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El límite de la edad de la inocencia

Zachary Neagle, de 14 años, fue juzgado como adulto en EE UUpor el asesinato de su padre.
Zachary Neagle, de 14 años, fue juzgado como adulto en EE UUpor el asesinato de su padre. / AP
  • Argentina quiere bajar a los 14 años la responsabilidad penal, que fluctúa en el mundo entre los 7 y los 18. En España hay juristas que piden situarla en 12 años para «homicidas y violadores»

Hasta dónde se puede rebajar la edad para exigir responsabilidades penales a un delincuente? La pregunta se la reformulan en todos los países cada vez que un menor se ve envuelto en un hecho criminal. Ocurre estos días en Argentina después de que el día de Nochebuena un asaltante de 15 años asesinara de un tiro en la cabeza en Buenos Aires a Brian Aguinaco, un adolescente de 14 años que circulaba en un coche junto a su abuelo. Los vecinos de la zona llegaron a asaltar una comisaría buscando tomarse la justicia por su mano. La conmoción en la Navidad porteña ha llevado al presidente, Mauricio Macri, a anunciar la rápida creación de una comisión de expertos para estudiar el adelanto de la edad penal de los actuales 16 años hasta los 14. El asunto ya fue uno de los debates estrella de la campaña que llevó a Macri al poder . Se repite en un país afectado por periódicas oleadas de delincuencia, en especial protagonizadas por ‘motochorros’, adolescentes motorizados y con armas de fuego que roban a la carrera.

Como ha ocurrido en otros lugares, la sociedad argentina reclama medidas legales a golpe de conmoción de telediario. Una situación que han vivido todos los países en los que algún caso brutal sacudía las conciencias. Han pasado 23 años pero Inglaterra no ha olvidado a James Bulger, un niño de dos años que fue arrojado a las vías del tren en Walton, después de ser torturado por otros dos críos de 10 años, Jon Venables y Robert Thompson. Ambos fueron condenados a prisión hasta que cumplieran la mayoría de edad. Pasaron entre rejas de los 11 a los 18 años.

Cada país tiene sus propios iconos de la siempre alarmante violencia infantil. A sus 11 años, Christian Fernández se convirtió en 2011 en el preso más joven de Estados Unidos tras matar a su hermano de dos años. Saldrá el año que viene a pesar de que la Fiscalía le pedía cadena perpetua. Aunque hay estados de EE UU que rebajan la edad penal a los 7 (Carolina del Norte), lo habitual en el país se sitúa en los 10.

El niño de la ballesta

España no se ha sustraído a este debate. Se recrudeció en abril de 2015 cuando un niño de 13 años, de 2º de la ESO, armado con una ballesta y un machete mató a su profesor e hirió a otras cuatro personas en el instituto Joan Fuster de Barcelona. Llovía sobre un terreno penal resbaladizo, ya que el caso se sumaba a la violación de una niña en Isla Cristina (Huelva) a cargo de siete menores (dos de ellos de menos de 14 años).

Estos hechos explican el permanente cuestionamiento sobre la edad a la que se deberían tomar medidas punitivas. La Ley del Menor española (año 2000) impide aplicárselas a quien no haya cumplido 14 años. E incluso considera «excepcionales» las órdenes de internamiento entre los 14 y los 18. Sin embargo, impactos sociales como el del ‘crimen de la ballesta’ han llevado a expertos como el psicólogo y exdefensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, a la reflexión de que «en los casos de homicidio y violación habría que pensar en bajarlo a los 12 años». Urra, también exfiscal de Menores, encuentra eco en otros juristas, como el coordinador de las fiscalías de Castilla y León, Avelino Fierro, que defiende la necesidad de «rebajar esa edad a los 12 años pero no de forma general sino solo para casos muy concretos y dejando amplias facultades al juez instructor para incoar expedientes».

Al otro lado del debate se sitúan los expertos reunidos en las Asociaciones de Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT). Su coordinador, el psicólogo infantil Tomás Aller, se pregunta: «¿De qué estamos hablando? ¿De meterlos en la cárcel? ¡Pero si ya existen cárceles de menores!», aclara, refiriéndose a los centros de internamiento cerrado para infractores de la ley de entre 14 y 18 años. Aller, que prepara un informe para la ONU sobre la evolución de los conflictos con menores, cree que estos debates solo pretenden «calmar a la sociedad» y recuerda que lo que está fallando son los programas de seguimiento. «El perfil de un menor que acaba matando o violando nos da avisos, hay señales previas. No se hace seguimiento de las recaídas de los adultos en prisión y mucho menos se hará con los menores», vaticina.

En la misma línea se han pronunciado el catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco José Luis de la Cuesta y su colega Isidoro Blanco que, tras estudiar el actual marco legal, advierten de que «acentúa los aspectos represivos». Y que, en lugar de ponerse el acento en el interés del menor y en políticas de reinserción, «la tendencia es clara: se suceden las reformas legislativas que prefieren seguir por la senda cada vez más frecuente de una política criminal fundamentalmente basada en miopes consideraciones de pura y dura defensa social». Estos argumentos coinciden, de momento, con los del ministro de Justicia, Rafael Catalá, contrario a nuevos cambios porque «las leyes no cambian las conductas».