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Martes, 15 de agosto 2017, 00:27
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El pasado mes de mayo Ana Gálvez recibió una carta del Instituto Nacional de la Seguridad Social que resolvía que su hermano Francisco Javier, fallecido tres semanas antes, era considerado apto para reincorporarse a su puesto de trabajo en Miranda de Ebro por la «mejoría efectuada» en los problemas pulmonares que le habían llevado a obtener hace casi dos años y medio la incapacidad permanente total.
Según explica El Correo, las secuelas de una «neumonía atípica» sufrida hace tres ejercicios dejaron a Francisco Javier Gálvez incapacitado para seguir trabajando. «Estuvo muy grave, pero salió adelante; aunque no sabían casi ni cómo», recuerda Ana. Sin embargo, a finales de diciembre de 2015 el INSS le reconoció el derecho a percibir una pensión dado que era imposible que se reincorporara a su puesto.
«Le tomaban la tensión, le preguntaban cómo se encontraba... pero nadie le miró por dentro para ver cómo evolucionaba de ese cuadro pulmonar», rememora su hermana.
Así las cosas, cuando recibieron una carta de la Seguridad Social, con registro de salida el 28 de febrero, explicando que su caso había sido revisado «de oficio» por el organismo estatal y que, dado que su salud había mejorado, entendían que podía reincorporarse a su trabajo, la familia no daba crédito a la situación. «Le pasaron de tener reconocida una enfermedad muy grave a una leve, sin más. Sin mirar sus pulmones». Tampoco los tribunales médicos le realizaron ninguna prueba, «solo preguntas».
Concretamente, el escrito señalaba que el cuadro patológico de ese momento, «comparado con el estado de secuelas anterior», suponía «una mejora objetiva, por hallarse con una patología respiratoria con afectación leve» que, por tanto, solo le limitaba «para actividades con requerimientos físicos elevados». Así que se le indicaba que le iban a suprimir la prestación que percibía a partir del 1 de marzo. Es decir, la carta salió del INSSen Burgos el día de antes a que entraran en vigor las nuevas condiciones.
La misma decisión le fue trasladada a la empresa en la que había trabajado Javier, que fue precisamente por quien se enteró de que tenía que volver a trabajar. Y es que en esa carta se recogía expresamente que podía «reincorporarse» a su puesto. Pero, ¿cómo hacerlo si estaba ingresado y entubado? Había ingresado en el hospital de Miranda el 14 de febrero y dos días después fue derivado al HUBU, donde permaneció hasta el 28. Allí volvió cuatro días después al agravarse de nuevo su situación. Murió el 14 de abril.
Cuando finalmente le volvieron a remitir otra carta pensó que sería para comunicar que el caso había sido cerrado. Pero no. El documento fechado el 5 de mayo desestimaba la reclamación interpuesta por la familia y confirmaba la resolución impugnada. Hacía tres semanas que había muerto, un hecho que sus hermanas comunicaron a la Seguridad Social el 17 de abril. «Tenían constancia de ese fallecimiento. Es vergonzoso, ni siquiera lo han mirado», lamenta Ana.
«Esta última respuesta me ha matado. ¿Para qué mandas escritos, informes médicos... si no los miran? No lo ha leído nadie, no se han molestado en analizar su caso. Me dan ganas de presentarme ante el director provincial del INSS con la urna de mi hermano y decirle: díselo en persona», concluye.
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