabe recurso, reserva las posibles acciones al ámbito administrativo, conforme también considera el Ministerio Fiscal, ante lo que sería, en su caso, una «falta».