El caso 'Cheques', paralizado hasta junio de 2015 por un recurso a la Audiencia Provincial

Otro ejemplo será, ahora, el caso 'Cheques', la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 sobre la presunta malversación de hasta 300.000 euros de una cuenta bancaria que, según la denuncia, no estaba fiscalizada. La Audiencia Provincial de Almería decidirá en junio de 2015 si se mantiene el procesamiento del ex delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Clemente García y el funcionario Miguel G.L. dictado por la juez instructora de la causa, Alejandra Dodero, en un auto firmado el pasado 15 de mayo. Dicho auto fue recurrido en apelación por las defensas de los dos únicos imputados en el procedimiento y su resolución, tras deliberar, se someterá a votación y fallo el 8 de junio del año que viene, esto es, más de un año después.

La investigación parte de una denuncia que interpuso la propia administración autonómica. El actual delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, José Manuel Ortiz Bono, acudió a los juzgados al sospechar de «presuntas irregularidades» en la supuesta desaparición de unos 300.000 euros. «Vimos una cuenta que no estaba fiscalizada, que no controlábamos nosotros, en la que había una serie de movimientos de reintegro de dinero que no sabemos dónde iba», trasladaba entonces, en abril de 2013, la delegada del Gobierno en Almería, Sonia Ferrer Tesoro.

A raíz de dicha denuncia, se incoaron diligencias previas por indicios de malversación de caudales públicos. Según lo que ha trascendido de la instrucción, de la cuenta investigada, en la que se ingresaba el canon forestal que se cobra a cazadores, madereros y particulares, se retiraron «paulatinamente» cheques por diversas cuantías. Un 85% de esta tasa revertía en los ayuntamientos mientras que el 15% iba a parar a las arcas de la administración autonómica.

La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para «burlar el control de la Agencia Tributaria» y muchas de extracciones habrían tenido lugar «el mismo día» y «a intervalos de escasos minutos» sin que, al parecer, en los cheques depositados «se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica».

La instrucción apunta fundamentalmente al funcionario Miguel G.L. ya que las disposiciones objeto de la causa penal también se produjeron estando al frente de la Delegación Provincial otros cargos públicos. Si bien en la denuncia consta que con Clemente García en el cargo se produjeron movimientos por valor de 180.000; con su sucesora, Sonia Rodríguez, para quien la jueza dictó el sobreseimiento de las actuaciones en abril de 2014 al no apreciar responsabilidad, los movimientos alcanzaron unos 100.000 euros mientras que con el actual responsable del departamento y promotor de la denuncia, José Manuel Ortiz Bono, la cuantía habría alcanzado los 40.000 euros.

Antes de resolver el procesamiento, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ordenó la práctica de diligencias encaminadas a determinar la responsabilidad penal de los dos imputados y, entre ellas, libró oficio a la Policía Nacional para realizar una «investigación patrimonial» de ambos. Además, citó a declarar por segunda vez en calidad de imputado a Clemente García.

La providencia también requería a la Junta, personada en la causa, para que informase de si existía «alguna previsión que faculte a un delegado provincial a autorizar gastos de publicidad», sobre cuál es «el procedimiento, en su caso, para que se acuerde tal publicidad, con quien contratarla, documentación exigible, aprobación y acreditación del gasto», y sobre la «cuenta a cargo de la cual haya de efectuarse este».

Cabe recordar que en las disposiciones presuntamente irregulares por un montante global de 300.000 euros que se investigan en la citada cuenta bancaria «finalista para aprovechamientos forestales» figura una de 40.000 euros que, según declaró uno de los imputados, tuvo como destino «el pago de inserción de publicidad en un medio local».

De manera paralela a la vía penal, el Tribunal de Cuentas mantiene abiertas actuaciones previas para dirimir una posible responsabilidad contable por desvío de dinero público. Las actuaciones previas se abrieron después de que la Consejería de Hacienda y Administración Pública pusiese en su conocimiento las irregularidades detectadas. «La Junta de Andalucía es la primera interesada en que esto se aclare, en que se aclaren todos los hechos, que se depuren responsabilidades, y diferenciar lo que es la institución, la Junta de Andalucía, de las personas que hayan podido cometer delito», alegó Ferrer Tesoro justo después de presentarse la denuncia.