Los acusados de matar y quemar a un joven en 2008 en Gérgal serán enjuiciados en noviembre

El llamado caso 'Gérgal', que juzgará a los nueve presuntos responsables de la muerte del joven almeriense, cuyo cuerpo sin vida apareció en el interior de su vehículo, completamente calcinado y con un impacto de bala en el tórax, arrancará el próximo 3 de noviembre en la Audiencia Provincial tras siete años de instrucción.

Una larga espera que ha llevado a los padres del joven fallecido a protagonizar numerosas protestas contra el «retraso de la justicia», ya que tras el largo proceso judicial los supuestos asesinos de su hijo se encuentran en libertad.

Una espera tan larga que provocó que en abril de 2014 el Defensor del Pueblo Andaluz, José Maeztu, abriera el tercer expediente por las dilaciones en la instrucción judicial sobre el asesinato de José Ángel Bru. El propio Maeztu relataba en su último informe anual que había solicitado informes sobre la situación del caso y las razones de la paralización, y criticó que la situación contribuya a alargar «el calvario de esta familia».

Será finalmente la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería quien acoja este juicio que se extenderá durante doce días, entre el 3 de noviembre y el 2 de diciembre.

Cabe recordar que el Ministerio Fiscal va a solicitar penas que suman 120 años de prisión para los supuestos responsables del secuestro y posterior asesinato de José Ángel Bru. En total son ocho las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados.

El fiscal pide penas individuales para cinco de los acusados del llamado caso «Gérgal» un total de 24 años de prisión por sendos delitos de asesinato, detención ilegal y daños.

Se trata de J. L. L., J. S. L., R. S. L., J. S. L. y L. G. S., los cuatro primeros pertenecientes al clan conocido como «Los Culebros», a quienes la fiscalía señala en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso IDEAL, como los autores materiales de la muerte violenta de José Ángel Bru.

Según la investigación de la Guardia Civil, el joven de 33 años murió durante un ajuste de cuentas por la desaparición de un alijo de hachís. Estos hechos, que la familia niega ya que nunca se encontró droga y Bru no fue imputado, se reflejan en los informes de la Benemérita, que indican que entre los meses de marzo y junio de 2008, «el clan de «Los Culebros» alijó una importante cantidad de hachís», siendo robada una parte del mismo «una vez que se encontraba ya en la península».

Según remarca el escrito fiscal, los cinco procesados anteriormente mencionados, ante «las sospechas de que el hachís desaparecido podía encontrarse en manos de Bru, «procedieron a esperarle en las inmediaciones de su domicilio, sorprendiéndolo a primeras horas de la tarde».

El Ministerio Público resalta que el joven «fue detenido por los procesados» y trasladado junto a su coche a un cortijo propiedad de «Los Culebros» en la pedanía nijareña de San Isidro, «lugar donde lo tuvieron privado de libertad y en contra de su voluntad hasta las primeras horas de la madrugada del día siguiente, sin conseguir, pese al empleo de violencia, que dijera donde se encontraba la sustancia sustraída, razón por la cual los procesados J. L. L., J. S. L., R. S. L., J. S. L. y L. G. S. decidieron acabar con su vida», añade el escrito de calificación.

«En tal vil acción»

La fiscalía indica que los procesados, «con la intención de llevar a la práctica su trágica decisión», introdujeron a José Ángel Bru en «el asiento trasero de su vehículo y efectuaron un disparo al corazón con un arma de fuego, que determinó su fallecimiento». A continuación, resalta el fiscal, «abandonaron el vehículo con el cadáver dentro en una vía de servicio de la carretera A-92, a la altura del kilómetro 368, si bien le prendieron fuego para borrar cualquier huella de su participación en tan vil acción».

El Ministerio Fiscal también solicita penas individuales de ocho años de prisión para R. S. C. y P. L. Z., progenitores de tres de los supuestos autores materiales del crimen, acusados de sendos delitos contra la salud pública y tenencia de explosivos tras los registros practicados en su vivienda tras el asesinato del joven.

El Ministerio Fiscal solicita, asimismo, una pena de cinco años de cárcel para O. A., acusado de colaborar supuestamente en la detención ilegal de José Ángel Bru.

Por último, la fiscalía solicita en su escrito que los supuestos autores materiales del crimen indemnicen con 60.000 euros a los dos hijos del fallecido, con 25.000 euros a su pareja y con la cantidad de 15.000 euros a sus progenitores.