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Picassent da comba a los presos

Picassent  da comba  a los presos
  • Los funcionarios de la cárcel valenciana denuncian un gasto de 7.656 euros en material de boxeo para internos, incluidas 90 cuerdas. A ellos, mientras, les niegan cursos de autodefensa. «Es demencial, una tomadura de pelo», claman

En un mundo al revés. Así es como creen estar viviendo los 920 funcionarios que trabajan en la prisión de Picassent, en Valencia. A través del sindicato Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), han denunciado que la dirección de la cárcel lleva gastados 7.656,33 euros en amplio material para que los internos asistan a cursos de boxeo y body combat impartidos en la misma instalación por uno de ellos. En una lona de ring, guantes, cascos, sacos, protectores, espinilleras, coquillas y otros utensilios, el penal invirtió 4.064,46 euros en diciembre del año pasado y otros 3.591,87 en agosto, según las facturas que los responsables han facilitado a los trabajadores, a solicitud de estos, en obligado cumplimiento de la ley de transparencia. Entre el instrumental adquirido aparecen 90 combas. Lo de menos en este caso son los 334 euros que han costado las sogas. Muy por encima de eso, los funcionarios recuerdan que las cuerdas están prohibidas por su potencial uso para una fuga. Al margen de que puedan emplearse para que algún preso agreda a otro o, incluso, a un funcionario.

Es en este punto donde el sindicato sitúa la gran paradoja que ha colmado su paciencia: al mismo tiempo que la dirección ha aprobado estas partidas, hace apenas dos semanas comunicó a los funcionarios que les suprime los cursos de autodefensa «por falta de fondos». En lo que va de año se han registrado en la prisión nueve agresiones de presos a trabajadores, cifra que calca el promedio de ejercicios precedentes. Algunos de esos ataques provocaron «bajas de varias semanas». No es precisamente tranquila la cárcel de Picassent, la más grande de España, con ocho módulos para hombres y dos para mujeres. Las peleas y amenazas entre reclusos son frecuentes en el penal. Y el 20% de las presas consideradas 'muy peligrosas' que hay en territorio nacional se concentra en él. «No diría que hay temor entre nosotros, pero sí hartazgo», resume en conversación con este periódico Alberto Téllez, portavoz de Acaip en Valencia. Se sienten como 'sparrings' que reciben un directo tras otro sin opción de escapatoria. «La dirección justifica el gasto diciendo que esta práctica es muy buena para los internos porque les ayuda a descargar tensiones, pero nos niega lo mismo a nosotros, que somos quienes tenemos que estar preparados para posibles situaciones conflictivas», añade Téllez.

Un abusador de menores

Una de las mayores incongruencias que aprecian en la agrupación sindical radica en el hecho de que no parecen precisamente el boxeo y el body combat actividades orientadas a reinsertar a los presos en la sociedad, una de las supuestas funciones primordiales de los centros penitenciarios. «Al contrario, es un mero entretenimiento de carácter violento. Estas técnicas de lucha podrían llegar a ser utilizadas una vez en libertad contra posibles víctimas». Otra circunstancia que llama la atención: el encargado de impartir los cursos de estos deportes a los internos, 25 cada día, es otro recluso condenado por abusos sexuales a menores de edad.

«Todo demencial y surrealista. Es una tomadura de pelo y una falta de respeto, una muestra más de desprecio hacia nosotros», clama Téllez. El «hartazgo» del sindicalista se basa en los ganchos en el mentón que, a su parecer, reciben él y sus compañeros periódicamente de las autoridades penitenciarias. Ahora es la supresión de los cursillos de defensa personal; antes, «tres años que llevamos sin concurso de traslados»... El crochet que no cesa.

A Inspección de Trabajo

Se sienten groguis, pero no piensan tirar la toalla. El portavoz de Acaip en Valencia explica que este asunto, la inversión en material para la práctica de boxeo y body combat de los presos y la supresión de los cursillos a los funcionarios, se encuentra «en estudio por el equipo jurídico del sindicato». «Lo están mirando y si estiman que procede presentaremos una denuncia ante la Inspección de Trabajo por lo que consideramos una actividad que va contra la seguridad de los trabajadores del centro», detalla Téllez.

Hasta ahora, los funcionarios siempre han elevado sus quejas a la dirección de la cárcel de Picassent, pero «nos consta que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene pleno conocimiento de nuestra queja», aunque no ha habido ningún contacto con esa instancia. De momento, Acaip mantendrá su denuncia pública y tampoco descarta llegar a los juzgados. No parece una vía factible, pero a lo que no están dispuestos es a besar la lona.