Ideal

La odisea para ser abogado: carrera, máster, examen... y largas esperas

Multitudinaria prueba de oposición en un examen escrito.
Multitudinaria prueba de oposición en un examen escrito. / EFE
  • 4.085 aspirantes se presentaron a la última convocatoria del examen del Ministerio de Justicia de acceso a la Abogacía (obligatorio desde el año 2013) que tuvo lugar el pasado 27 de febrero y del que los candidatos no supieron las calificaciones hasta el pasado 13 de mayo

Cuatro años de carrera de Derecho, un año y medio de máster y un examen obligatorio, son los tres requisitos indispensables para obtener el título oficial de Abogado y poder ejercer la profesión. Algo que se ha convertido en una odisea para los futuros letrados, hartos de esperas para poder trabajar.

Miles de aspirantes, en concreto 4.085, se presentaron a la última convocatoria del examen del Ministerio de Justicia de acceso a la Abogacía (obligatorio desde el año 2013) que tuvo lugar el pasado 27 de febrero y del que los candidatos no supieron las calificaciones hasta el pasado 13 de mayo.

Casi tres meses de larga espera en la que estos abogados no han podido empezar a trabajar. Pero ahora, incluso después de haber obtenido el "apto" en la prueba, aún no se les permite comenzar a ejercer.

Esto se debe a que, pese a conocer que han superado el examen, los colegios de abogados, a instancia expresa del Consejo General de la Abogacía, no les permiten colegiarse hasta que presenten el título oficial de Abogado, certificado que expide el Ministerio de Justicia y que el año pasado se demoró 85 días.

Algo que estos letrados tachan de "indignante e injusto" y culpan de la situación que están viviendo a "la falta de previsión" del Ministerio y a la "estricta interpretación de la ley" por parte del Consejo.

Así lo ha manifestado a Efe Manuel Domínguez, uno de estos abogados afectados, quien ha expresado que se sienten "totalmente desamparados" y sufriendo en sus "propias carnes" la "inoperancia y el peso de la Administración Pública".

No obstante, el Ministerio de Justicia expone que este año va a agilizarse el trámite y los títulos se expedirán el próximo 27 de mayo.

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, ha justificado la tardanza en la corrección de las pruebas en que "todo acto administrativo implica unos plazos que requieren unos tiempos".

Conde, en declaraciones a Efe, ha criticado a ciertas universidades que no han enviado a tiempo la calificación de sus alumnos en el máster, por lo que no han podido darles las notas al mismo tiempo que el resto.

"Para obtener el título de abogado se hace la suma de los porcentajes atribuidos a cada prueba, 30 % del máster y 70 % del examen de acceso. Si las universidades no nos remiten la nota del máster, no podemos dar el apto o no apto", ha alegado.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía se defiende de las quejas recibidas por la circular que mandaron a los colegios recordando el requisito indispensable de la presentación del título oficial.

El Consejo sostiene que se limita a cumplir la ley que regula el acceso a las profesiones de abogado y procurador.

Pero los abogados consideran que debería ser suficiente para colegiarse presentar una foto del pantallazo donde apareciera la calificación de apto en el examen.

Solución que no comparte el Consejo. "Yo no me pondría en manos de un médico que acredita que lo es por un pantallazo de Internet de la nota del examen del MIR. No es serio, hay que presentar un título", opina su portavoz, Andrés Garvi.

En cualquier caso, Domínguez y sus compañeros, lejos de quedarse cruzados de brazos esperando a que les llegue el título, se han puesto manos a la obra para intentar subsanar la situación e incluso han escrito una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que le instan a recibirles "con la mayor brevedad posible" para encontrar una solución.

Pese a todas las quejas, desde el Ministerio afirman que este año, pese al incremento en el número de aspirantes de la convocatoria que ha ascendido de 1.474 en 2015 a 4.085 en 2016, van a reducir cerca de dos meses el tiempo estimado del procedimiento y mantienen que se han reducido las cargas administrativas.