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Cómo defenderse a uno mismo ante el juez

Cómo defenderse a uno mismo ante el juez
  • Dylann Roof, el asesino de nueve afroamericanos en una iglesia de Carolina del Sur, se defenderá a sí mismo. En España, donde es preciso ser abogado para enfrentarse a un tribunal, algunos acusados también lo han hecho: Conde, Camps, Del Nido...

Aunque desde hace unos días parece que se lo está repensando, Dylann Roof, el chaval de 21 años que en junio de 2015 mató a nueve negros durante un servicio de oración en un iglesia Episcopal Metodista Africana en Charleston, Carolina del Sur, ha solicitado permiso para encargarse de su defensa. El reo, que se enfrenta a dos procesos judiciales –uno por crímenes de odio y otro por asesinato múltiple– podría ser condenado a muerte si no consigue convencer al jurado de que, en el momento de protagonizar la mayor matanza racista cometida en EE UU en los últimos cien años, no estaba en su sano juicio.

Haciendo caso omiso de la máxima universal que afirma que un abogado que se defiende a sí mismo tiene a un tonto por cliente, Dylann le ha pedido al magistrado Gergel, encargado del caso, que le permita representarse, y el juez ha resuelto que está en su derecho de hacerlo. Ahora, cuando la maquinaria procesal se ha puesto en marcha, parece haberse dado cuenta de que la cosa va en serio y ha reclamado un abogado para que le asista «en la primera fase del proceso».

Roof no es el primer criminal que decide hacerse cargo de su defensa en un país en el que no es necesario ser abogado para arroparse con los atributos que confiere una toga y enfrentarse a un jurado. Ted Bundy, asesino confeso de 39 mujeres (aunque se cree fueron más de cien las chicas que mató), también se sintió con fuerzas y sabiduría suficientes como para dirigir su defensa cuando le llegó la hora de rendir cuentas. Antes de dedicarse a matar a tiempo completo, el hombre al que apodaron ‘el diablo’ había cursado varios años de Derecho y aprendido lo bastante como para creer que no había mejores manos que las propias para tratar de salvaguardar su futuro. A pesar de que Bundy era un tipo listo –había sacado unas notas excelentes–, de poco le sirvió: en 1989, el más vil de los asesinos en serie del siglo XX fue condenado a morir en la silla eléctrica.

El mundo anglosajón está sembrado de casos en los que, letrados o no, los procesados deciden velar por sus intereses. Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III, explica que el asunto es fácil de entender si tenemos en cuenta que en su sistema, casi desde el principio de los tiempos, es un jurado el que se encarga de valorar lo ocurrido y los jueces de ir elaborando su jurisprudencia. «En esas circunstancias, si de lo que se trata es de pelearse por cómo sucedieron unos hechos, tiene más lógica que uno se defienda a sí mismo. Aquí, o entre quienes han implantado el llamado sistema continental, no encajaría bien porque, si no conoces las leyes, estás absolutamente indefenso. En nuestro sistema las garantías vienen del conocimiento; por eso, cuanto más sabe, y mejor maneja lo que sabe un abogado, más reconocido está... y más cobra».

‘Justicia continental’

Lo que ocurre al otro lado del Atlántico, Gran Bretaña y algún que otro país con influencia británica, nada tiene que ver con lo que pasa en el resto del planeta, en donde un acusado que no sea licenciado en Derecho nunca podrá defender sus intereses ante un tribunal sin mediar un letrado; en realidad, salvo para causas menores, tampoco es muy habitual que uno de ellos se ‘autocontrate’, aunque hay ejemplos más que conocidos de quienes han creído que hacerlo no era mal negocio. De otro modo no se entendería que Mario Conde, la cara del éxito de la España de los años ochenta, decidiera que no había nadie más listo, ni más preparado que él, para bregar con el tribunal que juzgaba el ‘caso Banesto’. Meses y cientos de aperturas de telediarios después, el banquero tuvo que aceptar que otros colegas le echaran una mano. Eso, y una condena de veinte años cuando se consideró probado que se había quedado con un buen montante de dinero que no era suyo.

