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Relator de la ONU pide a España cumplir sus compromisos sobre discapacidad

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Relator de la ONU pide a España cumplir sus compromisos sobre discapacidad

Ginebra, 20 sep (EFE).- El Gobierno de España debe trabajar más para aplicar de manera efectiva y real la legislación relativa a promover los derechos de las personas discapacitadas y dar más información acerca de la situación en la que vive este colectivo.
Así lo manifestó hoy Xavier Torres Correa, relator especial del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano reunido hoy en Ginebra para abordar la situación en España, que en 2008 ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre este tema.
Asociaciones de discapacitados acusan al Gobierno español de no aplicar la Convención, pese a su ratificación e incorporación al ordenamiento jurídico español, algo en lo que les dio la razón el relator especial afirmando que "queda camino por recorrer para que España cumpla plenamente lo estipulado en la Convención".
Torres Correa afirmó que España no ha facilitado información sobre la situación de pobreza en la que viven las personas discapacitadas, sobre las medidas de autonomía personal y acceso a la salud o sobre empleo, en concreto sobre la obligación de que las empresas de más de 50 empleados empleen a un 2% de discapacitados.
El relator afirmó que tampoco se ha podido comprobar la eficacia de las medidas para frenar la violencia contra los niños y mujeres que viven con algún tipo de discapacidad funcional, y denunció que no se haya avanzado lo suficiente en materia de accesibilidad.
Torres Correa lamentó que, por ejemplo, en el modelo español "las personas con discapacidad no puedan viajar solas en avión".
El experto de la ONU indicó que otro elemento clave que España debe aclarar es el del baremo que se emplea para considerar discapacitada a una persona e hizo hincapié en las situaciones de discriminación que, según él, se dan en el sistema educativo.
"Se ven casos de discriminación con jóvenes a los que se obliga a seguir, no en el ámbito ordinario escolar ordinario, sino parte en el regular y parte en educación especial", dijo Torres Correa, que recordó que esto contraviene el espíritu de la Convención.
No obstante, el relator aseguró a Efe que se ha entablado un "diálogo constructivo con España" y que "poco a poco el Estado está dando respuesta y comprometiéndose a medidas de manera progresiva".
El relator dio respuesta al informe previo que presentó la secretaria general de Política Social del ministerio de Sanidad, Isabel Martínez Lozano, que defendió los "grandes avances" logrados en España en atención y promoción de derechos de este colectivo.
Martínez Lozano recordó que España fue el primer país europeo en ratificar el texto de la ONU y aseguró que "ha habido una revisión del ordenamiento jurídico y un impulso de las ayudas públicas a la discapacidad para cumplir con rigor esta Convención".
"Creo que en el día de hoy debemos sentirnos con cierto orgullo, porque creo que somos de los países que mejor ha hecho los deberes en la aplicación de los derechos y deberes que implica la Convención", dijo la secretaria general, que subrayó que asumir este texto supuso modificar 24 leyes relacionadas con la discapacidad.
En el terreno educativo, Martínez Lozano también proclamó su orgullo por el hecho de que el 78% de los menores con discapacidades funcionales estén en colegios normalizados, algo que refleja en su opinión, que "nuestro modelo educativo es un modelo de inclusión".
No lo ven de la misma manera representantes de asociaciones de discapacitados como SOLCOM, cuya vicepresidenta Mónica Munay, viajó a Ginebra para entrevistarse con el relator especial y asistir a la reunión del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Munay, madre de una joven de 17 años escolarizada en el sistema ordinario tras una batalla legal de varios años, denunció que el Estado español no cumple lo estipulado en la Convención de la ONU.
"Nos llegan todos los días casos de discriminación escolar en el ámbito estatal", declaró a Efe Munay, que lamentó que muchos padres "no tienen los medios, ni los recursos, ni los conocimientos para poder acceder a la justicia" cuando sus hijos son discriminados.
"Muchos de estos padres, ante la presión de la administración (...), acaban cediendo y enviando a sus hijos a centros especiales. No es que los padres quieran segregar a sus hijos, es que no les dejan otro camino", explicó la representante de Solcom.
Asociaciones como esta reivindican que los menores discapacitados crezcan en un entorno de normalidad, escolarizados en el sistema ordinario y no en centros especializados, que consideran guetos que potencian la discriminación y frenan su desarrollo.
Es el caso de María de los Santos, que tiene un hijo de 9 años con discapacidad funcional: "a mi hijo se le obliga a un tipo de escolarización que consideramos que no es inclusiva, con lo que, como dice la Convención, se están violando su derechos humanos". EFE
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