Imputados y condenados siguen en las listas pese al mensaje de regeneración

Apenas un año después, Chris Huhne, ministro británico de Energía, dejó el Gobierno después de que se conociera que iba a ser procesado por intentar ocultar una década antes una infracción de tráfico. Había pedido -supuestamente- que su mujer se inculpase y aceptara la pérdida de puntos en el carné de conducir.

Marzo de 2013. Francia. El ministro de Hacienda, Jérôme Cahuzac, renuncia al Gobierno al conocerse que la Fiscalía le considera sospechoso de blanqueo de dinero y fraude fiscal. Se le había hallado una cuenta en un banco suizo. Su jefe en el Gobierno, François Holland, había prometido en su cita con las urnas una República «irreprochable».

Son tres ejemplos del exterior que, por el momento, distan un auténtico universo de repetirse en España. Este fin de semana, en Murcia, todos los partidos (salvo PP y Ciudadanos, éste último de hasta que su directiva nacional dé el visto bueno) pactaron, entre otras cosas, excluir a los imputados de las listas electorales. En plena crisis institucional y política, en la que los partidos repiten como un mantra su compromiso en la lucha contra la corrupción y por la imposición de la ética y la ejemplaridad en el comportamiento de sus responsables públicos, en Almería los principales partidos aspirantes a hacerse con los gobiernos locales no están en disposición de sacar pecho por contar con listas sin personas investigadas por la justicia. Ya sea por causas derivadas del ejercicio de su cargo público o de sus actividades privadas. Estos son algunos de los ejemplos.

Rogelio Mena (Albox, PSOE). No tan solo se encuentra imputado sino que, además, ya tiene fecha de juicio, que será el próximo mes de junio. Se le acusa de un presunto delito contra los derechos cívicos por, según la Fiscalía, denegar «de forma sistemática» información al PP. Mena habría bloqueado «el acceso» a varios expedientes de contratación incluidos «en el plan de pago a los proveedores» del Ayuntamiento albojense, «impidiendo así con la actuación del acusado la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición».

Gabriel Amat (Roquetas de Mar, PP). Se encuentra imputado, junto a otros concejales de su equipo de Gobierno, en una investigación sobre la legalidad de una licencia de obras para viviendas de lujo en La Fabriquilla (El Parador). El fiscal se ha mostrado favorable al archivo de la causa. Pero también se le investiga -en este caso sin imputación- por una presunta trama societaria que, según los denunciantes del caso, la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayt), habrían sido beneficiadas «mediante actuaciones irregulares del Ayuntamiento».

Miguel Cazorla (Almería, C's). Se le investiga por un presunto delito societario tras la denuncia de una empresa agrícola derivada de su actividad profesional. Según fuentes judiciales, la investigación aún continúa abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. Se encuentra pendiente de un recurso por parte de su letrado en el que se solicita el archivo. Confían en el sobreseimiento de la causa.

José Cara (La Mojonera, PP). Fue citado a declarar como imputado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de El Ejido aunque su declaración se pospuso por errores en la notificación. Se investiga la relación del Ayuntamiento con empresas filiales de la mercantil Hispano Almería tras una querella del PSOE en la que se apunta a que podría constituir presuntos delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos.

Leonor Membrive (Gérgal, PSOE). Se encuentra imputada, según fuentes jurídicas, tras la compra de unos terrenos para el Consistorio con la finalidad de construir un edificio de usos múltiples. Está pendiente de un recurso en la Audiencia para cuya resolución faltan meses. Su defensa confía en el archivo.

Rodrigo Sánchez (Fines, PP). Está condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería a 21 meses de prisión por construir una vivienda y una piscina en suelo no urbanizable y sin licencia. Anunció que interpondría un recurso contra dicha sentencia ante la Audiencia Provincial de Almería. El PSOE ha presentado un recurso ante la Junta Electoral de Zona para que sea excluido de los comicios junto al candidato popular en Cantoria, José María Llamas, condenado por un delito contra la ordenación del territorio. Sin embargo, desde el PP confían en que la actuación del PSOE decaiga ya que, en el primero de los casos, hay un recurso interpuesto; y en el segundo, «hace ya cerca de diez años» de la condena y la responsabilidad penal «está extinguida».