El abogado de la querella a Bárcenas tilda de "preocupante" la situación de Almería

Enrique Santiago visitó ayer la provincia para reunirse con cargos públicos de IU y tratar la presunta financiación irregular del PP

M. C. CALLEJÓN

El mapa de la corrupción en Almería es «preocupante». Así lo declaró ayer el secretario de Refundación y Movimientos Sociales de Izquierda Unida, Enrique Santiago, que fue quien presentó la querella contra el excontable del PP José Luis Bárcenas por el presunto sistema de financiación irregular de este partido.

«De los datos que tenemos de Andalucía, el caso de Almería es el más preocupante», afirmó con contundencia ante los medios de comunicación, además de exponer la situación que se vive en otros puntos del país, como Toledo, Madrid o Galicia. Lo hacía al tiempo que la coordinadora provincial de Izquierda Unida, Rosalía Martín, anunciaba una reunión durante la jornada de ayer con cargos públicos de esta formación en los ayuntamientos de la provincia que «de alguna manera pudieran estar implicados, como Roquetas, Vícar, Níjar, Almería y la Diputación» en la presunta financiación irregular a través de la empresa Hispano Almería, tal y como está investigando la Fiscalía Provincial. No en vano, IU quiere saber si el caso de Hispano Almería «es una separata de la financiación ilegal del PP» a nivel nacional.

Y es que, aseveró Santiago, en la provincia de Almería «es donde hay ahora mismo mayores indicios que deben ser investigados y que, de acreditarse el más mínimo vínculo con las investigaciones que ahora mismo hay abiertas en la Audiencia Nacional -con la red Gürtel o los papeles de Bárcenas-, inmediatamente esa investigación debería salir de la Fiscalía Provincial y trasladarse a la Audiencia Nacional -AN- para que se integrase en el marco de esas investigaciones, para que puedan realizarse de forma eficaz».

No en vano, a su juicio, «la Policía Judicial en la Audiencia Nacional está haciendo bien su trabajo» pero duda de que «en otros ámbitos provinciales exista capacidad para que estas investigaciones se lleven a cabo con las suficientes garantías -puesto que no avanzan-, que sí están teniendo en la AN».

El abogado recordó que, en las últimas declaraciones de Bárcenas, el excontable del PP afirmó que se trataba de «un sistema consolidado desde hacía varias décadas y que, en todas las provincias de España, había una contabilidad en 'b' con la presunta financiación irregular del partido».

Y, aunque reconoció que «no hemos podido acreditar una relación directa entre el sistema de financiación que presuntamente el Partido Popular ha podido tener de manera irregular en Almería con el sistema de los papeles de Bárcenas», afirmó que «sí se pone de manifiesto, con las declaraciones del señor Bárcenas, que ese supuesto que había denunciado IU en Almería es absolutamente real». De hecho, insistió en que «en Almería, igual que en todas las provincias, y en eso el señor Bárcenas fue absolutamente contundente, existen esos sistemas de financiación ilegal entre empresarios que se ven favorecidos, ya sean por contratos públicos ya sea por decisiones de gobiernos locales o provinciales del Partido Popular, y que parte de ese dinero -que, en realidad, son fondos públicos- acaba en estos sistemas de financiación irregular, integrándose en las cajas 'b' del Partido Popular».

Un dinero que, explicó, sirve para tres conceptos distintos: «La financiación irregular de las campañas electorales y, por tanto, concurre a las elecciones de forma ilícita y da lugar a cuestionar los resultados del PP en esos comicios; para pagar sobresueldos a dirigentes del PP en todos los niveles de su estructura; y para el pago de infraestructuras del PP en todas y cada una de las provincias».

Sobre el mapa de la corrupción en Almería, Martín lamentó por su parte que la provincia sea conocida por ser «una de las que más causas pendientes tiene, y que partidos como el PP no tome medidas desde la dirección regional contra responsables públicos supuestamente implicados en asuntos como el caso Hispano Almería».

Además, lamentó, «tenemos otro asunto grave, como es el caso Poniente, y cómo el alcalde y el interventor supuestamente lideraron una trama para esquilmar las arcas del Ayuntamiento de El Ejido» aunque «muchos años después aún no se les ha juzgado y campan a sus anchas», por lo que confió en que «la Justicia acelere, ahora que se ha conocido el esperado informe de Hacienda que demuestra esta trama», al tiempo que reclamaba el cierre de las diligencias y el comienzo de los juicios pendientes.