Más de medio centenar de detenidos por explotación sexual en Almería en dos años

La víctima malvivía junto a otra adolescente de la misma edad en un club de alterne de Vícar. Ambas habían llegado a la provincia de Almería en patera y acabaron como víctimas de la explotación sexual. Como en la mayoría de casos, su captor les había impuesto una deuda para poder ser liberadas. Y ellas lo hacían con cinco euros por cada servicio.

Una investigación de los agentes de la Brigada de Extranjería (Ucrif) de la Comisaría Provincial permitió que ambas jóvenes pudieran ser liberadas del infierno al que estaban sometidas, como tantas otras mujeres.

La explotación sexual es un fenómeno que hasta ahora ha estado oculto para la mayoría de los ciudadanos, pero es un problema que sufren miles de mujeres y niños en torno a uno de los negocios ilícitos más lucrativos de mundo. No en vano, este delito genera 12.000 millones de euros al año a nivel mundial -cinco millones de euros al día en España, según la Red Española contra la Trata de Personas-, cifras que lo convierten en uno de los negocios más rentables para las mafias, sólo equiparable al de tráfico de drogas y de armas.

En bares de carretera, en pisos privados y en la vía pública. En Almería también existen esclavas sexuales. No hay estadísticas oficiales que reflejen el número de personas explotadas sexualmente en nuestra provincia, lo que si está claro es que el número suma varios centenares.

En la provincia de Almería se estima que puede haber entre 350 y 500 mujeres ejerciendo la prostitución en una decena de clubes de alterne, unos cuantos bares en polígonos industriales y pisos en el centro de las principales localidades. Muchas de ellas han hecho de la prostitución una forma de vida voluntaria. Pero desde las Fuerzas de Seguridad del Estado como desde la Justicia se tiene la convicción de que hay un grupo -según quien haga el cálculo, se habla de entre el 30 y el 60%- que son víctimas de trata.

Y muchas de ellas se localizan entre cortijos y casas abandonadas entre invernaderos, espacios clandestinos de los que se aprovechan las mafias para actuar con total impunidad. En muchas ocasiones las víctimas son introducidas en estas redes en avanzado estado de gestación o acompañadas por hijos de muy corta edad. Este es el caso de las mujeres de origen subsahariano que una red criminal obligaba a realizar servicios «en condiciones penosas» en cuatro cortijos localizados en Roquetas de Mar.

Una operación de la Ucrif de la Policía Nacional en abril de este año permitió detener a los cuatro miembros de esta red, que empleaban técnicas de 'vudú-yuyu' para extorsionar a las mujeres. Los agentes hallaron así semillas, amuletos o una cabeza de cabra, objetos que normalmente se utilizan en este tipo de rituales.

Y por si fuera poco, la organización se quedaba con el control de los hijos pequeños de las mujeres explotadas «como garantías de pago de la deuda», siendo confinados y mantenidos por la red mientras las víctimas ejercían la prostitución.

En la guerra contra las redes que extienden su tentáculos sobre sus víctimas, el papel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad es esencial y ha conseguido disminuir esta lacra delictiva de forma notable en los últimos años. Un ejemplo de ello es el Plan contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, creado en 2003 e implementado por la Policía Nacional, que ha conseguido liberar a más de 800 mujeres, casi un centenar en la provincia de Almería, desde su puesta en marcha.

Y hace menos de un mes el Consejo de Ministros aprobó un plan contra la trata de blancas y la explotación sexual. En cuatro años se destinarán 104 millones de euros a combatir esta lacra social.

Sólo el año pasado los agentes de la Ucrif llevaron a cabo cuatro grandes operaciones contra las mafias dedicadas a la trata. La suma de estos operativos se saldó con la detención de 41 integrantes de estas redes y la liberación de una treintena de mujeres.

Rumanas y nigerianas

Desde la Ucrif destacan que la explotación sexual toca de lleno principalmente a dos nacionalidades: la rumana y la nigeriana. A pesar de este dato tan relevante, a día de hoy no existen cifras oficiales sobre cual es el número de mujeres que se dedican a ejercer la prostitución obligadas.

No obstante, un inspector de la Ucrif indica que el fenómeno de los grandes clubes de alterne «prácticamente ha desaparecido en los últimos años» en la provincia de Almería. De hecho, en el último lustro prácticamente han dejado de hacerse redadas en los clubes. Hace una década eran tan periódicas como inútiles, pues solo servían para abrir expedientes de Extranjería a decenas de chicas sin papeles. Penalmente quedaban en nada. Y los clubs apenas si veían alterado su funcionamiento.

Cuando se vio que así no se atacaba la raíz del problema, sino a la parte más débil, a las chicas, comenzaron visitas conjuntas de Policías e inspectores de Trabajo, buscando «camareras» o «empleadas de limpieza» que no estuvieran dadas de alta. Hubo algunas multas. Pero tampoco dio resultados.

«Ahora la presencia de mafias está más disimulada, es menos agresiva que hace diez o quince años, lo que no quiere decir que no sigan ahí», dicen las fuentes consultadas. A todos los efectos legales, en los clubes las chicas son clientas de un hotel que se toman copas en una barra y suben a las habitaciones con los amigos que se echan.

Esa teoría, defendida durante años desde empresarios del sector, ha servido para que muchos acusados de proxenetismo hayan quedado absueltos. Y es que las mujeres tienen que declarar que son víctimas de la explotación para poder mover toda la maquinaria sobre su presunto captor.

Los juristas suelen decir que las leyes penales miden la sensibilidad social. En la práctica, explotar sexualmente a mujeres apenas tiene castigo. En los últimos diez años hay muy pocas sentencias contra proxenetas en la provincia.

Por ello, son cada vez más las voces las que piden castigar directamente al cliente de las víctimas de la explotación sexual. «Esta medida, puesta en práctica en Francia, ha obtenido grandes resultados», indican los expertos, quienes sostienen que luchar contra la trata «es una responsabilidad de toda la sociedad».