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Los abogados de los 'malos, malísimos'

José Bretón cumple condena por carbonizar a sus hijos de seis y dos años. Su abogada, Bárbara Royo, dice que no hubo «pruebas de cargo».
José Bretón cumple condena por carbonizar a sus hijos de seis y dos años. Su abogada, Bárbara Royo, dice que no hubo «pruebas de cargo». / ROLDÁN SERRANO
  • Hay letrados que venderían su alma al diablo por hacerse con la defensa de un criminal que durante semanas abrirá los telediarios. Quienes han llevado casos así confirman que un asunto así «te cambia la vida»

Eduardo de Araújo Cavalcanti habla en tono pausado y amable. Es fácil imaginarlo librando ese conflicto interno que, según dice, surge siempre que decide hacerse cargo de la defensa de alguien como su último cliente: un chaval capaz de coger una navaja y asesinar a cuatro personas, entre ellas dos niños con los que hasta ese instante había jugado, comido, dormido... Alguien con suficiente estómago como para, después de arrebatarle la vida a sus tios y primos, cortarlos en pedacitos; un individuo con tanta osadía como para, una vez acabado el trabajo, hacerse unos selfies y compartir su proeza con un amigo –convertido en cómplice– y narrarle los hechos con la misma naturalidad con la que cualquier otro comenta un partido. El hombre que trajo a Patrick Nogueira Gouveia a España cree que cuando toca afrontar este tipo de asuntos hay que dejar la moral a un lado y tener presente que la defensa es un derecho irrenunciable.

Araújo Cavalcanti repite a cada rato que el del asesino de Pioz (Guadalajara) es un caso complicado. También que nadie debe perder de vista que el joven volvió a España para rendir cuentas ante la justicia libremente. «Podía no haberlo hecho y haber optado por desaparecer, o al menos intentarlo, pero decidió volver y asumir las consecuencias de sus actos a pesar de dejar muy triste a su familia. Esa actitud, en cierta forma, le dignifica».

Mientras tratamos de imaginar cómo puede encontrar alguien un resto de dignidad en semejante espécimen, el abogado tiene otra forma de ver las cosas: «Siempre es un dilema. Notas cómo surge un conflicto dentro de ti, pero hay que dejar la moral aislada. No se trata de eso, sino de actuar dentro de la ley y garantizar a una persona el derecho a ser defendido».

A Araújo Cavalcanti lo reclutaron los familiares del asesino confeso. Cree que ha conseguido lo verdaderamente importante: meter a Patrick en un avión y dejarlo en manos de los tribunales, a quienes corresponde ahora juzgar uno de los casos más estremecedores que se han sucedido en este país en los últimos años. «Debería saberse que vino porque así lo decidió. Cogimos un avión comercial, un vuelo normal, y regresamos a España», cuenta el abogado.

En cualquier caso, Araújo es solo el letrado que representa los intereses de esa suerte de monstruo hasta su llegada a España. Aquí, según nos ha contado, la familia se debate entre contratar a un experto o aceptar que sea un abogado de oficio quien tome las riendas. Saben que los honorarios de un penalista de renombre no son cualquier cosa, pero también que quien finalmente se encargue de defender a Patrick tardará solo unos segundos en convertirse en una suerte de estrella.

Y es que, por mucho que un asunto de esta naturaleza te obligue a enfrentarte a un batallón de periodistas y a una opinión pública levantada en armas clamando justicia, no hay mejor manera de hacerse un nombre en el intrincado mundo de la abogacía. Los hechos confirman que, cuando salta un caso así, decenas de penalistas venderían su alma al diablo por hacerse con él... ¿Una exageración? Para nada: durante los primeros meses después de que Rosario Porto ingresara en la cárcel, recibió entre quince y veinte cartas diarias de letrados de todo el país ofreciéndole sus servicios. Otros, los más osados, llegaron al extremo de colarse en la prisión para poder verla y hacerle saber su interés... de cuerpo presente.

Pruebas de cargo

El mismo día que detuvieron a Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren recibió una llamada. Al otro lado del teléfono, alguien que se identificaba como un amigo de la familia le rogaba que fuera su abogado. Transcurrieron solo unos minutos, los suficientes para que aceptara la propuesta y quedara a la espera de que la Guardia Civil se pusiera en contacto. Pero el instituto armado no dio señales de vida.

Tres días después, el 30 de septiembre de 2013, ese mismo hombre volvió a llamarle para pedirle disculpas y proponerle de nuevo que se hiciera cargo de la defensa. Gutiérrez Aranguren solo puso una condición: que la mujer, a la que con el paso de unos meses condenarían a 18 años de cárcel por matar a su hija, estuviera de acuerdo. El letrado reconoce que cuando aceptó el caso no midió las consecuencias. El día de su primer encuentro con Rosario, aquel mismo 30 de septiembre, entró en prisión a las tres de la tarde; cuando salió, siete horas y media después, docenas de cámaras y focos le esperaban en la puerta.

Como José Luis Gutiérrez Aranguren, cualquier abogado al que el destino ha reservado una causa tan mediática como el asesinato de Asunta Basterra sabe que un trabajo así «te cambia la vida». «De la noche a la mañana, los periodistas hacían turnos en el portal del despacho; la presión es brutal, pierdes la intimidad y te ves obligado a conceder entrevistas y hacer declaraciones. Hay que tratar de equilibrar el marcador y, de repente, jugar en dos campos distintos: uno, el juzgado; el otro, los medios de comunicación», cuenta este abogado, con 35 años de carrera y más de 6.500 expedientes a sus espaldas, que todavía sigue creyendo que su defendida no mató a la niña. «Soy la persona que más conoce a Rosario Porto. Sigo visitando una vez por semana a mi cliente y mantengo mi tesis: no hay pruebas de cargo».

