Alemán niega prebendas en la trama de Poniente y pide salir del juicio absuelto y sin cargos

José Alemán, exinterventor municipal en el Ayuntamiento de El Ejido y uno de los principales investigados en el Caso Poniente./IDEAL
José Alemán, exinterventor municipal en el Ayuntamiento de El Ejido y uno de los principales investigados en el Caso Poniente. / IDEAL

Considerado uno de los 'cerebros' del presunto entramado, el funcionario ejidense se cree víctima de una «investigación prospectiva generalizada»

Miguel Cárceles
MIGUEL CÁRCELES

José Alemán, exinterventor del Ayuntamiento de El Ejido, fue detenido el 20 de octubre de 2009 en el marco de la mayor operación anticorrupción jamás desplegada en la provincia de Almería: la Operación Poniente. Sin embargo, lejos de lo que han venido observando durante la instrucción del caso tanto la Fiscalía como los distintos jueces que se han ido sucediendo en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, él se considera víctima de una investigación «prospectiva» y «generalizada», parcialmente prescrita (en los presuntos delitos fiscales) y construida sobre «basamentos falsos».

El letrado de la defensa de Alemán, el abogado granadino Pablo Luna -que ha prestado asistencia legal, entre otros, al exalcalde de Granada José Torres Hurtado, o la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe- considera «totalmente incierto» que su defendido, uno de los ejes sobre los que pivotaría la presunta trama corrupta de El Ejido según la investigación, cobrase comisiones ilegales a ninguna de las empresas sometidas a indagación en el Caso Poniente. Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción cifró en su escrito de acusación el global del presunto saqueo en 71 millones de euros del Consistorio ejidense, a los que habría que sumar 29 millones que se habrían dejado de ingresar en forma de impuestos a la Hacienda pública.

El juez instructor detalló en el auto mediante el cual daba carpetazo a la investigación (en junio de 2016) el papel de Alemán y, muy especialmente, de su empresa Sistemas de Dirección. A su juicio, dicha mercantil adquiere «fundamental importancia» en la presunta trama de Poniente al tratarse de una empresa «pantalla» que habría servido para conseguir ingresos de 7,23 millones de euros por supuestos asesoramientos a empresas que bien contrataban con el Ayuntamiento de El Ejido, bien subcontrataban con Elsur (donde él era consejero).

Si bien estos ingresos se facturaban por supuestos asesoramientos, el juez que ha dirigido la última parte de la investigación estima que «en realidad» eran ingresos por «cobro de comisiones ilegales» de parte de los beneficiarios de contratos con Elsur o con el Ayuntamiento. Añade, el instructor, que «los cobros derivan principalmente» de empresas «beneficiarias de contratos municipales» y que se habrían conseguido «aprovechando su situación privilegiada como interventor del Ayuntamiento y como miembro del Consejo de Administración» de Elsur, eje de la investigación.

Sin embargo, el letrado de la defensa de Alemán advierte de que, según su punto de vista, de los hechos no se pueden inferir estas conclusiones sobre su patrocinado ya que los ingresos de parte de empresas contratistas de Elsur o del Ayuntamiento -o de empresas conectadas con estas- provenían de trabajos efectivamente desarrollados en su actividad privada y que venía ejerciendo desde 1989 en forma de «labores de auditoría de empresas y asesoramiento a empresarios en contratos y decisiones empresariales de gran calado económico» gracias a su «cualificada formación profesional». Alemán es economista especializado en hacienda pública, auditor y diplomado en alta dirección de empresas.

Y aún si bien «por su condición de funcionario público» sí que podría haberse planteado «problemas de incompatibilidad» -al ejercer actuaciones profesionales que pudieran entrar en contradicción con su posición en el Ayuntamiento de El Ejido- «nos encontraríamos ante responsabilidades que pueden ser objeto de régimen disciplinario como empleado público», alega su letrado.

El escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción de Almería y elevado al juzgado en noviembre del año pasado advertía de que a juicio del Ministerio Público, tanto Alemán en su condición de interventor accidental como Juan Enciso, entonces alcalde, habrían consentido sobrefacturaciones por parte de Elsur -70% propiedad entonces del Grupo Abengoa- «a cambio de prebendas económicas». El primero, Alemán, «autorizaba el gasto, una vez contabilizado» a sabiendas de su ilicitud. Y Enciso «autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual incrementado ficticiamente» mediante la sobrefacturación de Elsur.

Cumplir tareas

Sin embargo, el letrado de Alemán considera que su patrocinado se limitó a cumplir con las tareas encomendadas. En el caso de la intervención local, a verificar el cumplimiento legal, de registro y contable, así como la legalidad de los documentos y facturas sin valorar su volumen o su destino. Y por otro lado, en el caso de su posición como consejero de Elsur, a representar al Ayuntamiento como funcionario -y no como interventor- en un papel que, en cualquier caso estaría subyugado a las decisiones del socio mayoritario, Abengoa.

Llega incluso a argumentar, el letrado defensor de Alemán, que en una de las denuncias que abocaron a las primeras indagaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción en este caso, presentada por el PP -con la firma de José Andrés Cano, concejal de Hacienda de El Ejido entre junio de 2003 y septiembre de 2004 y actualmente regidor de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios- «jamás nombró en ninguna de las denuncias a mi representado [...] dejándolo al margen de las mismas», advierte el abogado.

El plazo para la presentación de los escritos de defensa por parte de los letrados que ejercen la asistencia legal de los procesados terminó el pasado jueves a las 15 horas. Desde entonces, y en cuanto se hayan resuelto los escasos recursos pendientes de pronunciamiento por parte de la Audiencia Provincial, el caso -185.400 folios distribuidos en 544 tomos- pasará al tribunal provincial, que deberá poner fecha al calendario de sesiones. Alrededor de medio centenar de personas se sentará en el banquillo. Alemán, cuyo abogado pide la libre absolución, se enfrenta a una pena de 64 años de prisión.