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E. P.
Los acusados de regentar una asociación cannábica desde Almería consideraban que su actividad era "legal"

Los acusados de regentar una asociación cannábica desde Almería consideraban que su actividad era "legal"

"Nos habían informado de que había muchas asociaciones más en España, presentamos nuestros estatutos y nos los aprobaron", han explicado durante el juicio

E. P.

ALMERÍA

Lunes, 4 de diciembre 2017, 16:29

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El presidente de la asociación cannábica 'Tricoesfera' al que la Fiscalía acusa, junto con otras cinco personas, de asociarse ilícitamente para la "venta indiscriminada de marihuana y hachís" desde su sede en Almería, ha declarado este lunes que consideraban "legal" su actividad de acuerdo con los estatutos de la asociación, en la que solo una parte de sus miembros, "entre 350 y 400", eran "socios de cultivo" que realizaban aportaciones para contribuir a los gastos derivados del mantenimiento de la plantación, mientras que el resto acudía a las instalaciones para el consumo de sus propios estupefacientes o para participar en otras actividades.

Durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Almería, el principal acusado, para el que el Ministerio Público pide siete años de prisión, ha recalcado a preguntas de la Fiscalía que los miembros de la directiva tenían el convencimiento de que su actividad era "legal". "Nos habían informado de que había muchas asociaciones más en España, presentamos nuestros estatutos y nos los aprobaron", ha explicado el acusado, quien ha señalado que la asociación se montó para evitar consumir "en la vía pública".

Así, ha detallado que había socios que "no adquirían sustancias" en el seno de la asociación y otros iban porque "había un gimnasio, una biblioteca, billares y un futbolín, todo gratuito", de modo que "algunos consumían y otros no". Con ello, ha negado que se llegara a alcanzar "los 2.006 socios" que figuraban en los libros requisados por intervención policial en enero de 2015, puesto que hubo "cerca de 900 u 800 bajas" aunque no quedaran reflejadas en el listado, --figuraban "36 bajas" según la fiscal-- y que se hacían "entre todos" los voluntarios.

Preguntado por los carteles que colgaban de las paredes de la asociación con las modalidades de marihuana y sus diferentes precios, el acusado ha incidido en que esas tarifas correspondían a las "aportaciones" que debían realizar los socios "cultivadores" para "poder sacar eso adelante" por los "gastos" que se generaban y que a cada uno de ellos le correspondía un "máximo de 60 gramos mensuales".

"Teníamos lo que teníamos y hasta donde llegaba", ha añadido el encausado tras ser cuestionado por una reunión de la junta directiva en la que se plantearon condiciones para una "compra colectiva" en caso de tener que acudir al "mercado negro" pese a que, durante sus años de funcionamiento, la asociación pasó de estar ubicada junto a la calle Las Tiendas al polígono industrial de La Goleta, donde se estableció una plantación propia tras unas obras de acondicionamiento que el acusado ha cifrado entre 40.000 y 50.000 euros. En esta línea, la tesorera ha declarado que ella no tuvo constancia de "ninguna" operación en el mercado negro.

Control de acceso con sistema digital

El acusado ha explicado que para formar parte de la asociación era necesario contar con el aval de otro socio, superar los 21 años y declarar previamente que era consumidor de cannabis. En este sentido, cuando la asociación creció en número de miembros, se adoptaron medidas de acceso mediante un registro por ordenador en la puerta y un "control de huellas digitales" que fue instalado por una compañía de seguridad privada.

El presidente de la asociación, que cerró sus puertas poco tiempo después de la intervención policial antes de que lo solicitara un juez, ha señalado que los sistemas de acceso eran manejados por porteros que iban cambiando "para que no entrara nadie que no fuera socio" ya que el sistema de lectura digital "algún día falló".

De acuerdo con su versión, los encargados del acceso, que eran "colaboradores" de la asociación, también debían controlar la salida. "Para nosotros era una falta grave entrar y salir", ha dicho el acusado en relación al acceso sobre el que también se ha pronunciado la tesorera para decir que con ello se quería "evitar dar una imagen que no era la real".

Con esto, el principal acusado ha señalado que los "colaboradores" que desempeñaban allí sus funciones eran socios que "no cobraban" sino que ejercían diferentes actividades de manera altruista o, en su caso, a cambio de una "bolsita" con marihuana o para suplir el pago de cuotas. "Pagaban con su trabajo", ha dicho en relación a otros acusados, para los que el fiscal pide seis años de cárcel, entre los que se encuentran una camarera, un portero y un fontanero, a los que se ha referido como "un socio más".

Estos acusados se han posicionado como "socios no cultivadores", quienes acudían a la asociación en su tiempo de ocio y que "colaboraban" asumiendo funciones a cambio de la liquidación de cuotas o algunos gramos de cannabis. En este sentido, han asegurado creer que la actividad era "legal" y han negado que ellos administraran de algún modo el estupefaciente, lo que según han dicho, era labor del presidente o de la tesorera.

"No vendíamos nada"

La propia tesorera ha asegurado que había un "control" sobre lo que retiraba cada uno de los socios "en una libreta" en función de sus aportaciones a los gastos, lo que también influía en su acceso y continuación en el club. "Nosotros no vendíamos nada, --el dinero-- era de las retiradas que hacían los socios con su participación y el dinero se gastaba en hacer los pagos", ha insistido.

Con ello, ha apuntado que los fondos que se manejaban eran reinvertido en la asociación, ya que tampoco había contratos de trabajadores. "Tenía que haber voluntarios y luego, entre ellos, se decidía quien iba a estar en cada sitio porque aquello no era un trabajo, era una colaboración", ha especificado a preguntas de las defensas.

Igualmente, la acusada ha defendido que no se hacía promoción de la asociación, de manera que incluso por parte de la junta directiva se decidió no dar cabida a nuevos socios aunque "no está documentado" sino que "se habló" entre ellos. "No hacíamos publicidad, ni en redes sociales, ni en la fachada de la asociación ponía nada".

Frente a estas versiones exculpatorias, la fiscal sostiene que los acusados "de común acuerdo" y "en una división de funciones concertadas", habrían mantenido la venta "al menos desde noviembre de 2014" a consumidores que "a diario" acudían a las instalaciones de la asociación "para proveerse", de modo que en unas ocasiones consumían las drogas en las dependencias de la asociación, y en otras las adquirían y se marchaban con ellas.

La asociación, que contaba con más de 2.000 miembros registrados, se había inscrito en el registro de asociaciones de Andalucía en diciembre de 2011 y, con carácter provincial, estaba clasificada como de "Defensa de la naturaleza" subclasificada como "Naturismo y Medicinas Alternativas" y, según sus estatutos, tenía como fin informar y formar sobre los usos terapéuticos del cannabis, asesorar a sus socios, promover el debate social y "hacer valer los derechos constitucionales de sus asociados", entre otros.

No obstante, aunque la asociación establecía que "en ningún caso" tenía por objeto "la promoción del consumo ilegal de cannabis sativa o cualquier droga tóxica", la Fiscalía señala que al mismo tiempo establecía como finalidad "facilitar a sus miembros, pacientes usuarios del cannabis, el acceso a esta sustancia de una manera legal, controlada y responsable, con carácter personal e individualizado, pero en las mejores condiciones posibles de accesibilidad".

En cualquier caso y según el Ministerio Público, los acusados "obtenían las sustancias que dedicaban a la venta de ignorados proveedores, careciendo de cualquier autorización administrativa para la producción y distribución de la misma". El registro practicado en enero de 2015 se saldó con la aprehensión de 15.218,82 gramos de marihuana y 1.670 euros "procedente de la actividad ilícita".

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