El despacho que dirige prepara estos días el recurso de amparo que presentarán ante el Supremo después de que, hace solo unas semanas, se conociera que la cúspide del poder judicial confirmaba la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia a cada uno de los padres de Asunta.

Hambre de novedades

Durante el tiempo en que el caso fue juzgado, el hambre de novedades abonó el terreno haciendo brotar como setas teorías que, a falta de certezas, se iban dando por buenas. Sucesivamente se contó que Rosario –según algunos, también adoptada– mató a Asunta porque sentía celos de su hija; que lo hizo porque los abuelos habían legado a la niña todo su patrimonio... y otras cientos de versiones más. A Gutiérrez Aranguren nada de eso le importó (ni le importa) demasiado. «Yo soy abogado; me dedico el derecho penal, no soy sacerdote», afirma cuando se le pregunta si uno no se enfrenta a un serio dilema moral cuando debe defender a alguien acusado de cometer un hecho tan atroz.

A Bárbara Royo fue el propio José Bretón quien la eligió. La abogada explica que recibió una llamada de la familia del hombre condenado a pasar 40 años de su vida en la cárcel por el asesinato de sus hijos, José y Ruth, comunicándole que querían cambiar de abogado; que buscaban a alguien capaz de plantarle cara al Tribunal Supremo. Según le dijeron, había sido el preso, que la había visto en la televisión analizando su caso, quien había pedido que fuera ella, y no otro, quien tomara las riendas de su causa.

Cuando uno se pregunta de nuevo si lo normal no es enfrentarse a un serio dilema cuando le toca defender a un hombre que mató a sus hijos quemándoles en una hoguera, a 1.200 grados de temperatura, Royo contesta que sí, que siempre lo hay; pero también que uno está obligado a resolverlo y ponderar. «Hay clientes en cuya inocencia creo y otros que considero culpables, pero mi trabajo no es ese, sino ir con la verdad por delante defendiendo que se cumpla la legalidad. Por lo que respecta a José Bretón, creo que el caso llegó cerrado mediáticamente al tribunal. También que no había pruebas de cargo».

La tesis de Bárbara, una madrileña con veinte años de experiencia en casos como este y muchas horas de análisis en televisión, es la misma que la de su defendido. Bretón, que hace no demasiados días ha intentado lesionarse de gravedad en la cárcel, siempre ha mantenido que todo ha sido una parafernalia, un invento. «Yo sufrí un juicio mediático y me cogieron como chivo expiatorio», ha contado a quienes se han acercado a la prisión en la que cumple condena buscando descifrar qué hay detrás de ese rostro frío de mirada perdida que abrió decenas de informativos.

Su letrada cree que, si ya de por sí es difícil defender a alguien acusado de semejante atrocidad, hacerlo en un proceso sembrado de presiones no mejora las cosas. «Ante un caso así todo el mundo, incluidos los jueces, han oído de todo. La presión es enorme. ¡A ver quién se atreve a declararlo inocente! Y si hablamos de un jurado popular, entonces es imposible».

El hombre de la dinamita

José Emilio Suárez Trashorras vendió 150 kilos de dinamita de la mina en la que había estado trabajando a los islamistas que el 11 de marzo de 2004 hicieron estallar varios trenes en Madrid arrancando la vida a 192 personas. Por el cargamento le dieron 400.000 euros, que gastó, según explicó después, «en fines de semana de coches, drogas y mujeres».

Trashorras fue condenado a 34.715 años de cárcel y, aunque ya lleva doce entre rejas, aún le quedan muchos para volver a estar en paz, al menos con la justicia. El encargado de defender sus intereses ante los tribunales casi desde el principio se llama Francisco Miranda Velasco, uno de los socios de Vox Legis, un despacho que ha estado personado en procedimientos de tanto calado mediático como los casos Taula y Gürtel, y que lleva la defensa de personajes tan conocidos como Marisol Yagüe o Maite Zaldívar. Él es de la opinión de que un letrado afronta la defensa de un sospechoso de un delito especialmente grave en la creencia de que el derecho a la defensa es un pilar fundamental del Estado de Derecho y que, en consecuencia, es un privilegio contribuir a equilibrar a favor de su cliente una correlación de fuerzas en las que, frente al poder del Estado, sin una buena defensa, siempre se encontraría en clara desventaja. Sin embargo, no cree que exista ese dilema moral que otros reconocen. «Defender a una persona acusada de un delito, ya sea de asesinato, violación o cualquier otro, no es en modo alguno olvidarse de la víctima ni dar nuestra aprobación a los hechos que presuntamente haya cometido. Creemos en la justicia restaurativa y entendemos que nuestro actual sistema ofrece al damnificado escasa participación. Nosotros procuramos, siempre que sea factible, encuentros restaurativos en los que las necesidades de la víctima puedan ser escuchadas, e intentamos hacer comprender al cliente la importancia de reparar el daño en la medida de lo posible y pedir perdón». La prueba de que habla en serio es que, en el caso de Trashorras, se han organizado esos encuentros. Y, según Miranda, los resultados han sido satisfactorios.

La verdad es que, desde fuera, cuesta creer que funcione, pero también es difícil comprender que alguien pueda estar interesado en jugar un partido que, de salida, ya está perdido. Está claro que hay un tipo de asuntos que están perdidos para todos... menos para el abogado.