CC OO denuncia un 52% de economía irregular en el campo de la provincia

Francisco Javier Castaño muestra los documentos de un estudio del sindicato, junto a Juan Pallarés y Antonio Perianes./
Francisco Javier Castaño muestra los documentos de un estudio del sindicato, junto a Juan Pallarés y Antonio Perianes.

El sindicato asegura que la alta eventualidad y la normativa vigente hacen inviable que se vele adecuadamente por los intereses del trabajador

JOSÉ ESTEBAN RUIZ

Comisiones Obreras (CC OO), viendo que el trabajo que ha desarrollado en el último año no está dando sus frutos, decidió ayer ofrecer una rueda de prensa en la que desvelar «el fraude que se está cometiendo en el campo en el ámbito laboral». Según el propio sindicato la economía irregular, que no sumergida «pues se conocen todos los datos y ahí reside la diferencia», como detalló Antonio Perianes, secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC OO en Andalucía, se sitúa en estos momentos en el 52% de la actividad laboral en el entorno de las explotaciones agrarias. Esta cifra, aseguró Juan Pallarés, secretario general Comisiones Obreras en Almería, se encuentra muy por encima de los que representa la economía sumergida en el conjunto de sectores económicos de la provincia, que se fija en un 33,5% aproximadamente.

El hecho de que la situación sea como denunciaron los dirigentes del sindicato, se ampara en la propia normativa que rige la actividad laboral en el campo, con un sistema que favorece que se cometa fraude, y sobre el que pide CC OO una actuación inmediata para regularizar al máximo el ámbito laboral en entorno de las explotaciones agrarias. Por el contrario, «en el sector del manipulado de frutas y hortalizas la situación es mucho más regular y las empresas cumplen con lo establecido», aclaró marcando diferencias entre los dos ámbitos agroalimentarios almerienses, Francisco Javier Castaño, secretario general del sindicato Agroalimentario de CC OO en Almería.

Principalmente este espectro de economía irregular se genera debido a la coincidencia de tres circunstancias: « la infradeclaración de los jornales, los pagos de salarios por debajo del convenio colectivo; y el fraude de la contratación eventual», detalló Pallarés.

93% de eventualidad

Francisco Javier Castaño se encargó de desglosar todos los números que ponen de manifiesto este fraude que denuncia el sindicato en la provincia de Almería. Mientras que en zonas como Murcia, con una producción agrícola similar a la almeriense la contratación de fijos discontinuos se eleva al 60%, en Almería no llega ni al 7%, según CC OO. Por tanto, la eventualidad, en un sector en el que se trabaja prácticamente todo el año, supera el 93%. «La media de eventualidad en España está en un 24%, por lo que la variación es 69,25%. Es contrastable con los datos de la Seguridad Social», comentó Castaño.

En el aspecto de infradeclaración de jornales, el sindicalista agroalimentario almeriense explicó que se lleva a cabo de dos maneras diferentes, según sea pequeña o mediana empresa agrícola. «En las pequeñas empresas se asigna un número de jornadas que varia entre 7 y 12, a pesar de que el personal trabaje incluso los 30 días del mes, lo que tomando 7 como referencia tendríamos un fraude de 17, teniendo en cuenta solo 24 días de trabajo al mes». En el caso de la mediana, el procedimiento es diferente, «aunque la hora de trabajo en el convenio sea de 5,8 euros, se le paga al trabajador entre 3,75 y 4,5 euros. El empresario en este caso multiplica las horas trabajadas por esa cantidad menor y divide el resultado entre 5,8 que es el precio legal. De esta forma calcula las jornadas a declarar, un método que está arrojando un fraude de 8 jornales por persona y mes», señaló Francisco Javier Castaño.

270 millones al año

El campo almeriense, según el estudio realizado por CC OO, en el que ha utilizado datos publicados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en el Observatorio de Precios para los ocho principales productos hortofrutícolas de la provincia, y los registros de las altas de la Seguridad Social, «habría defraudado anualmente 270 millones de euros, contando salarios y cotizaciones a la Seguridad Social», afirmó Castaño. Y es que, mientras se deberían haber declarado 9.667.940 de jornales al año en el periodo que transcurrió entre 2008 y 2011, solo se declararon 4.624.509.

