El Tribunal de Cuentas pide a la Junta que se pronuncie en el caso 'Cheques'

Este procedimiento transcurre paralelo a la vía penal que se sigue ante el Juzgado de Instrucción 1 de Almería y en el existe auto de procedimiento abreviado, recurrido en apelación a la Audiencia Provincial, contra el exdelegado de Medio Ambiente Clemente García y el funcionario M.G.L. por un presunto delito de malversación.

Fuentes del caso han indicado que, una vez citadas las partes, se ha dado traslado a la Junta de Andalucía para que presente demanda. El procedimiento de reintegro por alcance se abrió mediante providencia dictada en noviembre de 2014 tras recibir la Sección de Enjuiciamiento las actuaciones previas incoadas en 2013 para dirimir posibles responsabilidades por un presunto desvío contable.

La administración autonómica, que fue la que puso en conocimiento de este órgano, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, las irregularidades detectadas en una cuenta bancaria "sin fiscalizar" en la que se ingresa el canon forestal, deberá decidir ahora si formula demanda contra los presuntos responsables citados por el Tribunal de Cuentas.

La Audiencia Provincial de Almería decidirá en junio si se mantiene la causa contra Clemente García y el funcionario M.G.L. o revoca el auto dictado por la juez instructora de la causa que dirime la presunta malversación de 300.000 euros en esta cuenta bancaria.

El citado auto, que dictó la magistrada Alejandra Dodero en mayo de 2014, fue recurrido en apelación por las defensas de los dos únicos imputados en el procedimiento y su resolución tras deliberar se someterá a votación y fallo el día 8 de junio.

La denuncia que interpuso la Junta de Andalucía, y a raíz de la que se incoaron diligencias previas por indicios de malversación de caudales públicos, recogía que con Clemente García se produjeron movimientos por valor de 180.000 euros.

Según lo que ha trascendido de la instrucción, de la cuenta investigada, sin fiscalizar y en la que se ingresaba el canon forestal que se cobra a cazadores, madereros y particulares, se retiraron "paulatinamente" cheques por diversas cuantías. Un 85 por ciento de esta tasa revertía en los ayuntamientos mientras que el 15 por ciento iba a parar a las arcas de la administración autonómica.

La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para "burlar el control de la Agencia Tributaria" y muchas de extracciones habrían tenido lugar "el mismo día" y "a intervalos de escasos minutos" sin que, al parecer, en los cheques depositados "se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica".

La instrucción apuntaría fundamentalmente al funcionario M.G.L. ya que las disposiciones objeto de la causa penal también se produjeron estando al frente de la Delegación Provincial otros cargos públicos.

Así, con su sucesora en el cargo, para quien la jueza dictó el sobreseimiento de las actuaciones en abril de 2014 al no apreciar responsabilidad en ella, los movimientos alcanzaron unos 100.000 euros mientras que con el actual responsable del departamento y promotor de la denuncia como perjudicado, José Manuel Ortiz Bono, la cuantía habría alcanzado los 40.000 euros.