Los años que pasó en la cárcel le sirvieron para «hacer amigos» y leer –asegura que estando en prisión devoró entre 300 y 500 libros–, pero para poco más. Ocho años después se le señala como líder de una trama que habría blanqueado trece millones de euros junto a otras catorce personas, entre ellas sus hijos, Mario y Alejandra. Lo que sí parece haber aprendido entre rejas es que es mejor dejar su defensa en manos de otro, aunque él esté por detrás maquinando; al fin y al cabo, no solo fue número uno de su promoción de Derecho en la Universidad bilbaína de Deusto, sino la nota más alta alcanzada jamás en unas oposiciones a Abogado del Estado.

Tampoco le están saliendo bien las cosas al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, que ha optado por la autodefensa en toda la primera parte de un proceso que trata de aclarar si sembró la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de todo tipo de irregularidades. Mucho menos al expresidente del Sevilla José María del Nido, que estos días prepara las maletas para pasar en casa unos días por Navidad. Cumple siete años de reclusión por el ‘caso Minutas’, que juzgó las irregularidades en los encargos realizados al abogado por parte del Ayuntamiento de Marbella, y en el que ejerció parte de su defensa.

El profesor Álvarez cree que es fácil que la cosa se complique cuando uno se pone al frente de su propia defensa. También que, en los casos antes mencionados, es más que probable que la vanidad les haya hecho olvidar los inconvenientes. «Todos conocemos a esos personajes y no hace falta decir que la soberbia es muy mala compañera. En el caso de Conde, ni siquiera era penalista y hacía años que estaba dedicado a otros menesteres alejados del Derecho. Se equivocó de medio a medio y finalmente, como la mayoría de ellos, recurrió a un buen abogado».

Aún así hay quienes, como Luis de Miguel, abogado de profesión y supuesto arquitecto financiero de la ‘trama Gürtel’, insisten en confiar en sus habilidades. De Miguel ha decidido defenderse a sí mismo para tratar de zafarse de los 18 años y medio de prisión que le pide el fiscal. Teniendo en cuenta que está ya condenado a 20 años y multas que suman 16,6 millones de euros por ocho delitos contra la Hacienda Pública que nada tienen que ver con la Gürtel, va tener que echar el resto si quiere dormir algún día de lo que le queda de vida en otro sitio que no sea la cárcel.

Mucho antes que ellos, Juan Hormaechea se colgó la toga para dirimir con el tribunal que lo juzgaba. Al expresidente de Cantabria, que tiene el dudoso honor de haber sido el primer dirigente de una comunidad autónoma condenado por delitos cometidos en el ejercicio del cargo, se le impuso en 1994 una pena de seis años de prisión y siete de inhabilitación por malversación de caudales públicos. Aunque finalmente no pisó la cárcel (un año después el Consejo de Ministros le concedió el indulto total), no logró que sus habilidades como letrado convencieran a los jueces.

Quizá debía haberle pedido consejo a Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, a quien tampoco le parece conveniente representarse a sí mismo. «Opino que es mejor observar una distancia, tratar de mantener la objetividad», dice la máxima autoridad de la abogacía en España, confesando que ella nunca lo haría: «Creo que añadir ese plus de la distancia es fundamental y que habría muchos compañeros perfectamente capaces de hacerlo».

Como ella, Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial en 2012 por cometer un delito de prevaricación durante la instrucción precisamente del ‘caso Gürtel’, comparte que autodefenderse es un error. «Te hace perder la objetividad. Impregna la defensa técnica de pasiones individuales y vicia los argumentos por la perspectiva personal». El hoy director del bufete Internacional Legal Office for Cooperación and Development (ILOCAD) es de los que opina que ambos sistemas, anglosajón y continental, tienen ventajas e inconvenientes, aunque también que sobre cualquier otra cosa debe aspirarse a una justicia eficaz y rápida pero nunca a costa de despojar a nadie del más mínimo derecho a la defensa. «Los ordenamientos jurídicos no son inertes, y mucho menos intemporales. El ordenamiento procesal español tiene que evolucionar para dar respuesta los nuevos retos», dice cuando le preguntamos si nuestro sistema necesitaría un repaso.

Es posible que Sócrates, quien a pesar de defenserse con maestría perdió el juicio que le costó la vida, estuviera de acuerdo con el exmagistrado. También que, si llegan a darle otra oportunidad, habría contratado un abogado.