Antonio Perianes, enfatizó estas particularidades, las que se pueden contabilizar y las que no, lo que es economía irregular y sumergida, para argumentar que las actuaciones que se lleven a cabo por parte de las distintas administraciones pueden desembocar en la erradicación del problema existente. Y es que, mientras la economía sumergida, «es aquella en la que no se conoce nada, la irregular, como es el caso de la producción agrícola, se conoce todo porque está sujeta a la trazabilidad». Así, « cada producto se sabe quién lo ha generado, dónde y en qué condiciones, y por tanto, está a flote, a pesar de que en el ámbito laboral es irregular», dijo Perianes, al mismo tiempo que señaló que «si se sabe qué cantidad, quién la genera y cómo lo hace, se puede cotejar con los datos que figuran en la Seguridad Social, y es ahí donde reside un desfase brutal, entre lo que se produce y lo que declaran las empresas en cuanto a las unidades de trabajo que contratan». El secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC OO en Andalucía entiende, y así lo manifestó, que «los Gobiernos no están vigilando una situación que es muy fácil de detectar». La economía sumergida «es más difícil de detectar, pero en este caso, no hay excusa». Está medida la cantidad de trabajo (UTA) a nivel europeo, para cada producto y superficie, «lo que es fácilmente contabilizable qué unidad de trabajo se requiere para una finca con una determinada superficie que ha generado un volumen concreto de producto y lo que declara posteriormente». Con ello, «si no se hace es porque no se quiere, no porque no se pueda», aseveró Perianes.

Bajos precios

Para el responsable de este área en Andalucía en el sindicato no es «excusa» los bajos precios, sino «una obligación de hacer las cosas bien desde arriba, porque sino el que paga el pato es el trabajador, al que se machaca finalmente como el último que actúa en esta cadena». Perianes no es ajeno a los bajos precios a los que se venden los productos hortofrutícolas y que hacen que la rentabilidad sea menor, pero «no es justificación para que a los trabajadores del campo se les exploten y no puedan hacer su trabajo en unas condiciones dignas acordes al disfrute de sus derechos en salario y cotización a la Seguridad Social».

«Hipocresía normativa»

Lo que sería el normal desarrollo de la inspección de trabajo, según CC OO queda limitado por la normativa actual a la que Perianes calificó de «hipócrita». En estos momentos «solo se puede inspeccionar a trabajadores ilegales». Y es que, «la norma hace invisible cualquier irregularidad», aseveró secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC OO en Andalucía. Sobre esta afirmación explicó que «el empresario en el campo puede dar de alta al trabajador hasta 24 horas después de haber iniciado el trabajo. Por tanto, si se presenta la inspección, el empresario puede argumentar que es el primer día de trabajo de los jornaleros, y así no está al margen de la Ley. De esta forma, los empresarios ganan días en el incumplimiento de su obligación con la Seguridad Social. Además cuenta con 28 días para declarar las jornadas de trabajo por empleado. En esta cuestión se produce lo siguiente: pacto con el trabajador en el número de jornales a declarar; y en el caso de venta, se cobra hasta el 15% de su salario. Así muchas jornadas que se cotizan a la Seguridad Social las pagan incluso los propios trabajadores». Lo que se produce, a juicio de Perianes, es que «se explota al jornalero y además se defrauda al resto de la sociedad porque las arcas públicas dejan de ingresar».

El sindicato está trabajando en dos líneas diferenciadas, por un lado trata de establecer medidas paliativas, que en estos momentos considera necesarias, pero que es conocedor de que no solventa el problema; y por otro, en acciones dirigidas a las administraciones públicas con el fin de que tomen conciencia del perjuicio que tiene la situación, no solo para los trabajadores dedicados a tareas agrícolas, a los «que se paga menos y no cotizan lo que trabajan», sino a la sociedad en su conjunto pues «es dinero que deja de ingresar la administración, y que podría revertir en el beneficio del todos los ciudadanos».

La intención de CC OO es que el Gobierno central habilite un cambio normativo que se ajuste a la actualidad y en el que tomen el lugar que le corresponden «las herramientas 'on line' de las que disponemos, puesto que facilitarían el control». Además, el sindicato exige a la Junta de Andalucía que aporte los aforos de producción, que «los entregue a Inspección de Trabajo, para que cotejen los datos con las altas registradas en la Seguridad Social y se actúe en consecuencia».

Acción con Guardia Civil

en Sevilla, CC OO -determinando que los productores pedían más refuerzos para velar por sus intereses y evitar los robos en las fincas- pensó en proponer a la Guardia Civil, la inclusión en su acción de vigilancia también la relativa a la contratación laboral en las fincas. En el tiempo en el que lleva trabajando esta unidad especial, «se han imputado a diferentes empresarios dedicados a la producción de cítricos y también de aceituna de mesa, ya que se excedían de la cuantía mínima defraudada y pasa a ser un delito penal, con cárcel», comentó Perianes. «Nosotros damos el soporte logístico e informativo y ellos son los que están detectando estas irregularidades. Se está encontrando listados de personas a los que se venden peonadas, además, claro está de personas que trabajan y que no están cotizando lo que debiera». Antonio Perianes habló de esta medida también, en un futuro, para Almería, pues así lo están planteando.

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