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Acuamed retomará el control de la desaladora de Palomares tras un pacto con las adjudicatarias

Acuamed retomará el control de la desaladora de Palomares tras un pacto con las adjudicatarias

El PP recula y, sin admitir que la desaladora nunca estuvo intervenida judicialmente, alega que ha habido un cambio de criterio en la Abogacía del Estado

IDEAL

Almería

Miércoles, 29 de noviembre 2017, 13:38

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El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha señalado que “el PP de Almería siempre ha dicho la verdad en relación a la situación de la desaladora del Bajo Almanzora” -dijo que estaba intervenida judicialmente pese a que Acuamed ha admitido ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que no era así- y volvió a insistir en que si hoy la desaladora se encuentra inutilizada es porque el Gobierno del PSOE decidió construirla en zona inundable, y como no podía ser de otra forma, cuando se produjo la riada en 2012, la planta desaladora quedó destrozada.

“Si la desaladora hubiera sido construida en la margen derecha del río Almanzora, donde se había proyectado inicialmente y donde recomendaban los técnicos, y no en zona inundable con defensas insuficientes y un coste de 63 millones de euros, estaría suministrando agua de calidad desde hace 5 años”, ha manifestado pese a que en el mismo informe de Acuamed remitido a la Audiencia Nacional la entidad pública admite que no fue su ubicación sino la extraordinaria cantidad de lluvia, imprevisible, la que provocó su inundación.

El diputado del PP ha indicado que tal y como reconoció ayer la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en el Senado “hace pocas semanas se ha considerado la no existencia de prejudicialidad penal en relación con la desaladora, lo que permite plantear un proyecto de construcción”.

En este sentido, Rafael Hernando recuerda que desde enero de 2016 la postura de la Abogacía del Estado era considerar esta infraestructura, junto a otras, sujetas a prejudicialidad penal, por lo que en aquellos proyectos en los que por una u otra causa existían dificultades de ejecución, y se encontraban investigados en cualquier instancia judicial, el criterio era “la no intervención hasta la aclaración de responsabilidades”.

Sin embargo, ahora la Abogacía del Estado manifiesta un nuevo criterio, favorable a reactivar la resolución de conflictos en el ámbito privado en obras que hayan sido objeto de investigación “siempre que en todo momento se mantenga informados a los tribunales sobre las medidas que se fueran adoptando en cada caso, por si desde el ámbito judicial se estima necesario el establecimiento de medidas cautelares, por posibles afecciones a la investigación”.

Ante este cambio de criterio, el portavoz del PP en el Congreso, explica que después de que el pasado 25 de octubre la UTE comunicara que quiere dejar las instalaciones para que las ocupe Acuamed, en estos momentos la situación actual es que se está produciendo un intercambio de comunicaciones entre ambas partes para concretar la fecha en la que la UTE hará efectiva su salida de las instalaciones y Acuamed las ocupará. “En cuanto se produzca se iniciarán los trabajos de peritaje de daños, redacción de proyecto de reconstrucción y demás actuaciones necesarias para la puesta en servicio”, ha dicho.

Además, en este caso también se va a informar a la Audiencia Nacional de todos los pasos que se vayan dando en el ámbito privado, para que la instancia judicial competente en las investigaciones en curso pueda tener un conocimiento cabal de todas las actuaciones, por transparencia y seguridad jurídica.

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