Almería registra al menos 41 agresiones a guardias civiles en 2025

Estas cifras, aportadas por los servicios jurídicos de Jucil Almería, apuntarían a un incremento con respecto al 2024, cuando, al cierre del año, se notificaron 46, esto es, al menos una a la semana. Rafael Maldonado, secretario provincial de la entidad, expone que «es necesario que se nos considere profesión de riesgo, esta agresión se podría haber evitado con la dotación de pistolas táser». De hecho, recuerda que, hace varios días, en Roquetas de Mar tuvo que disparar con este arma «a un individuo que estaba generando una situación peligrosa».

«¿Quién defiende a los que nos defienden?», se cuestionan desde la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) que ha reclamado la dotación de «armas no letales, como el táser». Víctor Vega, secretario general de la entidad, insiste en que «una vez más los agentes carecen de medios adecuados para actuar en situaciones de extrema violencia». Esta situación, ya la denunciaban a comienzos de agosto, cuando expusieron mediante un comunicado «las agresiones físicas a guardias civiles», que «aumentaban considerablemente» en época estival. «Exigimos a los responsables políticos que los guardias civiles sean considerados como 'profesión de riesgo'», reivindicaban.

Estos episodios –recalcan– se deben por «la falta de medios activos como puede ser en estos casos de agresividad extrema de disponer de pistolas tásers con las que proteger a los guardias civiles y ciudadanos».

Y hace apenas una semana, la Guardia Civil detenía en Roquetas de Mar a un hombre acusado de agredir a una pareja de agentes a la que se resistió cuando era detenido tras ser identificado en las inmediaciones del domicilio de su exmujer. El presunto agresor fue interceptado a pocos metros del inmueble y habría mostrado una actitud «violenta», negándose a ser identificado. Al tratar de practicar su arresto, se habría revuelto contra los agentes y les habría agredido, llegando a morder a uno de ellos en la mano izquierda.

También en Roquetas de Mar, a comienzos de julio, un agente sufrió una fractura de mandíbula y una contusión cráneo-facial múltiple así como lesión ocular al mediar para que unos jóvenes dejasen de molestar a una persona mayor.

En situaciones similares se vieron enfrascados dos agentes en Vícar, cuando fueron agredidos durante el transcurso de una actuación en una reyerta con armas blancas en la avenida del Genil. Entonces, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) lamentaba que «el incremento de las agresiones que venimos sufriendo ya no admite más demoras y las soluciones no hay que buscarlas porque ya se conocen, si no se toman las medidas correspondientes es por dejadez de los responsables o, peor, porque nuestras vidas no les importan».

Otro de los episodios de este verano también la vivió una pareja de agentes del Instituto Armado cuando un detenido les atacó «por falta de climatización en un furgón policial». Así, son múltiples los incidentes que las asociaciones vienen denunciando para poner remedio a la violencia que sufren.

Por su parte, el portavoz nacional de Independientes de la Guardia Civil (IGC), Daniel Fernández, ha indicado tras la agresión de Garrucha que es «sumamente necesaria» la dotación urgente de «armas no letales, como el táser, y más recursos de protección para todos los agentes». Además, ha indicado que es necesario que la Guardia Civil disponga de «herramientas eficaces que garanticen la seguridad de los agentes y de los ciudadanos».

De hecho, insiste en que «cada vez los guardias civiles sufrimos más agresiones, y todavía seguimos sin ser reconocidos como profesión de riesgo».

Las sanciones

El Ministerio del Interior, sin embargo, no recoge el número de detenidos por atentado o resistencia y desobediencia a los agentes en el ejercicio de sus funciones. De cualquier otra forma, se pueden observar las infracciones graves y leves a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la Ley Orgánica por hechos relacionados con la Seguridad Ciudadana (LOPSC), conocida como 'Ley Mordaza', hasta finales de 2023. A falta de actualizar los datos, la rama de Grande-Marlaska engloba 799 sanciones de carácter grave por la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en la provincia.

Para estas multas el Estado ha recaudado 535.915 euros, es decir, unos 670 euros de media por persona. En cuanto a las infracciones leves, los agentes hangenerado 829 sanciones con una recaudación estatal de 139.354 euros. Fue en 2020, justamente en el periodo del confinamiento por la covid-19, cuando se pusieron 5.307 denuncias por infracciones graves, la cifra más alta en la última década; en 2021, fueron 1.201 infracciones leves las que se cometieron en la provincia, la más alta.