La Fiscalía pide la instrucción compleja en dos de las 16 causas del caso 'Edu'

La Fiscalía ha interesado que se declaren causas complejas dos de los 16 procedimientos abiertos en los seis juzgados de la capital de Almería para investigar el presunto fraude de subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y ha solicitado el sobreseimiento de un tercero al considerar que la empresa sí hizo un uso conforme a derecho de las ayudas que se le otorgaron.

En concreto, el Ministerio Público considera que los procedimientos que afectan a Hostelería y Formación Indalo SL, así como a Centro de Formación Indalo SL, que se siguen en los juzgados de instrucción 6 y 5 de Almería, respectivamente, tienen una instrucción compleja ya que la investigación para determinar si se produjo ilícito penal requerirá "el análisis de una abundante documentación", según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Por otro lado, en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción 3 de Almería contra la mercantil Infocentro SL, el Ministerio Público ha pedido el sobreseimiento ya que concluye, de lo actuado, que los cursos de formación para los que recibió 141.122 euros entre los años 2009 y 2013 se realizaron, los profesores se contrataron y los alumnos recibieron la docencia, por lo que no habría delito.

Cabe recordar que la Fiscalía ya solicitó el sobreseimiento de la causa contra la empresa Sicma Andalucía SL, abierta en el Juzgado de Instrucción 6 de la capital, al estimar que las irregularidades detectadas, en concreto, que la retribución percibida por profesor "no correspondía" con la que luego se justificó, se enmarcarían en el ámbito "administrativo".

Declaraciones de encausados y testigos

Las mismas fuentes han precisado que, en el informe elevado a este mismo juzgado en el que solicita que el procedimiento contra Hostelería y Formación Indalo SL por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil se declare complejo, el Ministerio Público interesa que se cite a declarar como encausados a cinco personas, así como la testifical de otras tres personas.

Además, pide que se libre oficio al SAE con ofrecimiento de acciones y para que cuantifique el importe de la subvención efectivamente percibida por la empresa y que se unan a la causa los expedientes administrativos correspondientes a los cursos que se investigan.

Cabe recordar que el conocido como caso 'Edu' se instruye de forma paralela en los seis juzgados de instrucción de la capital almerienses ya que el Juzgado de Instrucción 4 de Almería resolvió en abril que procedía dividir la causa en 16 procedimientos, uno por cada empresa investigada, y dar traslado de 15, sólo asumió una de ellas, al Decanato para su reparto.

La decisión de la jueza María del Mar Cruz está pendiente de que se sustancie en la Audiencia Provincial de Almería el recurso de reforma y subsidiario de apelación que presentó la Junta de Andalucía, personada como acusación particular, contra ese auto aunque el Ministerio Público se ha opuesto al citado recurso.

Los cinco juzgados de Instrucción sobre los que recayeron los procedimientos plantearon cuestión de competencia ya que consideraban que las "irregularidades constatadas" tenían todas "un mismo origen en el Servicio Andaluz de Empleo" y, por tanto, existía una "conexidad procesal" si bien la Audiencia Provincial falló en cada una de ellas y de forma sucesiva dando la competencia a los órganos que habían impugnado la decisión.

Recurso de la Junta de Andalucía

La Junta recurrió al entender también que los delitos que se investigan tienen "conexión entre sí" y, por tanto, pueden ser instruidos en "un único sumario". Argumentó, asimismo, que abrir hasta 16 procedimientos en ese momento podría "dificultar la averiguación de los hechos, y su posterior enjuiciamiento, perjudicándose en suma la justicia" y abogó, en todo caso, y en aras de "facilitar las actuaciones", por tramitar "piezas separadas por cada una de las empresas o de los funcionarios investigados".

En su impugnación, advertía, asimismo, del "peligro" del dictado de "resoluciones contradictorias" y señalaba que "podría darse el caso" de que unas "mismas autoridades y/o funcionarios se encontrasen simultáneamente imputados o desimputados por unos mismos hechos". "Y ello en 15 sumarios y causas distintas", apuntillaba.

La jueza que desglosó lo actuado hasta el momento en 16 causas fundamentó su decisión en que no existe "relación ni concierto alguno entre las empresas y sociedades a las que se refieren los presentes autos", ni tampoco "entre las personas responsables de las mismas e imputadas por estos hechos".

Consideró así que no había "razón alguna" que aconsejase "continuar el trámite en un único procedimiento". "Antes bien por el contrario, se estima procedente la tramitación de un procedimiento separado por cada una de las mercantiles y sus correspondientes responsables para evitar la complejidad innecesaria de la causa y la indebida dilación de la misma", según ahondó.

Por contra, la Junta, personada en las diligencias previas incoadas en julio de 2014, cree que, de lo que se ha investigado, se desprende que "todas las empresas objeto de investigación son beneficiarias de subvenciones, convocadas hasta donde sabemos en virtud de una misma resolución".

Apunta, en esta línea, que los delitos investigados "guardan relación entre si, sea porque hubiera precedido concierto entre algunas de las personas implicadas, sea porque los delitos supuestamente cometidos sirvan como medio para perpetrar o facilitar su ejecución, sea porque entre los diversos delitos exista analogía".

Así, a su juicio, la elaboración de 16 informes por cada una de las 16 empresas por parte de la Policía Nacional responde "a la claridad que a tales informes se les exige" pero, según remarca, "ello no quita para que existan razones jurídicas y prácticas para mantener la unidad de la instrucción".

"Incoherencias"

Entre las razones prácticas, al margen de "un peligro de orden jurídico", la Junta alude al hecho de que ha de recibirse declaración a las personas investigadas, tomar declaración a testigos, "más seguramente informes periciales, además de otras pruebas" y, todo ello, "en cada uno de los 15 sumarios que se abran y se repartan, multiplicándose el trabajo en los juzgados".

"Esto posibilita que se produzcan contradicciones e incoherencias entre los sumarios que, a juicio de esta representación, dificultarán la averiguación de los hechos y su posterior enjuiciamiento, perjudicándose en suma la justicia".

Las pesquisas explotaron en febrero y marzo con las detenciones practicadas el marco de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', que se saldaron con 31 arrestos, entre ellos, los concejales del PSOE de Vícar, José Luis Leseduarte, y de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega, quien renunció a su acta de edil y se dio también de baja del partido.

En concreto, la Policía Nacional finalizó la operación 'Edu Costa' en Almería con la detención de 26 personas y la imputación de otra por un presunto fraude en la financiación de cursos de formación a través de 13 empresas en 2010 y 2011 con cargo a la partida 32D, reservada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Por otra parte, la operación 'Edu Centro' se saldó con cinco detenciones en Almería, una de ellas de una persona vinculada a una empresa de Jaén.